TURISMO

El Gobierno valenciano acelera para aprobar la tasa turística antes de que acabe el año

Una moratoria retrasará su activación hasta finales de 2023 y el texto, que deja en manos de los ayuntamientos su aplicación, contempla exenciones para los viajes del Imserso, los menores de 16 años o los congresos y eventos científicos

Turistas en Benidorm este fin de semana.

Turistas en Benidorm este fin de semana.

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Rubén Míguez

Habrá tasa turística en la Comunidad Valenciana y la previsión es que se apruebe antes de final de este año para que pueda ser aplicada antes de 2024, cuando pasen 12 meses de moratoria desde su aprobación. Los partidos que sustentan el gobierno del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, han registrado este lunes en las Cortes la proposición de ley para crear el impuesto que gravará las estancias turísticas, que podrán aplicar los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana de forma voluntaria.

La propuesta del Botànic, denominada "de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible", contempla medidas destinadas a la promoción, impulso y desarrollo del turismo sostenible, y la previsión es que se apruebe en las Cortes en noviembre de este año, con lo que entraría en vigor en noviembre de 2023.

Esta tasa turística, que oscila entre los 0'5 euros por día para estancias en cámpines, hoteles rurales y casas rurales de hasta tres estrellas y los 2 euros de hoteles a partir de 4 estrellas o superior, contempla exenciones para las personas menores de 16 años, las personas con discapacidad, los viajes del Imserso, los congresos o eventos científicos organizados por universidades públicas de la Comunidad Valenciana o los eventos deportivos oficiales.

Los ingresos que se obtengan por este tributo indirecto propio se destinarán en su totalidad a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible en la Comunidad Valenciana, según señala el documento registrado por el Consell.

La patronal hotelera Hosbec y la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), así como la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) se han opuesto a este gravamen que consideran que, aunque sea decisión de los ayuntamientos aplicarlo, restará competitividad al sector turístico, el que mueve gran parte de la economía en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante. 

El rechazo frente a esta medida es absoluto por parte del sector y hay detractores dentro del Consell, como el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer. Con todo, la coalición de izquierdas ha seguido adelante con esta propuesta.

Reacciones

La diputada socialista Trini Castelló ha destacado que se trata de un instrumento "flexible, que asegura la cogobernanza entre las administraciones y el sector", y que la nueva figura impositiva será "voluntaria y municipal", de forma que serán los ayuntamientos quienes decidirán si la implantan o no. La propuesta registrada "atiende al contexto complejo y cambiante que ha dejado la pandemia y, ahora, la guerra en Ucrania", ha señalado Castelló, quien ha asegurado que la "prioridad absoluta es la recuperación", y por eso han introducido una moratoria de un año en su aplicación desde que se apruebe en las Cortes.

Según ha señalado, las tarifas que se establecen son justas, progresivas y se regulan en función del tipo de establecimiento, ya que el objetivo "siempre ha sido impulsar el destino Comunitat Valenciana", y por ello se le dota de un instrumento que "aumenta la competitividad" de los municipios.

Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha indicado que esta es una propuesta "en positivo", fruto del diálogo entre los partidos del Botànic, elaborada tras escuchar el sector y que busca mejorar el turismo valenciano y que la gente que viene aporte, igual que cuando los valencianos viajan fuera. "Son políticas valientes, que es para lo que hemos venido a gobernar", ha reivindicado Robles, quien ha adelantado que València será uno de los municipios en los que se aplicará, dado que la "presión turística" es "espectacular" y va "cada vez a más", y ha calificado de "muy rápido" el plazo establecido.

Desde Unides Podem, el diputado Ferran Martínez ha manifestado que esta propuesta es "un paso adelante" y una "buena noticia" para la Comunidad Valenciana, que se acerca así a otras ciudades europeas que ya lo aplican y que permitirá a los ayuntamientos que decidan crearlo contar con recursos para mejorar sus infraestructuras y servicios.

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Desde la oposición el rechazo es frontal. El PPCV, incluso, ha lanzado la iniciativa "Stop a la tasa turística" para mostrar su rechazo a la implantación de un nuevo impuesto que "merma nuestra competitividad y castiga a un sector que está sufriendo mucho por esta crisis", señala el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón. El también presidente de la Diputación de Alicante ha afirmado que abrir la puerta a la tasa turística es "una locura" y supone "no entender nada del sistema productivo en la Comunitat Valenciana", por lo que ha recalcado que la campaña que ha iniciado el PP para mostrar su rechazo es "absolutamente necesaria". Para Mazón, la posibilidad de que se implante esta medida es mandar "el peor mensaje a los mercados y a nuestros posibles clientes y es no entender nada de nuestro sistema productivo en la Comunitat Valenciana".

La síndica del PP en las Cortes, María José Catalá, asegura que su partido la derogará si accede al gobierno de la Generalitat el próximo año. Además, ha asegurado que el PPCV no la va apoyar ni la va a poner en marcha en ningún ayuntamiento donde gobierne, y ha hecho hincapié en que "hay que ser muy claros, hay que decir no a la tasa turística". Catalá ha exigido a Ximo Puig que "de una vez por todas" diga si va a implantar la tasa turística y que "se deje de trilerismo político y de jugar con el sector", que "necesita y pide claridad" al Gobierno valenciano. Y considera que ahora, que comienza una de las campañas más importantes, como la de Semana Santa, "no es el momento de lanzar mensajes negativos", sino de apoyar al turismo.

Puig reconoce que afectará a los turoperadores

El jefe del Consell cree que el gravamen se aplicará en los municipios más urbanos donde el impacto es "muy menor"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoce que la tasa turística, afectaría «de forma negativa» a las actividades relacionadas con los turoperadores, un sector en el que es más complicado repercutir los precios. En este sentido, vaticina que en los destinos con los que más trabajan los turoperadores, como puede ser Benidorm y otras localidades turísticas de la Costa Blanca, los ayuntamientos no implantarán este impuesto. Así, el jefe del Consell, que señala que la tasa turística "no es una excentricidad", afirma que será en otros destinos más urbanos, como València, donde cree que se aplicará porque supone un impuesto "muy menor" y prácticamente sin consecuencias para el viajero, "como vemos cuando vamos por Europa".

Puig ha confirmado que la tasa turística no se va a aplicar de manera inmediata en la Comunidad Valenciana porque no es el momento oportuno, por la pandemia y ahora la crisis de precios y energética por la guerra en Ucrania, pero ha defendido que es un impuesto "menor" para el viajero. La propuesta del Botànic, denominada "de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible", contempla medidas destinadas a la promoción, impulso y desarrollo del turismo sostenible. Puig garantiza que "en este momento" no hay ninguna oportunidad de poner la tasa turística en marcha y no se va a poner este año, tratando de tranquilizar a un sector que se muestra muy inquieto por su aplicación.

Otra cosa, aclaró, eso sí, es que es una tasa cuya puesta en marcha se debe discutir porque tiene «una perspectiva general favorable la imposición medioambiental», como se aplica en muchas partes de Europa, añadió, y recordó que no es una cuestión que se plantee sólo ahora en la Comunidad Valenciana. Además, recalca que el planteamiento que defiende es compartir la responsabilidad de su aplicación con los consistorios y que, por tanto, si un ayuntamiento no quiere "nunca se implantará". Además, asegura que el Botànic ha tenido una gran capacidad negociadora y con consenso

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