ENERGÍA

El Gobierno se enfrenta a un agujero de 500 M en el recibo de luz tras salvar a las eléctricas de los recortes

  • El sistema eléctrico se encamina de nuevo a un déficit en 2021 por el desajuste de ingresos y costes tras las rebajas de impuestos y de la parte fija de la factura aprobadas por el Ejecutivo.

  • Transición Ecológica contaba con financiar las rebajas con la millonaria devolución de ingresos que iba a aplicar a las eléctricas, pero las compañías se librarán de los ajustes.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / EFE

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El Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque para amortiguar el impacto en el recibo de luz de las subidas en los mercados de electricidad y de gas. Una batería de medidas, aprobadas en dos tandas -en junio y septiembre-, que comprende fuertes rebajas de los impuestos aplicados en la factura eléctrica y de la parte fija de las tarifas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el de Hacienda han actuado de manera coordinada para aplicar de manera temporal una rebaja del IVA de la factura eléctrica del 21% al 10% aplicada desde junio, suspender el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica hasta final de año y reducir mínimo permitido por Bruselas el impuesto especial sobre la electricidad, del 5,1% al 0,5%. Además, el Gobierno ha aplicado una drástica reducción del 96% de los cargos regulados incluidos en la factura (que sirven para financiar las primas a las renovables, los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares y el pago de la deuda del sistema eléctrico) hasta el 31 de diciembre.

El recibo de la luz ha seguido subiendo, pero sin las medidas el encarecimiento de la factura que pagan las familias y las empresas habría sido desorbitada. Para amortiguar esa subida, el Gobierno ha reducido de manera notable los ingresos del sistema eléctrico (sólo la rebaja de impuestos suponía una pérdida de unos 2.000 millones de euros). Y para cuadrar las cuentas del sistema y cubrir el roto milmillonario que provocaban estas medidas, el Gobierno adoptó parches para inyectar dinero de manera extraordinaria.

Por un lado, incrementó en 900 millones de euros (hasta un total de 2.000 millones) el importe procedente de las subastas de derechos de emisión de CO2 que puede destinar a financiar costes del sistema eléctrico. Por otro, el Gobierno diseñó un sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan).

Sin embargo, el Gobierno acabó matizando esos recortes a las eléctricas y aprobó una nueva norma para permitir que las compañías que demostrasen que estaban vendiendo su electricidad con contratos a plazo y con precios estables, no tendrían que devolver nada. Las grandes eléctricas tienen que demostrar a Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico- que sus contratos no aplican los precios disparados del mercado. Y las compañías dan por hecho que se salvarán casi por completo de los recortes con los que el Gobierno querían financiar sus medidas para contener la luz.

Con las eléctricas librándose de los recortes, el Gobierno afronta un desajuste millonario en las cuentas del sistema eléctrico este año. Un agujero que en el conjunto del ejercicio acabará rondando los 500 millones de euros, según los cálculos que manejan las compañías del sector eléctrico y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Una vuelta al déficit del sector porque el sistema eléctrico no podrá cubrir todos los costes que soporta con los ingresos que finalmente recibirá tras las rebajas de impuestos y de cargos aplicados, salvo que el Ejecutivo adopte otras medidas compensatorias antes de fin de año.

La estimación que manejaba el Gobierno cuando aprobó los recortes era que las eléctricas tendrían que devolver unos 2.600 millones de euros en seis meses (tres meses de 2021 y otros tres de 2022), concentrándose especialmente en ls cuentas de Endesa e Iberdrola, y en menor medida en Naturgy. Las compañías subrayan que esos cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica pronto se quedaron cortos y la permanente subida del precio de la electricidad dispararía los recortes hasta los 5.500 millones que se inyectarían en el sistema.

Con ello, el sistema eléctrico habría registrado un abultado superávit en el conjunto del ejercicio, según fuentes del sector. Las grandes eléctricas dan por hecho que demostrarán que la inmensa mayoría de su producción está vendida a precios fijos y muy inferiores a los del mercado mayorista, así que el importe de esa devolución de ingresos será muy menor. Red Eléctrica remitirá la próxima semana la primera minoración de ingresos y en el sector se anticipa que será muy reducida. Endesa da por hecho abiertamente que el impacto será cero y quedará confirmada la venta íntegra de su producción con contratos a plazo y precio estable.

Desde el sector eléctrico se considera que ese déficit es asumible y que podrá cubrirse con relativa facilidad mediante inyecciones extra. "El déficit es perfectamente absorbible por el sistema eléctrico. No es tan terrible. No tiene nada que ver con volver a los enormes déficits de tarifa del pasado", apuntan desde una de las grandes eléctricas, que no descartan que el Gobierno adopte otras medidas antes de fin de año para reducir costes o mejorar los ingresos del sistema.

Los desfases negativos de los años 2019 y 2020 se cubrieron con los superávits acumulados en años previos. Pero esa suerte de hucha de la luz se ha agotado para tapar los agujeros de los dos últimos años y para resarcir a las eléctricas después de que el Tribunal Supremo tumbara el antiguo sistema de financiación del bono social eléctrico (los descuentos en la tarifa que se aplican a los hogares vulnerables). Del superávit de 1.687,5 millones acumulados entre 2014 y 2018, ya se han gastado 1.683, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

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