El Gobierno andaluz ignora el duro aviso de Bruselas y no frenará el plan de regadío de Doñana

La Comisión Europea ha enviado una carta a la Embajada Permanente de España ante la Unión Europea para mostrar su indignación por el nuevo plan de regadíos para Doñana registrado por PP y Vox en el Parlamento andaluz. La misiva anuncia sanciones y deja claro que si esa proposición de ley sigue adelante acudirá de nuevo a los tribunales. El malestar es palpable entre líneas y deja en entredicho la supuesta negociación que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno dijo haber tenido con representantes europeos antes de su presentación. La Junta de Andalucía ha advertido de que no retirará la iniciativa parlamentaria ni frenará su tramitación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha enviado una nota al presidente andaluz para hacerle llegar la carta enviada por la Comisión "advirtiendo duramente contra la nueva iniciativa que, de manera incomprensible, está auspiciando" el Ejecutivo autonómico, indica. Ribera emplaza a "encontrar un espacio de entendimiento lo antes posible" y avisa de que Doñana "es un asunto de máximo interés medioambiental".

Bruselas pulsa el botón rojo

“De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de los dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia. Ante esta situación, la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que se solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”, recoge un párrafo de esa carta.

La misiva, firmada por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que han tenido conocimiento de la proposición de ley que se registró en el Parlamento andaluz el pasado 3 de marzo y que será tramitada por procedimiento de urgencia. Recuerda que en una carta anterior, en enero de 2022, ya las autoridades europeas transmitieron su “inquietud y estupefacción” por el riesgo que esa iniciativa presentaba para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en junio de 2021, que reprendió gravemente a España por no vigilar que se esquilmara agua del acuífero de Doñana, permitiendo extracciones ilegales y su sobrexplotación.

Ese plan que amplía la superficie de regadío en el entorno del Parque Natural va en el sentido contrario a lo exigido por la UE en esa sentencia, advierten desde Bruselas, a pesar de que el Gobierno español aseguró que se tomarían las medidas necesarias para remediar esta situación.

El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, echó balones fuera y se mostró convencido de que Bruselas no ha leído la proposición registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz. El responsable andaluz echó la culpa al Ejecutivo de la nación, interlocutor con Bruselas, a quien acusó de no estar trasladando bien el contenido de un plan que no van a retirar. Él mismo se ofreció a ir a Bruselas a presentar la medida y así evitar una "interlocución" del Ministerio que consideró está siendo dañina porque la ministra "ni se ha leído" la propuesta. "El acuífero no se toca", aseguró sobre el plan para declarar de regadío unas 750 hectáreas en la corona norte de Doñana.

Sin embargo, antes de que se registrara la proposición por PP y Vox en el Parlamento, el Gobierno andaluz explicó que habían acudido a la Comisión Europea el pasado 8 de febrero para explicar las medidas de forma directa. El consejero recordó además que la carta se remite al Gobierno español, la UE solo habla con los gobiernos de los estados miembro, y que la clausura de pozos ilegales es competencia estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Sellado de pozos ilegales

Bruselas está revisando si España está cumpliendo las medidas adecuadas para cumplir la sentencia del Tribunal europeo, especialmente aquellas más urgentes, las destinadas a acelerar las medidas de control e inspección para el sellado de los pozos ilegales. Recuerda la carta que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se pueden destinar para medir y controlar el agua que sale de Doñana.

El cambio climático agudiza la sequía y hace las precipitaciones cada vez más irregulares, un contexto en el que la Comisión Europea considera que es especialmente necesario cumplir el control de extracciones ilegales en Doñana. “La aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana”, advierte la misiva, que añade que “la sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío”.

Un mes de plazo

Bruselas pide a las autoridades españolas explicaciones y aclaraciones con urgencia en un mes de plazo, sobre todo exigen que se aclare como la proposición de ley va a prevenir los efectos perjudiciales que sufre Doñana por la falta de agua.

La proposición de PP y Vox contó con el rechazo del Gobierno de España. El Ministerio de Transición Ecológica reclamó que no se registrara esa iniciativa y anunció que la llevará al Tribunal Constitucional.

El texto registrado “para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)”, se tramita por la vía de urgencia, lo que permite acortar justo a la mitad todos los plazos que deben darse en el Parlamento. El texto registrado en esta ocasión por el PP, que ha sido igualmente censurado con grave tono por Bruselas, es más cauteloso que el que llegó en diciembre de 2021 y cuya toma en consideración se votó en febrero de 2022. Ahora no se fija un número de hectáreas susceptibles de ser autorizadas como de regadío. En el anterior sí se hablaba de 1.600 hectáreas. Como novedades, la proposición de ley señala que se habilitará una Oficina Técnica que deberá ver caso a caso cuáles son los terrenos que dejarán de ser forestales para volver a ser agrícolas.

El texto admite que en ningún momento habla de los derecho del agua, puesto que es un mero plan de ordenación territorial, poniendo la pelota en la administración competente, es decir en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno central y es la que debe dar los permisos y autorizaciones de riego. El PP admite que en estos momentos “no hay agua” e incluye también una relación de obras prioritarias que serán ejecutadas con carácter urgente por la Junta de Andalucía. El propio texto alude a la sentencia europea que condenó la sobrexplotación del acuífero de Doñana para garantizar su cumplimiento y blindarse ante posible sanciones desde Bruselas. Queda claro que ninguna de esas supuestas cautelas convence a la Comisión Europea, que ha dejado claro por carta su malestar y su oposición a esa medida.