La Seguridad Social incrementará su fiscalización a las mutuas laborales

El Gobierno incrementará su fiscalización a la acción de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Entidades privadas que reciben fondos públicos y que gestionan la atención en accidentes laborales o prestaciones como las de incapacidad temporal, entre otros. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado este lunes en la comisión del Pacto de Toledo que encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un informe de evaluación sobre la gestión de estas entidades.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está abordando con patronal y sindicatos una nueva reforma del sistema de pensiones y protección social. Y una de las patas de esa reforma es revisar el rol de las mutuas colaboradoras. Los agentes sociales ya pactaron de manera bilateral el incrementar la implicación de estas entidades en el tratamiento de trabajadores de baja por accidentes traumatológicos que no se hayan producido durante su jornada laboral, para adelantar así su recuperación.

Por ejemplo: un empleado se rompe un pie un domingo jugando al fútbol y por ello no pueda ir a trabajar. Como no es un accidente laboral debe esperar a ser atendido por la pública y, dadas las saturadas listas de espera, demorar su tratamiento. La filosofía de ese pacto entre patronal y sindicatos era que la mutua pudiera entrar en el tratamiento y ofrecer hacerle una radiografía en sus instalaciones, para así agilizar su recuperación y que el empleado pudiera reincorporarse antes al trabajo.

Ahora Seguridad Social busca integrar esa filosofía en el día a día de la Seguridad Social y trazar un equilibrio entre aprovechar esos recursos privados (si bien con financiación pública), pero no conceder excesivas competencias a dichas mutuas para influir o directamente conceder altas y bajas médicas. Los sindicatos recelan de ello, en tanto que temen que estas entidades busquen acelerar la recuperación a costa de altas imprudentes.

En paralelo a esas modificaciones, la ministra ha prometido "acometer una reforma integral del sector, desde su estructura, pasando por su régimen económico-financiero y de impulso a la colaboración con entidades públicas y privadas a partir de un informe de evaluación que desde el Ministerio queremos encomendar a la Airef".

Mejora para la jubilación de los fijos discontinuos

La Seguridad Social ha mantenido este lunes una reunión con patronal y sindicatos en la que han consensuado mejorar el acceso de los fijos discontinuos a la jubilación. Estos podrán aplicarse el recién derogado coeficiente de parcialidad, lo que les permitirá acreditar antes (y mejor) los años suficientes para retirarse. Una medida que actualmente podría beneficiar a corto plazo a unas 50.000 personas, atendiendo a los datos de afiliación, según los cuales hay esa proporción de trabajadores con más de 60 años y dados de alta con un contrato fijo discontinuo.

Otra esfera de la reforma que están abordando Gobierno y agentes sociales pasa por dar más incentivos para que los trabajadores alarguen su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, a la vez que reordena las condiciones para retirarse antes. La ministra Elma Saiz aspira a incrementar el número de trabajadores en activo alargando el número de años que una persona permanece en el mercado laboral, ya sea porque sale del mismo de manera más progresiva, ya sea porque sigue más años compatibilizando parte de su pensión y el salario.

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La ministra de la Seguridad Social busca profundizar en la reforma de las pensiones efectuada durante la pasada por el entonces titular, José Luis Escrivá. Asimismo, el Gobierno busca generar un nuevo reglamento para regular que determinados colectivos puedan jubilarse antes de tiempo sin merma de su pensión. Ahora negocia con los agentes sociales cuáles deben ser los criterios para discernir si una profesión es lo suficientemente penosa o peligrosa para acogerse a este avance.

De momento las posiciones en el seno del diálogo social están alejadas y desde CCOO y UGT consideran que la propuesta del Ministerio en cuanto a jubilación parcial anticipada "recorta derechos", según han manifestado este lunes tras una reunión mantenida con el Gobierno. La próxima está prevista para el próximo 22 de abril.