Compra pública de Telefónica: ¿Por qué el Gobierno toma esta decisión?

El Gobierno ha iniciado ya su desembarco en el accionariado de Telefónica, con una primera compra del 3% de sus acciones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para llegar paulatinamente a alcanzar el 10% de la misma y convertirse en su mayor accionista. Pero, ¿por qué ahora? Para contrarrestar a los saudís.

Hace unos meses Saudí Telecom (STC Group) anunció la compra del 9,9% del capital de Telefónica para convertirse en su primer accionista. Lo hacía por 2.100 millones de euros. Con ella, la empresa saudí obtuvo los derechos de voto correspondientes al 5%. Y la reacción del Gobierno no se hizo esperar: en diciembre del año pasado aprobó la compra estatal.

El objetivo es "mantener la españolidad", blindar a una compañía que considera estratégica por su vinculación con la seguridad nacional y la defensa. El Estado vuelve a entrar en el accionariado de la empresa de telecomunicaciones un cuarto de siglo después de que se privatizara por completo.

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La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que el objetivo de la operación es dar "mayor estabilidad accionarial" a Telefónica y "salvaguardar" la autonomía de la misma. "Es una fórmula que también se está llevando a cabo en otros países del entorno", argumentó Alegría.

El paquete accionarial del 3,044% que actualmente ostenta el Estado español en Telefónica tiene un precio de mercado actual de unos 700 millones de euros, con la cotización de la operadora superando ya los 4 euros por acción. Al precio de mercado actual, completar la compra del otro 7% de la operadora tendría un coste de unos 1.600 millones de euros adicionales.