La construcción estrena plan de pensiones

A partir del próximo 1 de febrero, todos los trabajadores del sector de la construcción de España contarán con un plan de pensiones, al que sus empresas deberán realizar aportaciones anuales de forma obligatoria. Una medida con la que se busca hacer más atractivo este sector, que cada vez tiene más dificultades para encontrar mano de obra y que, en el caso de Alicante, supondrá una mejora de las condiciones para los más de 38.000 asalariados con los que cuenta esta actividad en la provincia.

De esta forma, la construcción se convierte en la primera actividad en estrenar los denominados Planes de Empleo Simplificados, una figura que impulsó el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para favorecer los planes de pensiones colectivos frente a los individuales, como ya ocurre en otros países europeos.

El objetivo final es que esta forma de ahorro para la jubilación se extienda y suponga un complemento efectivo a las prestaciones públicas de cara al futuro, algo que no se estaba logrando con la anterior legislación, más favorable a los planes individuales. Así, en el caso de Alicante, apenas un 13,6% de la población tenía contratado este tipo de producto.

Al incluirse en el convenio colectivo del sector, a partir de ahora todas las empresas y autónomos de la construcción que tengan empleados a su cargo estarán obligados a realizar aportaciones por sus trabajadores. «Es una forma de dar más estabilidad a los profesionales y ofrecer un atractivo más», apunta la secretaria general de la Federación de la Construcción e Industrias Afines de Alicante (Fecia), Mercedes Girón, que también ha formado parte de la comisión que se ha encargado de negociar a nivel nacional esta medida.

Aunque no será hasta el 1 de febrero cuando se ponga definitivamente en marcha –tras un largo proceso técnico y de selección de la entidad que se encargará de gestionar el fondo, que será VidaCaixa-, los trabajadores tendrá derecho a recibir aportaciones por todos los años de vigencia del actual convenio, que abarca desde el año 2021 hasta el presente 2024.

Para los tres primeros años, los empresarios aportarán el equivalente al 1% del salario bruto del trabajador por cada uno de los ejercicios, mientras que en 2024 será del 0,25%. Para dar una idea, de acuerdo con las tablas salariales que se aplican en la provincia, esto supondrá que cada profesional de la construcción en Alicante recibirá entre 114 y 332 euros anuales de remuneración extra en forma de plan de pensiones por cada uno de los tres primeros ejercicios.

Según explica Girón, los empresarios tienen ahora de plazo hasta el mes de mayo para abonar las anualidades de 2022 y 2023, mientras que la de 2021 se transferirá de forma mensual, junto a la correspondiente a este ejercicio. Sin duda será un coste añadido para las empresas, aunque la mayoría está dispuesto a pagarlo gustoso, si de esta forma logran retener a los empleados.

Mejores condiciones

Como señala el responsable de la Federación de Hábitat de CC OO de Alacant Nord, Jorge García, el nuevo plan de pensiones supone una nueva mejora de las condiciones de los trabajadores del sector, que también se han visto notablemente beneficiados por la reforma laboral. Así, el cambio normativo ha supuesto la práctica desaparición de los denominados contratos de obra y servicio, que suponían que los profesionales se iban al paro cada vez que finalizaba una obra, y se han sustituido en su mayor parte por los nuevos fijos discontinuos específicos para esta actividad, que ofrecen más protección social a los empleados.

Por su parte, desde el Observatorio Inverco –la entidad que agrupa a las grandes gestoras- confían en que la construcción sirva de ejemplo y haya más sectores que se animen a constituir nuevos planes de pensiones sectoriales. Unos planes que, en otros países, como el Reino Unido, ya suponen alrededor del 90% de todos los planes de pensiones privados, como recuerda el director de estudios de este organismo, José Luis Manrique.

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Aunque el convenio haya fijado esos porcentajes, Manrique apunta que las empresas pueden aumentar el montante de las aportaciones, algo que les puede resultar bastante rentable por su tratamiento fiscal. Así, el dinero que destinen a las pensiones de los empleados está bonificado en las cuotas de la Seguridad Social hasta 1.500 euros. Además se reduce de la base imponible del Impuesto de Sociedades y también de la propia cuota de este tributo, cuando se destine a personas con sueldos de hasta 27.000 euros.

En total, las compañías pueden realizar una aportación máxima de 8.500 euros por trabajador, mientras que estos también pueden complementar esa cantidad con otros 1.500 euros.