Iberdrola y Endesa presionan para bajar otros impuestos y compensar el golpe millonario a las nucleares

Las grandes eléctricas se movilizan para contener el golpe millonario que prepara el Gobierno a sus centrales nucleares. El Ejecutivo ha activado el proceso legal para aprobar una fuerte subida del 40% de la tasa que pagan los reactores para financiar los costes milmillonarios de desmantelar las plantas y gestionar sus residuos radiactivos. Y las propietarias de las centrales, controladas por Iberdrola y Endesa -y con participaciones minoritarias en algunas plantas de Naturgy y EDP-, buscarán del Gobierno contrapartidas para paliar el impacto en la rentabilidad

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha abierto el proceso de consulta pública para aprobar una subida de la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 39,6% por encima de los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente. Una subida que el Ejecutivo ve imprescindible para cubrir el sobrecoste del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, que confirma el cierre escalonado de las plantas entre 2027 y 2035 y que contempla la construcción de siete cementerios nucleares, uno en cada central, para guardar los residuos durante los próximos cincuenta años.

Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con más de 7.400 millones acumulados. La subida propuesta ahora por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares hasta cerca de los 630 millones de euros, 180 millones más que los abonos actuales.

Un fortísimo incremento que amenaza con provocar un choque directo entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas, que llevan años quejándose ya de que la fiscalidad excesiva que soportan las centrales nucleares pone en peligro su viabilidad económica. Las compañías denuncian que las cargas fiscales y de prestaciones patrimoniales que asumen las centrales tienen ahora un coste de unos 25 euros por MWh de electricidad producido, que con la subida de la tasa que ahora se propone escalaría hasta los 28 euros por MWh. Un coste regulatorio que se come más del 40% de los ingresos de las plantas, que están vendiendo su electricidad a un precio de en torno a 65 euros por MWh.

Dos semanas clave

Transición Ecológica ha abierto un proceso de audiencia pública de dos semanas. Los actores afectados por el futuro real decreto de subida de la ‘tasa Enresa’ pueden presentar alegaciones hasta el próximo 2 de febrero. Las cuatro grandes eléctricas constituirán esta misma semana una comisión para encontrar una posición mínima común para articular unas alegaciones conjuntas a través de la patronal Foro Nuclear o del Comité de Energía Nuclear (CEN), una entidad en que se integran Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, y que es el interlocutor habitual con la Administración para los asuntos operativos y regulatorios que afectan exclusivamente a las centrales nucleares. Las compañías eléctricas propietarias de las plantas previsiblemente también presentarán alegaciones particulares por separado, singularmente Iberdrola y Endesa, que controlan aproximadamente un 40% de la producción eléctrica del sector nuclear cada una.

Las compañías eléctricas -que tienen diferentes aspiraciones concretas y distintas sensibilidades sobre cómo actuar frente a la subida de la tasa que viene- pretenden plantear opciones al Ejecutivo para conseguir minorar el impacto del alza dela ‘tasa Enresa’ y buscan activar otros cambios fiscales para compensar el golpe en sus cuentas, aparte de que se da por hecho que algunos de los grupos previsiblemente recurrirán en los tribunales el alza de la prestación patrimonial.

Entre las contrapartidas que las compañías barajan plantear figura una rebaja permanente o la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) para abaratar costes de la generación. Tradicionalmente el gravamen a la producción eléctrica ha sido del 7%, el Gobierno lo bajó a cero durante la crisis energética y ahora es del 3,5% hasta este marzo y subirá entonces hasta el 5,25% hasta junio.

Otra de las opciones que estudian proponer las compañías es que la recaudación del impuesto sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos pase a ser finalista y se utilice para alimentar también el fondo de financiación del Plan General de Residuos Radiactivos, lo que permitirá evitar una subida tan alta de la tasa que se abona a Enresa.

Propuestas de máximos

La subida de la tasa que prepara el Gobierno es consecuencia del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado hace unas semanas por el Consejo de Ministros y que se erige en la nueva hoja de ruta para las próximas décadas para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, para la gestión de los residuos que dejan y para fijar el coste milmillonario de todo ello y cómo financiarlo.

La versión definitiva del nuevo PGRR confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total (un calendario pactado por las eléctricas y Enresa en 2019); contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales; la futura construcción de un enorme almacén definitivo para el año 2073; y calcula una factura total con un sobrecoste de más de 3.700 millones de euros frente a versiones anteriores del programa.

Las compañías nucleares culpan de los sobrecostes al enorme retraso que acumuló el antiguo proyecto de construcción de un único almacén temporal en Villar de Cañas, en Cuenca, por falta de consenso político e institucional, y por eso se niegan a asumirlos. Durante la tramitación del PGRR, las cuatro grandes eléctricas propietarias de los reactores remitieron observaciones en que proponían que los importes adicionales se consideraran costes del sistema eléctrico y cargarlos a la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores.

Otra de las opciones de máximos que manejan las compañías nucleares para evitar la subida de la ‘tasa Enresa’ es mantener la operación del parque nuclear español y retrasar el cierre de las centrales para financiar el Plan de Residuos Radiactivos. Cuanto más tiempo funcionen las centrales nucleares más financiación estará disponible en el fondo que maneja Enresa. Desde el sector nuclear se calcula que una ampliación del plazo de funcionamiento de dos años de cada una de las centrales nucleares serviría para evitar es subida de las tasas, retrasando hasta 2037 el apagón nuclear total en el país, como adelantó este diario.

Las estimaciones que manejan las compañías nucleares tienen en cuenta los pagos previstos por la producción eléctrica de cada año de las centrales (cuanto más tiempo funcionen las plantas, más electricidad se producirá y más se aportará al fondo que gestiona Enresa); la cuantía de la que ya dispone el fondo de Enresa que han ido alimentando durante años las centrales, actualmente unos 7.400 millones de euros; y el descuento del 1,5% de las necesidades de financiación por la evolución de tipos de interés y de la inflación y por la rentabilidad obtenida por invertir ese fondo milmillonario.

El pacto de cierre con las nucleares

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. El protocolo firmado por Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y la sociedad pública Enresa se acordó aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías por la electricidad producida (hasta los 7,98 euros por MWh actuales) y la patronal Foro Nuclear denuncia que el nuevo aumento de la tasa que se prepara hace saltar por los aires ese acuerdo.

El Ministerio para la Transición Ecológica niega la mayor, contrapone que la subida máxima pactada sólo estaba condicionada por las previsiones económicas que se manejaba entonces en el primerísimo borrador del nuevo PGRR y que las nuevas estimaciones de costes existentes justifican aplicar nuevos incrementos de la tasa y que el Gobierno tiene plena potestad para ello.

Cuando las nucleares pactaron el cierre escalonado de las centrales y avalaron una subida de hasta el 20% de la tasa, hasta los casi 8 euros por MWh, los mercados de futuros de la electricidad auguraban que el precio medio de venta de la producción para los próximos años estaría en los 45 euros. Actualmente esos mercados de futuros se sitúan en torno a los 65 euros por MWh, 20 euros por encima de las cotas del momento del pacto. La subida de la tasa que propone ahora el Gobierno es de tres euros, hasta los 11,14 euros por MWh.

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Bajo el precepto de ‘quién contamina paga’, las inversiones milmillonarias del plan gubernamental deberán ser cubiertas con las tasas que abonan las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las propias plantas. La prestación patrimonial que pagan las centrales nucleares, en cualquier caso, no es una figura tributaria, sino que se trata de un coste operativo más de las propias plantas (el de asumir los gastos de gestionar los residuos nucleares que generan) y que se articula a través de Enresa.

En otros países las compañías energéticas asumen provisiones milmillonarias para encargarse directamente de la gestión de sus residuos tras el cierre de sus reactores, el modelo español implica que una sociedad estatal asume los trabajos de desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos y también el riesgo de acometer esos trabajos.