El Gobierno aplaza resucitar la ley que subirá la gasolina y el gas para bajar el recibo de luz

El Gobierno aprobó en 2021 un proyecto de ley para impulsar cambios de calado en los costes del sistema eléctrico con el objetivo de bajar el recibo de luz de manera permanente, pero que provocaría como contrapartida subidas en el precio de los combustibles y del gas natural. La crisis energética provocó un terremoto que llevó los precios de todas las energías a máximos históricos, y la tramitación parlamentaria de aquella norma se paralizó en 2022 para evitar nuevas subidas de carburante y gas, y aún sigue congelada.

El Ejecutivo no se olvida de esa ley y sigue defendiendo sus objetivos y cómo estaba diseñada, pero de momento no pretende resucitarla y seguirá aplazando la reactivación de su tramitación en las Cortes. "Aún existe incertidumbre sobre la evolución de los precios energéticos, así que no parece que sea todavía el momento de activarlo con inmediatez", ha apuntado este miércoles la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. “Pero es algo que en algún momento habrá que recuperar”, ha advertido.

La norma que se quedó guardada en un cajón contempla la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para que el recibo de luz deje de cargar con todo el coste de la retribución a las renovables reguladas y trasladarlo en parte también a petroleras y gasistas.

¿Quién paga las renovables reguladas?

Actualmente el coste de la retribución de las antiguas energías renovables reguladas, unos 4.500 millones este año, se carga íntegramente en el recibo de la luz. El objetivo del Gobierno con la creación de este ‘fondo verde’ era repartir ese coste también con petroleras y gasistas. Esto es, se rebajará la factura eléctrica sacando parte de esa carga millonaria, pero se acabará trasladando en parte también al precio de los combustibles y del recibo del gas.

Las varias intentonas de activar la aprobación de la ley en el Congreso coincidieron con la tensión de los mercados energéticos y con la puesta en marcha por parte del Gobierno de escudos sociales para evitar el impacto en hogares y empresas de las fuertes subidas de los combustibles y de la factura de gas. Así que el Ejecutivo entendió que trasladar nuevos costes a carburantes y gas resultaría contraproducente en un momento en que se adoptaban medidas extraordinarias y con costes millonarios para las cuentas públicas precisamente para bajar el precio de esos productos energéticos.

"Tuvimos la mala fortuna de que esta señal, que yo creo que es que es potente y que es interesante, coincidió en el inicio de su tramitación en el Parlamento con la invasión de Ucrania y con el crecimiento absolutamente demencial del precio del gas en los mercados internacionales", ha explicado Ribera, que ha indicado que entonces se marcó como prioridad “la protección de los consumidores”.

Según las estimaciones que manejaba entonces Gobierno, la puesta en marcha del FNSSE serviría para descargar al sistema eléctrico de unos costes de 663 millones de euros que se trasladarían a petroleras y gasistas, y éstas se lo repercutirían a sus clientes. En paralelo, también se aprobó y luego se paralizó la tramitación de un otro proyecto de ley para la minoración de los ingresos de las eléctricas por el CO2 no emitido por nucleares, hidroeléctricas y eólica que serviría para recortar los ingresos de las compañías e inyectar a las cuentas del sistema eléctrico de 483 millones de euros. En total, entre las dos nuevas normas se conseguirían unos 1.140 millones extra que dejarían de cargarse a la factura eléctrica.

Quejas de la gran industria

La creación del nuevo fondo de renovables puso en pie de guerra a la gran industria. Una decena de patronales de diferentes sectores industriales alertaron de que la puesta en marcha del FNSSE iba a suponer un golpe milmillonario para la industria y que la medida llegaba en “el peor momento”: en plena crisis energética y con los costes energéticos disparados.

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Las patronales Anfac y Sernauto (automoción), AOP (petroleras y refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales) y Unesid (siderurgia) se unieron para reclamar al Gobierno y a los partidos políticos de la oposición que paralizaran la tramitación de la norma para evitar que el reparto de los costes de las renovables en el gas y los combustibles acabara repercutiendo en las compañías industriales.

La gran industria aplaudía que el coste de las renovables se saque parcialmente de la factura eléctrica, pero reclamaba que no se hiciera comprometiendo la competitividad industrial. Por eso, las asociaciones empresariales propusieron que las retribuciones de las renovables reguladas, con el que se asume el coste de la retribución garantizada por ley de estas instalaciones verdes, se trasladara íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de manera progresiva.