Los funcionarios podrán perder salario o ser degradados si no superan la prueba de desempeño

La reforma de la función pública por la que los funcionarios serán sometidos a evaluaciones de desempeño entró en vigor este mismo jueves tras su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). A partir de hoy, la remuneración de los trabajadores públicos podrá subir o descender en base a los resultados de las pruebas de evaluación que deberán completar anualmente. El real-decreto ley, bautizado como Ley de Función Pública, fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros después de quedar estancado por el adelanto electoral.

Según se recoge en el BOE, la "evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual anualmente se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados de las empleadas y empleados públicos, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos". Solo hay un punto que se ha retirado por la presión de los sindicatos respecto al anteproyecto de ley: la posible pérdida del puesto de trabajo. Desde Función Pública aclaran que los empleados públicos podrán ser degradados, pero en ningún caso ser despedidos. Con esta reforma, el Gobierno busca una mejora de la productividad que redunde en una mejor prestación del servicio público.

Las consecuencias de esta evaluación se concretan en el texto. En él se especifica que el examen tendrá efecto en "las percepciones de retribuciones complementarias de carácter variable", en la continuidad en el puesto de trabajo, en el ascenso del trabajo y en la valoración de las necesidades formativas del empleado. Cada persona evaluada recibirá los resultados de la prueba y estarán protegidos en todo momento, incide el BOE, ya que los representantes sindicales estarán informados.

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Quienes consigan superar las evaluaciones, recibirán beneficios directos en distintas variables. Una de ellas, la principal, es la obtención de un complemento de desempeño que sustituirá al complemento de productividad. Por el contrario, los empleados públicos que no aprueben el examen anual recibirán formación para dotarles de herramientas que les permitan mejorar su desempeño de cara al año que viene.

A excepción de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los sindicatos UGT y CCOO han avalado la Ley de Función Pública recién aprobada. Desde CSIF exigen que los criterios aplicados en los exámenes anuales sean "claros, objetivos y supervisados" por los actores sindicales, quienes deberán estar presentes en todo momento en el proceso "para que no se produzcan arbitrariedades". A su entender, las pruebas de desempeño deberían verse como una oportunidad para el avance de la carrera profesional del trabajador y para la mejora de su remuneración, no como un castigo a los funcionarios que no estén preparados para afrontar las responsabilidades que se les ha encomendado.