OPINIÓN
Gasto público creciendo y telaraña burocrática empeorando
Eliminar redundancias, simplificar procedimientos administrativos y fomentar una cultura de innovación son pasos clave
Eliminar redundancias, simplificar procedimientos administrativos y fomentar una cultura de innovación son pasos clave. /
Ahora que se están preparando los Presupuestos Generales del Estado para 2024 conviene recordar que el gasto público sigue disparado y, sin embargo, no mejora su eficiencia. La deuda pública está alrededor del 112% del PIB y el Gobierno prevé cerrar 2023 con un déficit del 3,9%, lo que hará que siga subiendo la deuda. Y Bruselas ya ha amenazado a España con abrir un procedimiento por el excesivo déficit. Por ello, para 2024, Hacienda prevé rebajar el déficit en casi un punto: hasta el 3% del PIB.
La necesidad de aumentar el gasto público no nos ha de hacer olvidar el imperativo de ganar eficiencia en la gestión de estos recursos. La discusión sobre cómo se gasta el dinero es tan fundamental como la propia asignación presupuestaria. Urge promover un enfoque que garantice la prestación de servicios de calidad, maximizando la eficiencia. El análisis del funcionamiento de la Administración pública en España, según el ranking de competitividad 2023 de la escuela de negocios suiza IMD, revela cifras preocupantes. Ocupamos la posición 51 en eficiencia gubernamental y empeorando desde hace años. Esta posición es peor que la que le correspondería en función del PIB per cápita, que está alrededor de la posición 30. Rankings como los del Banco Mundial avisan desde hace muchos años de lo complicado que es en España hacer trámites como crear una empresa u obtener una licencia de obras. Este oscuro panorama se intensifica al considerar la explosión normativa. La producción de normas, reflejada en el Boletín Oficial del Estado y en boletines autonómicos, aumentó un 22% en 2022, superando los 1,32 millones de páginas. Este diagnóstico concluye que, mientras en otros países el sector público es un aliado para mejorar el bienestar y la competitividad, en España, lamentablemente, se ha convertido más en una debilidad, una barrera que lo pone muy difícil a la ciudadanía y las empresas.
Ante este escenario, es crucial no solo identificar los problemas, sino proponer soluciones concretas. Aprender de las mejores prácticas internacionales debería ser una prioridad ineludible. Examinar sistemas exitosos en otros países proporciona ideas valiosas para mejorar la eficiencia y la efectividad de la Administración pública.
La transformación profunda de la burocracia es inaplazable. Eliminar redundancias, simplificar procedimientos administrativos y fomentar una cultura de innovación son pasos clave. La modernización tecnológica debe ser una prioridad, aprovechando la inteligencia artificial, la automatización y las plataformas digitales para agilizar procesos. En el ámbito legislativo, se requiere un enfoque estratégico. La creación de leyes claras y concisas, enfocadas a la eficiencia y la calidad de servicio, es esencial. Además, se debe garantizar una aplicación rigurosa de las leyes existentes para evitar la acumulación de normativas duplicadas y solapadas que generan confusión.
Capacitar a los servidores públicos, fomentar una cultura de mejora continua e introducir incentivos para promover la buena actuación son pasos cruciales. La inversión en formación asegurará que el personal esté equipado para adaptarse a los cambios y abrazar nuevas formas de trabajo más eficientes. La denostada colaboración público-privada puede ser una herramienta valiosa. La externalización de ciertos servicios puede llevar a una gestión más eficiente y centrada en resultados de coste y calidad, liberando recursos públicos para áreas más críticas. Además, la transparencia en la toma de decisiones y el acceso a la información son fundamentales. Plataformas en línea que permitan a los ciudadanos seguir sus expedientes y proporcionar retroalimentación pueden mejorar la responsabilidad y la eficiencia.
Si bien puede ser necesario aumentar el gasto y fortalecer el sector público, la prioridad que no podemos seguir aplazando radica en gastar de manera más eficiente y desenredar la telaraña burocrática. Pero todo ello no será posible si políticos y gestores públicos no ponen la eficiencia como una prioridad de su gestión. Y, mientras, pasan los años y seguimos empeorando.