Las renovables meten presión a Ribera para lanzar ya subastas verdes tras un año en blanco

El Gobierno diseñó en los albores de la pasada legislatura un nuevo tipo de subastas para impulsar el despliegue de las renovables. El Ejecutivo se comprometió a lanzar ‘macropujas’ para garantizar la retribución de nuevas plantas verdes, fijando los volúmenes mínimos de cada año y con un calendario programado hasta 2025. La crisis energética con sus récords de precios, primero, y el parón político por el adelanto electoral, después, han hecho que ese calendario no se cumpla y que el año pasado no se celebrara ninguna subasta.

Las asociaciones empresariales del sector renovable meten presión ahora al Gobierno para que reactive la convocatoria de las subastas cuanto antes y reclaman que la próxima puja se celebre ya en el primer trimestre de 2024 y que a lo largo de próximo año se celebre una segunda subasta. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, encargado de organizar estos procesos, se elude confirmar la fecha para próximas pujas y se condicionan a tener una “mayor visibilidad” sobre la evolución de los precios de los mercados eléctricos y sobre los avances en el proceso de tramitación administrativa de cientos de plantas renovables.

Las renovables quieren subastas ya, pero también reclaman al Gobierno que introduzcan cambios en su diseño para hacerlas más atractivas y evitar que las próximas pujas queden desiertas como sucedió en la última convocatoria, celebrada en noviembre de 2022, en plena crisis energética. Entonces se convocó una subasta para 3.300 megavatios (MW) de nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, pero hubo una espantada generalizada de las empresas de energías verdes y sólo se adjudicaron 45,5 MW.

Todas las compañías menos las dos adjudicatarias (Elawan y Forestalia) presentaron ofertas por encima del precio máximo permitido. La cuantía de ese tope es secreta, pero los resultados de la puja apuntaban a que se situaba en el entorno de los 46 euros por megavatio hora (MWh). El resto de participantes presentaron precios incluso por encima de los 50 euros, quedando fuera de la puja. Las patronales de las eólicas y de las fotovoltaicas reclaman subir ese precio máximo en la próxima subasta para ajustarlo más a los precios reales del mercado eléctrico.

Las reclamaciones del sector

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) reclama que sea público el tope de precio antes de la celebración de la subasta y que se eleve para hacerlo más acorde a la realidad del mercado mayorista y ajustarlo también a las previsiones que anticipan los acuerdos de venta de energía a largo plazo (PPA) virtuales para los próximos diez años, que ahora anticipan precios de en torno a 58 euros por MWh. “Ahora hay un problema con el diseño de la subasta. Con estos términos es difícil obtener la financiación para los proyectos tal y como está el mercado de la energía”, apuntan desde AEE. “Hay que incentivar la participación con mejores condiciones”.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la principal patronal del sector solar, ha remitido formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de cambios para la celebración de las próximas subastas. Además de subir el precio máximo al que pueden presentar ofertas las compañías, la asociación pide ampliar el plazo de duración de los contratos de suministro de energía a precio fijo, desde los 12 años fijado ahora para eólicas y fotovoltaicas y elevarlo hasta los 15 o 20 años, según confirman fuentes de la organización a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

UNEF también ha reclamado incluir cláusulas antimonopolio en las bases de las pujas, para que una compañía sólo pueda adjudicarse un máximo del 30% de la potencia licitada en cada tramo de la subasta y evitar así algunos resultados de anteriores pujas en que una sola compañía monopolizaba la adjudicación y posteriormente algunos de los proyectos ganadores no se ejecutaban o se revendían; exigir que los proyectos verdes candidatos tengan ya la declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada y evitar que haya ofertas fantasma y especulativas que finalmente no se desarrollen; reservar un 20% de la potencia en juego a proyectos pequeños de menos de 10 MW de potencia; que parte de la potencia licitada se reserve a proyectos con almacenamiento. Asimismo, UNEF pide una actualización del calendario de subastas y de sus magnitudes para conocer los planes para los próximos cinco años.

El Gobierno se resiste

El Gobierno diseñó en 2020 un nuevo tipo de subastas para impulsar el despliegue de renovables: las empresas ofrecen un precio fijo al que venderán la producción de energías verdes al sistema eléctrico durante doce años como forma de garantizar un coste estable para los consumidores y una rentabilidad suficiente para las compañías. En las tres subastas de renovables celebradas el precio medio de adjudicación se situó en el entorno de los 30 euros por MWh.

Tras el chasco de la última subasta, el Gobierno achacó los pobres resultados la “coyuntura, con elevados precios de mercado eléctrico, elevada inflación, tipos de interés al alza y tensiones en las materias primas y en los equipos”. Según el Ejecutivo, la volatilidad del mercado en plena crisis energética y la incertidumbre sobre la evolución futura de los precios fueron las que dieron al traste con la última subasta, no el sistema de adjudicación. Y es por eso que el Gobierno, en principio, descarta introducir cambios en el diseño de las próximas subastas de renovables y lo mantendrá sin cambios para futuras citas, como adelantó este diario.

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De hecho, desde el Ministerio de la Transición Ecológica se sigue defendiendo el buen funcionamiento del sistema vigente y se subraya que mantener la fórmula de un precio máximo a un nivel razonable es la que ha evitado que, en un escenario de volatilidad extrema, se hayan adjudicado nueva potencia razonable a un nivel disparado y que implicaría que los consumidores españoles tendrían que estar pagando ese precio alto durante doce años por la coyuntura del sector energético de cada momento.

El Gobierno ya ha celebrado cuatro pujas en los últimos ejercicios (una en 2020, dos en 2021 y una en 2022). Descontando la subasta que quedó casi desierta hace algo más de un año, con las pujas anteriores se habían colocado 6.380 MW para nuevas plantas verdes (3.302 MW eólicos, 2.933 MW fotovoltaicos y 146 MW de biomasa) que volcarán su producción al sistema eléctrico con un precio estable y más barato que los niveles del mercado mayorista.