Canarios, extremeños y gallegos serían los amenazados por un ‘cupo’ catalán

El cumplimiento del pacto alcanzado entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez supondría para los ciudadanos de las autonomías que hasta ahora más se benefician de la solidaridad interregional pagar hasta 200 euros más en impuestos cada año para mantener su nivel de gasto. ¿La razón? Uno de los puntos del acuerdo entre ambas formaciones abre la puerta a que Cataluña pueda llegar a gestionar el 100% de los impuestos de su territorio, con la consiguiente amenaza de dejar de aportar a la caja común, algo vital para que se puedan seguir financiando los servicios públicos de los territorios con menos recursos.

Concretamente, el sistema de financiación autonómica redistribuye los ingresos fiscales del Estado entre las autonomías de régimen común (se excluye a País Vasco y Navarra, pues ambas tienen una caja y una relación distinta con el Estado), proveyendo a aquellos territorios con menor capacidad fiscal de una financiación adicional. Esta financiación extra depende de factores como la población, la convergencia económica en renta y otros indicadores económicos, la dispersión de habitantes y el envejecimiento. El Estado lo hace con diferentes fondos (de garantía, de suficiencia, de convergencia…) cuyas cuantías se nutren, por un lado, con financiación de los Presupuestos Generales del Estado y, por otro lado, con recursos provenientes de aquellas autonomías con más recursos.

Amenaza sobre la mesa

En este sentido, según los últimos cálculos publicados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública correspondientes a la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2021, las tres regiones cuyos recursos en términos porcentuales se verían más aumentados por esta redistribución son Canarias, Extremadura y Galicia, teniendo incrementos del 110,1%, 76,1% y 39,4%, respectivamente. En términos nominales, en cambio, las mayores transferencias reales de recursos se localizan en Andalucía (4.934 millones de euros), Canarias (3.683 millones) y Galicia (2.468 millones). El ajuste por los factores antes señalados origina esta diferencia entre cifras absolutas y relativas.

Estos mismos cálculos publicados el pasado mes de agosto señalaban que la capacidad redistributiva total del sistema de financiación autonómica es de 19.499 millones de euros, de los cuales 10.684 millones son puestos por el Estado vía Presupuestos Generales, mientras que los 8.815 millones restantes corresponden a la contribución neta que hacen tres regiones: Comunidad de Madrid (6.313 millones), Cataluña (2.168 millones) y Baleares (334 millones). En términos porcentuales, el 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, el 9% en Cataluña y el 24% en la Comunidad de Madrid. El resto de las autonomías son receptoras netas de este mecanismo a fecha de 2021. En 10 autonomías exceden el 20% de los ingresos tributarios homogéneos y son particularmente importantes en Canarias, donde suponen más de la mitad de los ingresos totales, y en Extremadura, donde superan el 40%.

Cifras absolutas

Si se produjera la retirada de la aportación neta de los 2.168 millones que hace Cataluña al conjunto, las tres regiones porcentualmente más receptoras sufrirían una pérdida de 175,56 millones de euros en Extremadura, 274,4 millones de euros en Galicia y 409,5 millones en Canarias cada año. Esta última sería la más perjudicada por las peculiaridades del régimen económico fiscal (REF) que implican tarifas impositivas diferentes, tributos distintos y diferencias muy notables en su carácter de región ultraperiférica (RUP). Si se divide por la población de estos territorios, cada canario, extremeño y gallego podrían ver disminuida su financiación en 188, 165 y 101 euros, respectivamente.

Este resultado es incompatible con el actual sistema de financiación, cuyo diseño impide que haya desniveles graves entre ciudadanos con independencia del territorio donde residen. En este sentido, dada la rigidez a la baja del gasto público (todos los gobiernos autonómicos no solo no quieren dejar de gastar, sino que procuran gastar cada vez más), si no hay una aportación mayor de recursos por parte del Estado central, los mismos ejecutivos regionales que quieren mantener el gasto (y teniendo en cuenta la escasa capacidad de endeudarse por cuantías suficientemente elevadas en el mercado a largo plazo) no tendrían más remedio que subir los impuestos en una cuantía equivalente a la pérdida que sufrirán por el abandono de Cataluña.

Antes de que se produzca esta eventualidad es bastante probable que el Estado articule otras alternativas. Todo pasa por ver qué tipo de negociación se establece entre el Gobierno central y el autonómico catalán y cómo se traslada el acuerdo (no sin un conflicto muy notable con el resto de las regiones españolas) al sistema de financiación autonómica. El escenario más probable no es el de una contribución del 0% de Cataluña, sino más reducida que la actual, incluso pasando a ser beneficiario de alguno de los fondos de nivelación. Así, la consellera de Economía de la Generalitat catalana, Natàlia Más, juzga que es más "justa" una contribución de entre el 2% y el 4% del producto interior bruto (PIB) que la actual del 10%, tal como señaló en una entrevista concedida recientemente.

Reformar la financiación 

En cualquier caso, este problema vuelve a poner de relieve la necesidad de reformar el sistema de financiación de los servicios públicos cuyas competencias corresponden a las autonomías. Con el paso de las décadas (y casi siempre como fruto de la negociación con fuerzas políticas nacionalistas para asegurar la gobernabilidad de España) se ha construido un sistema asimétrico donde los gastos están descentralizados, pero los ingresos no. Se trata de un sistema complejo de entender, en el que solo fuentes autorizadas como la Fedea han conseguido a lo largo de los años hacer comprensibles sus aspectos clave. 

Para ello, a partir de los datos de Hacienda, Fedea publicó en agosto de este año la comparación entre los ingresos tributarios que las autonomías perciben por los tributos cedidos (IRPF, IVA, impuestos especiales…) sin tener en cuenta la capacidad que las autonomías tienen de modificar al alza o a la baja los tipos impositivos. Acto seguido, se calcula cuántos impuestos les corresponderían a las autonomías a igualdad de competencias y con una misma presión tributaria sobre los contribuyentes de cada región. De esta forma se aíslan algunos efectos considerados distorsionantes como la existencia de competencias que unas regiones tienen y otras no o aquellas regiones donde se pagan más impuestos que en otras. 

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Entre ambos indicadores existe una diferencia que es la aplicación de los fondos del sistema que transfieren dinero desde unas regiones a otras. Las regiones receptoras netas registran un flujo positivo (cuando una comunidad recibe finalmente más de lo que ingresa en primera instancia por tributos cedidos) o un flujo negativo si la comunidad es aportante neta a todo el sistema. Tanto en la composición como en el sentido de entrada y salida de los flujos se notaría un efecto muy importante la retirada de Cataluña, sea total o parcial.

El sistema de financiación regional aplicado hasta la fecha ha permitido realizar una labor importante con los flujos que van desde las regiones más "ricas" hasta las más "pobres". Sin embargo, si se excluye a una de las comunidades que hoy más aporta (Cataluña) el desequilibrio es tan notable que obliga a pagar más impuestos, sea en el presente o sea en el futuro (la deuda de hoy son los impuestos de mañana).