La Comisión Europea avala que España renuncie a aplicar peajes en las autovías

La Comisión Europea ha dado el visto bueno a España para que se olvide de su compromiso inicial de implantar un sistema de pago por uso en las autovías. Esta es una de las 52 modificaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que el Gobierno español ha solicitado a la Unión Europea a través de la adenda presentada ante la Comisión Europea el pasado mes de junio. Y la Comisión Europea ha comunicado este lunes que ha dado el visto bueno a la adenda española, en general, y, con ello, a la supresión del compromiso de un sistema de peajes en las autovías, en particular.

En el PRTR, el Gobierno se había comprometido a implantar un sistema de pago por uso en las autovías a partir de 2024. El compromiso decae con la aprobación de la reforma. No se retrasa, decae. Aunque en un primer momento, el Gobierno justificó la introducción de peajes como una medida para lograr fondos con los que financiar el mantenimiento de las autovías, lo cierto es que el compromiso se presentó a Bruselas dentro del marco de una reforma, -una nueva ley de movilidad- vinculada al objetivo de descarbonización de la eocnomía, bajo el principio de 'quien contamina, paga'. Este encuadre -que en el Plan de Recuperación no estaba vinculado a ningún objetivo económico, sino medioambiental- le ha permitido al Gobierno solicitar a Bruselas enterrar el plan de los peajes, a cambio de medidas alternativas con un resultado de descarbonización equivalente.

La CE ha valorado que las medidas alternativas propuestas por España --para reducir las emisiones de gases mediante el incentivo del transporte de mercancías por carretera-- son suficientes para cumplir los objetivos de movilidad verde que el Gobierno español se había propuesto lograr en el PRTR inicial.

Entre las alternativas propuestas por España, según ha explicado en los últimos días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha planteado la posibilidad de introducir coincentivos ferroviarios o bonificar los cánones del transporte de mercancías por ferrocarril para favorecer su transporte por tren.

La Comisión Europea ha hecho público este lunes su evaluación positiva del documento español, que ahora debe ser sometido a la consideración del Consejo Europeo, que dispone ahora de un plazo máximo de dos meses.

La aprobación de la adenda por parte de la Comisión Europea, abre la puerta al Gobierno español para acceder a otros 94.300 millones de fondos europeos Next Generation EU hasta 2026, que se sumarán a los alrededor de 70.000 millones de la primera fase. En total, serán 164.300 millones de fondos europeos, en transferencias y préstamos entre 2020 y 2026. 

En particular, la adenda es el documento que debe servir para atraer otros 7.700 millones de euros en transferencias adicionales (a fondo perdido), así como 84.000 millones de euros en préstamos con los que financiar, con un menor tipo de interés y a más largo plazo, inversiones del Plan de Recuperación en las que participan el sector privado o las administraciones públicas. El Gobierno ha previsto canalizar estos 84.000 millones en préstamos a través de 12 fondos destinados a sectores productivos y proyectos regionales. Además, la adenda también incluye los proyectos que serán financiados con 2.644 millones del nuevo mecanismo RepowerEU con el que la Unión Europea pretende avanzar en su autonomía energética.

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Además, la aprobación de la adenda este lunes deja la puerta abierta al Gobierno español para solicitar el cuarto pago de fondos europeos (por otros 10.000 millones de euros), después de que la Comisión Europea haya aceptado la modificación de algunos de los hitos y objetivos vinculados a este cuarto tramo que había solicitado el Ejecutivo, ahora en funciones, de Pedro Sánchez.

España es el único país que, hasta ahora, ya ha solicitado tres desembolsos a cuenta de los fondos Next Generation EU asignados. De hecho, España ya ha recibido transferencias a fondo perdido de la UE por un total de 37.000 millones (29.000 millones de anticipo y 28.000 millones por el conjunto de los tres tramos solicitados)