La UE gasta 4.175 millones en pescado de países con alto riesgo de trabajos forzosos

El Consejo Consultivo de Mercados (MAC, por sus siglas en inglés) es una de las organizaciones internacionales más destacadas del sector pesquero. Aglutina a toda la cadena de valor de los productos marinos –productores primarios, procesadores, comerciantes, proveedores, minoristas o sindicatos–, así como a sus grupos de interés –ONG de desarrollo o ambientales–, y entre otras labores presenta dictámenes a la Comisión Europea sobre cuestiones relacionadas con el mercado de la pesca y la acuicultura.

Uno de sus últimos informes, encargado a una consultora externa y dirigido a Bruselas, acaba de evaluar la implicación del trabajo forzoso a nivel mundial y cómo afecta potencialmente a los Veintisiete. Del mismo se desprende que los países comunitarios gastan más de 4.000 millones en pescado que proviene de naciones con “alto riesgo” de que se desarrollen este tipo de prácticas. Tareas generalmente físicas, en condiciones duras si no extremas, que son llevadas a cabo por quienes las practican en contra de su voluntad.

Se trata de 4.175 millones que resultan de sumar los importes vinculados a las principales especies que se capturan muy probablemente bajo estas circunstancias y que terminan llegando al Viejo Continente. Entre ellas, cita el documento Study on Forced Labour in the Fisheries and Aquaculture Market, están a la cabeza el bacalao ruso (importaciones por 425 millones), el abadejo de Alaska chino (375 millones) o los camarones indios de aguas cálidas (291 millones). Un listado que lo completan otros ejemplares como el atún filipino y el papú (157 y 133 millones).

Por países, el registro elaborado lo lideran China (1.521 millones), India (771) y Rusia (655). De igual manera se encuentran Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Tailandia, naciones que en su momento recibieron la llamada tarjeta amarilla por parte de la Comisión Europea al corroborar su falta de colaboración y regulación en alta mar; Ghana, que en estos momentos la mantiene; y Sri Lanka, que incluso llegó a recibir la tarjeta roja y se restringió temporalmente la compra de su pescado.

“El trabajo forzoso es un problema global que afecta a muchas industrias, incluidas la pesca y la acuicultura”, subraya el estudio, que recuerda que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimaron en 2022 que más de 28 millones de personas permanecen en esta situación, siendo la región de Asia y el Pacífico las más afectadas. En este sentido, abunda, Bruselas publicó hace un año –precisamente en septiembre– la propuesta de un nuevo reglamento que pretende prohibir la importación de mercancía obtenida bajo estas condiciones.

Dicha iniciativa aplicaría el veto no solo a los productos marinos, sino a todos aquellos logrados gracias al desempeño involuntario de cualquier tarea. En particular, se basaría en el desarrollo de un marco de aplicación basado en el riesgo y la coordinación de las autoridades competentes a nivel nacional.

“Supondrá una verdadera diferencia en la lucha contra la esclavitud moderna, que afecta a millones de personas en todo el mundo”, señaló hace meses Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la CE y comisario de Comercio: “Las autoridades competentes y las aduanas trabajarán codo con codo para que el sistema sea sólido. Hemos intentado minimizar la carga administrativa para las empresas, con un enfoque a medida para las pymes. También intensificaremos nuestra cooperación con nuestros socios mundiales”.

Explotación de menores

Coincidiendo el anuncio de la propuesta, que aún debe ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Consultivo de Mercados encargó su informe para recopilar fuentes de información sobre especies, productos, países y empresas con más probabilidad de estar relacionadas con el trabajo forzoso (tanto producción como importaciones de la UE), así como para elaborar una serie de recomendaciones destinadas a los Veintisiete para su posible consideración durante las negociaciones interinstitucionales.

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Entre los consejos que constan en el documento, el MAC llama a la colaboración internacional y a defender “la ratificación del Convenio 188 de la OIT”, además de “fortalecer” los compromisos bilaterales y multilaterales para mejorar la calidad del empleo. En paralelo, pide asegurar la disponibilidad de información actualizada y confiable, a través de bases de datos completas sobre cuestiones sociales y medioambientales; desarrollar una escala de gravedad para comprender mejor la naturaleza de la explotación laboral; y garantizar un enfoque transparente.

Conforme recoge la investigación, actualmente existen 16 países en los que los productos pesqueros y acuícolas se han asociado a casos de trabajo infantil. La lista, confeccionada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, incluye a Bangladesh, Brasil, Camboya, El Salvador, Ghana, Honduras, Indonesia, Kenia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Filipinas, Tanzania, Uganda, Vietnam y Yemen.