Competencia tumba el intento de empresas renovables de ‘resucitar’ decenas de proyectos

El sector de las renovables sufrió hace unos meses una criba masiva de proyectos de nuevas instalaciones verdes en tramitación. Cientos de plantas renovables no lograron el pasado enero la declaración de impacto ambiental (DIA) obligatoria para seguir con el largo proceso de obtención de permisos administrativos para empezar a producir dentro de unos años.

Los grupos energéticos están obligados a cumplir estrictos plazos para la obtención de permisos administrativos para seguir vivos y no perder su codiciado punto de conexión a la red eléctrica, lo que les obligaría a volver a la casilla de salida de una larga carrera burocrática que dura unos cinco años. El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de unos 15.000 megavatios (MW) quedaron fuera de la tramitación, aproximadamente una quinta parte de todos los que optaban a superar esa fase.

El tijeretazo ha provocado que decenas de compañías hayan presentado reclamaciones formales contra la decisión de Red Eléctrica de España, el gestor de las redes de alta tensión, de retirar el permiso de acceso a la red a los proyectos que no obtuvieron la DIA preceptiva. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha recibido más de un centenar de conflictos presentados por las compañías afectadas y está rechazándolos de manera masiva.

"La CNMC está haciendo un esfuerzo en la evacuación de la resolución de los conflictos que los agentes del sistema presentan. En los últimos cinco meses, se han recibido 110 conflictos relativos a la retirada de permisos de acceso, de los que la CNMC ya ha resuelto 82”, confirman fuentes del organismo supervisor a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Reclamaciones rechazadas

Todos los que ya han sido resueltos han sido desestimados, confirmando la decisión de REE que aplicar la legislación vigente y proceder a la retirada automática del permiso de acceso a la red si no cumplía con el hito obligatorio de contar con la declaración ambiental a finales del pasado enero. Entre las reclamaciones rechazadas figuran proyectos de compañías como Iberdrola, Solaria o Capital Energy.

“Por ahora se han desestimado los conflictos que no disponían del acto administrativo a tiempo (declaración de impacto ambiental o autorización administrativa previa) o el mismo era negativo”, subrayan fuentes oficiales de la CNMC. “Y ninguno en estas circunstancias se podrá resolver de forma favorable”, sentencian.

La gran criba

El Gobierno y las comunidades autónomas, dependiendo del tamaño del proyecto, rechazaron el pasado enero (o en el caso de algunas CCAA, siquiera les dio tiempo a estudiar por el colapso administrativo) proyectos renovables con una potencia conjunta de algo más de 15.000 megavatios (MW), el 20,6% del total de peticiones presentadas. Tras el rechazo les fue retirado el derecho de conexión a la red eléctrica, según se recoge en los registros de solicitudes de Red Eléctrica de España (REE). Entre los proyectos desechados figuraban 10.500 MW de energía solar fotovoltaica y 4.500 MW de parques eólicos.

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El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de 58.000 MW sí que obtuvieron la obligatoria DIA para seguir adelante con sus planes. Era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las plantas.

Tras la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación consiguieron del Gobierno central o de las comunidades la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y luego les tocaba obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio (aunque el Gobierno central aprobó una extensión de seis meses adicionales, hasta finales de enero, para conseguirla). Posteriormente, deberán obtener la autorización de conexión a la red y la de puesta en funcionamiento, con el objetivo de estar operativas a mediados de 2025.