La CNMV afirma que la entrada de la saudí STC en Telefónica cumplió con la normativa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha dispuesto a aclarar las dudas que sobrevuelan la operación más comentada en los últimos días. Se trata de la compra del 9,9% de Telefónica por parte de la teleco saudí STC. En este caso, y con la información de la que la CNMV dispone a día de hoy, "no se aprecian actuaciones o circunstancias que indiquen que la normativa aplicable no se haya cumplido en la notificación reciente de posiciones sobre Telefónica", aseguran fuentes del supervisor.

Y es que no son pocas las voces que se han preguntado alarmadas cómo una operación de esta magnitud no se hizo pública hasta haberse cerrado. Quizá la operadora fue comprando paquetes pequeños para no saltarse la normativa europea, conjeturan algunos. Pero la respuesta de la CNMV es clara: no. Fuentes oficiales han explicado este lunes que cualquier adquisición que supere el 3%, por mucho que se haga por tramos, debe ser comunicada al supervisor.

De hecho, la CNMV recuerda que como supervisor tiene facultades de supervisión sobre la corrección de las notificaciones y de requerir información adicional a los participantes de mercado. Y que en distintas ocasiones, cuando han detectado defectos en estas comunicaciones o directamente falta de notificaciones, han ejercido su potestad sancionadora.

"Ni la letra ni la interpretación de la normativa permiten a un inversor que construye una participación accionarial fragmentarla o trocearla en paquetes inferiores al umbral del 3%, para evitar o demorar su publicación", afirma el supervisor. "Tanto si se hace directamente como a través de persona interpuesta, vehículos de inversión, bancos o custodios. Tanto si se hace mediante acciones o mediante derivados que den derecho a su adquisición y a ejercer entonces los derechos de voto. Ello sería contrario al régimen legal aplicable", concluye.

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STC anunció la compra a principios de mes por un importe de 2.100 millones de euros. Y con ella se convirtió en el primer accionista de la compañía de telecomunicaciones española. La inversión se realizó mediante la compra de un 4,9% del capital social del grupo español y el otro 5% se ha adquirido a través de diversos instrumentos financieros. 

La operación se produjo en un contexto en el que está vigente el escudo anti-opas que el Gobierno impulsó durante la pandemia. Mediante él se fija que las inversiones extranjeras en sectores estratégicos -como el de la telefonía- tienen que ser autorizadas por el Ejecutivo si suponen la compra de un 10% del capital de una compañía española, así como sucede en este caso. El Gobierno, sin embargo, no ha dicho nada más excepto que protegerá los intereses estratégicos del país.