Los pasos previos de STC siembran dudas sobre sus verdaderas intenciones en Telefónica

La 

compra de un 9,9% de Telefónica por parte de STC

 ha sido presentada en todo momento por la operadora saudí como una operación "amistosa", pero varios de los pasos dados por la compañía han levantado desde el pasado martes suspicacias sobre sus auténticos planes a medio y largo plazo. Así, en el mundo político y empresarial español hay dudas sobre que la empresa controlada por el Estado árabe no tenga intención de elevar su participación y participar en mayor o menor medida en la administración y gestión del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete. 

Secretismo

Telefónica 

hasta poco antes de anunciarla públicamente. 

Ambigüedad sobre la entrada en el consejo

El decreto establece en su artículo 18 que las operaciones de inversión extranjera superiores al 5% del capital en sociedades con actividades relacionadas con la Defensa Nacional deben ser objeto de autorización previa del

Consejo de Ministros

(STC aspira a ejercer los derechos políticos correspondientes al 9,9% del capital adquirido) a no ser que en un documento en escritura pública, la empresa adquirente "se comprometa fehacientemente" a "no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto", ni a formar parte "de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada".

STC, por su parte, ha dejado claro que tiene intención de pedir la autorización del Gobierno. Así, ha afirmado que no ejecutará los derivados financieros a través de los que controla el 5% del Telefónica hasta la "obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias". Dicho de otro modo: solicitar estas autorizaciones no sería preciso si STC no pretendiera pasar del 5% de las acciones, ni ejercer sus derechos de voto por el 9,9% del capital, ni entrar en el consejo de administración.

¿Después se intentará el control?

Precisamente el pasado 1 de agosto, durante la presentación de los resultados semestrales, el vicepresidente de finanzas corporativas de la compañía, Ali Alharbi, puso negro sobre blanco la estrategia general de compras de la operadora saudí. "Nuestro objetivo es tener control sobre un activo (comprado), pero esto no puede suceder en todos los casos. (...) En general, nuestro plan es tener la mayoría (del capital de las empresas adquiridas), pero esto podría cambiar en función de los activos objetivo", afirmó. 

Este mensaje, al dejar margen para no tomar el control en casos excepcionales, es coherente con el anuncio de intenciones respecto a Telefónica. Sin embargo, también pone a las claras que la voluntad predominante de STC es controlar las compañías en las que participa. De hecho, en medios empresariales se destaca que las inversiones que buscan únicamente una rentabilidad financiera -como la que dice haber hecho la operadora saudí- las protagonizan normalmente los llamados inversores institucionales (como fondos de pensiones o inversión) y no empresas del mismo sector, como sucede en el caso de STC y Telefónica.

Un nuevo decreto muy oportuno

El hecho de que la operación de compra del 9,9% de Telefónica fuera notificada a la CNMV el 5 de septiembre, aprovechando la entrada en vigor (el 1 de septiembre) del nuevo decreto de control de inversiones extranjeras también despierta suspicacias. ¿Por qué no se notificó antes del 1 de septiembre la operación? ¿Qué hay en el nuevo decreto que el Gobierno aprobó el 5 de julio (con entrada en vigor a partir del 1 de septiembre) que pueda ser más ventajoso para la operación saudí?

En realidad, la operación de compra del 9,9% del capital se ha realizado en dos tramos. Por una parte, Saudi Telecom ha adquirido una participación directa del 4,9% de las acciones de la compañía española. Por otra parte, se ha hecho con otro 5% de manera indirecta mediante instrumentos financieros, con ayuda de la banca de inversión Morgan Stanley.

En un primer momento, el grupo saudí sólo podrá ejercer los derechos de voto correspondientes a esa participación directa del 4,9% (una décima por debajo del límite de control estatal del 5%). Para obtener los derechos de voto por el 5% restante tendrá que esperar a obtener los permisos regulatorios.

La normativa de 1999 para el control de inversiones vinculadas a la Defensa (que estaba en vigor hasta este 1 de septiembre) obligaba a solicitar autorización al Gobierno para participaciones a partir del 5%. En eso no se diferencia de la nueva regulación.

La ventaja que otorga la nueva regulación es que si el Gobierno no da el 'ok' a los derechos políticos de las acciones hasta el 9,9% del capital, STC, al menos, podrá conservar los correspondientes al 4,9% (que le convierten en primer accionista y que le podría otorgar un puesto en el consejo de administración) a la espera de encontrar el momento más oportuno para deshacerse del paquete restante del 5% en el mercado financiero de manera ordenada. "Con la legislación anterior habría sido un 'o todo o nada' para el paquete del 9,9%. La nueva regulación puede permitir a STC conservar una participación menor. Será como permanecer en Telefónica con la mano atada, aunque está claro que ese no era su objetivo inicial", explica de forma gráfica uno de los expertos en regulación de inversiones exteriores consultados.