Los economistas aplauden los incentivos fiscales, pero critican el control de precios de la Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda toma velocidad de crucero y, si no hay un cambio de última hora, será aprobada mañana por el Senado. Esta regulación del mercado residencial es la primera que se aprueba desde el comienzo de la democracia e incluye topes a los precios de alquileres, incentivos fiscales a propietarios y cambios en la Ley del Suelo. La norma ha contado con el apoyo de los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, y sus socios habituales, ERC y EH Bildu. Sin embargo, no cuenta con el beneplácito de parte del sector económico, en general, e inmobiliario, en particular.

En un evento organizado por el Consejo General de Economistas de España, Joan Rafols, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, aseguró que "el anteproyecto de Ley ha ido perdiendo sus aspectos más positivos a medida que los partidos han ido imponiendo sus criterios y consignas políticas" y que no ha habido una "base económica" en la redacción. El catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo, explicó que "es un texto que contiene medidas contradictorias" y "es una pena que se haya centrado tanto en el control de precios", aunque reconoce puntos positivos.

Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, recriminó a los políticos mayores consensos para aprobar una norma tan importante: "No puede ser que la mitad del espectro político vote a favor y la otra mitad en contra".

Control de precios

Al comienzo, José García Montalvo, hizo diagnóstico de quiénes son los propietarios de vivienda en España: "El mercado de la vivienda en alquiler no es un monopolio, ni un oligopolio, porque hay dos millones de personas que declaran recibir rentas inmobiliarias". Por esta razón, bajo el criterio del profesor, no tiene sentido aplicar controles de precios porque el problema radica en que existe "una falta de oferta".

Joan Rafols tampoco está de acuerdo en que la solución sea topar los precios: "La literatura económica es concluyente con los controles: no funcionan, reducen la oferta, bloquean el mantenimiento de los inmuebles, beneficia a las rentas más altas y perjudica a la accesibilidad".

El director ejecutivo de Fadea, Ángel de la Fuente, cree que, ante la falta de oferta existente, que es un consenso de mercado, las políticas de control de arrendamientos quiere reducir la rentabilidad y aumentar el riego de los propietarios, que no va en línea con el problema de base.

Julián Salcedo aseguró que solo está justificado intervenir precio en "fallos de mercado", que considera que no se da. "Esta intervención va a tener un efecto inmediato. Sabemos que lo que primero se produce es que se retiren viviendas del mercado del alquiler. Esto es preocupante porque la medida que quiere favorecer a las clases menos pudientes, puede tener un efecto contrario", añade.

En paralelo a los topes, el profesor Montalvo aseguró que esta regulación llega en una situación macroeconómica de tipos de interés clave: "Hasta ahora, se podía apretar al propietario porque obtenía una buena rentabilidad con los tipos de interés al 0% y sin activos alternativos donde invertir. Ahora no es igual porque hay opciones para recibir un 3% o 4% sin esfuerzo, como las Letras del Tesoro. Va a haber una transferencia directa de inversores en vivienda a este tipo de productos".

Incentivos fiscales y subvenciones a inquilinos

Noticias relacionadas

La matriz de Avianca compra la aerolínea española Wamos Air

Brufau a Ribera: "Repsol no es retardista ni negacionista, sino activista contra el cambio climático"

Todos los economistas que participaron en el evento se posicionaron a favor de los incentivos fiscales para favorecer la puesta en el mercado de inmuebles en arrendamiento. "Los incentivos son una buena idea", señaló el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. "España es el quinto país de la Unión Europea con más presión fiscal sobre la propiedad inmobiliaria. La propuesta contiene un ajuste que, básicamente, es una bonificación del 90% en zonas tensionadas si el propietario reduce la renta un 5%. Hay que hacer números para ver si compensa", añadió Joan Rafols.

En la charla también se propuso dar subsidios a las clases que tienen dificultades para alquilar una vivienda, ante la inexistencia de un parque público. "Hay un problema de emergencia habitacional en determinadas clases. Las rentas más bajas son excluidas del mercado y hay que abordar este asunto, como se ha hecho en Europa., que han desarrollado una política de vivienda donde es más importante el gasto social en subsidios al alquiler que la promoción pública. Falta gasto social en materia de vivienda", desarrolló el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.