Tecnología inmadura y movimientos especulativos: los riesgos de la carrera por la electrificación

España está inmersa en una revolución energética enfocada en acabar con las tecnologías de producción de electricidad basadas en la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) que libera CO2 para hacer frente al cambio climático. La transformación del modelo energético coincide en el tiempo con el apagón nuclear, en un país en el que el 20% de la electricidad procede de reactores nucleares. Las renovables son baratas y limpias, pero necesitan una tecnología de respaldo para los momentos en los que no hay ni sol ni viento. Ahora, la principal tecnología de respaldo son las centrales de ciclo combinado que queman gas natural. Una de las alternativas en las que se está trabajando es el hidrógeno verde, que se produce con energías renovables y emite vapor de agua. Grandes empresas energéticas vinculadas a los hidrocarburos como Repsol, BP, Naturgy y Enagás están detrás de la apuesta por el hidrógeno verde como alternativa de negocio y para aprovechar las infraestructuras existentes. Para ponerlo en contexto, el Gobierno está impulsando la energía verde con una inversión de 125.000 millones en la transformación del sector eléctrico y los proyectos previstos en hidrógeno verde rondan los 9.000 millones.

El propio despliegue de los parques fotovoltaicos y eólicos ha generado movimientos especulativos, pero es un cambio de sistema energético sin marcha atrás por la política medioambiental de la UE, que se ha marcado como meta llegar a un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. La estrategia española está fijada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. La hoja de ruta persigue alcanzar la neutralidad de emisiones dentro de 27 años con pasos intermedios. Los objetivos marcados para 2030 son: reducir en un 21% las emisiones de efecto invernadero respecto al nivel de 1990; lograr el 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, y, en el caso de la generación eléctrica, que el porcentaje de renovable sea del 74% dentro de siete años.

El PNIEC prevé en 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157.000 megavatios (MW) -hay 105.100 en la actualidad-, de los que 50.258 serán energía eólica; 36.882, fotovoltaica; 27.146, de centrales de ciclo combinado de gas; 24.133, hidráulica, y 7.303, solar termoeléctrica, por citar solo las más relevantes. El nivel de penetración de las energías renovables en el sector de la generación eléctrica alcanzará en 2030 el 74%, desde el aproximadamente 38%-40% actual. Según el Gobierno, en este contexto todavía no es necesaria la presencia de potencia de generación de respaldo adicional de centrales de gas para cubrir los periodos de baja generación renovable. Los planes para el despliegue masivo del hidrógeno verde son a más largo plazo.

Tecnología todavía inmadura

Las inversiones en las infraestructuras de transporte y los medios de producción del hidrógeno verde despiertan recelos entre expertos que consideran que no es una tecnología suficientemente madura. A diferencia del sol, el viento o el agua, el hidrógeno verde no es una fuente de energía primaria. En realidad, se trata de un vector energético: es un combustible que necesita energía para ser producido. El sistema de producción se llama hidrólisis y consiste en separar con electricidad de fuentes renovables los átomos que componen las moléculas del agua: el hidrógeno y el oxígeno. Por cada átomo de oxígeno se liberan dos de hidrógeno (H2O). ¿Cómo se rompe la molécula? Con corriente eléctrica. El oxígeno se libera y queda el hidrógeno, que es un gas. El proceso convierte el gas del hidrógeno en líquido por lo que es muy manejable. Es un combustible que puede jugar en el futuro un papel fundamental en la industria química, la petroquímica, la siderúrgica y en el transporte de vehículos pesados, pero hoy es caro y carece de rentabilidad. Según la Comisión Europea, los costes estimados actuales son entre dos y tres veces superiores al hidrógeno producido con combustibles fósiles.

A pesar de ello, Enagás (operador del sistema gasista español) apuesta por el hidrógeno verde como alternativa al gas natural. La compañía cifra en 7.000 millones de euros la inversión necesaria hasta 2030 para construir la futura red de hidrógeno verde que incluye la interconexión con Francia, así como dos grandes ejes troncales para producir entre dos y tres millones de toneladas de hidrógeno al año. Solo la construcción del H2Med (que incluye la red entre España y Francia y la de Portugal) supone una inversión de 2.500 millones. Las grandes empresas de hidrocarburos también han anunciado inversiones multimillonarias. Un ejemplo es BP, que planea invertir 2.000 millones de euros para producir hidrógeno verde en su refinería de Castelló. La iniciativa se centra en el desarrollo de hasta dos gigavatios (GW) de capacidad de electrólisis de aquí a 2030. La industria azulejera castellonense confía en utilizar en el futuro el combustible verde como sustituto del gas a pesar de las dudas sobre su viabilidad.

Fondos, bancos y grandes corporaciones

Al margen del hidrógeno verde, España está inmersa en una carrera por la electrificación. La inversión total requerida para la transformación del sector eléctrico sobrepasa los 125.000 millones de euros a lo largo de la década 2021- 2030. El cálculo, hecho por el Gobierno, incluye inversiones en tecnologías renovables y en la ampliación y la modernización de las redes de transporte y distribución. Esa inversión será realizada mayoritariamente por el sector privado y ha desatado una espiral especulativa. Fondos, bancos y grandes corporaciones se han lanzado a invertir en el sector renovable español en busca de grandes retornos.

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El Ejecutivo alertó en el real decreto-ley 20/2022 del 27 de diciembre con medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra que había detectado «movimientos especulativos por parte de determinados agentes» que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones de parques eólicos y solares «con el fin de bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables». El Gobierno decretó contra esa especulación la suspensión de todos las tramitaciones en conexiones (nudos) sujetas a concursos de capacidad de acceso. Hay casi 290 nudos de la red de transporte reservados para concurso de acceso con una capacidad estimada de 100.000 megavatios.

El Ejecutivo advierte de que esos movimientos especulativos causan un triple perjuicio: a los promotores con proyectos viables porque quedan bloqueados; a los municipios porque se inician tramitaciones por un número de proyectos que ni la red ni la zona, desde un punto de vista social y ambiental, pueden absorber; y a la Administración, que ya se encuentra tensionada por un elevado volumen de proyectos en tramitación por lo que los nuevos proyectos sin control suponen un empleo ineficiente de los recursos en parques que «no podrán ser viables». De forma paralela, siguen tramitándose los parques fotovoltaicos y eólicos que superaron el trámite medioambiental en enero, más de 27 gigavatios en grandes proyectos autorizados por el Gobierno a los que se suman los parques pequeños que dependen de las comunidades autónomas.