Consejeros para todos los gustos y empresas

Ana Palacio, José Blanco y José Montilla fueron ministros del Gobierno de España. Palacio, de Asuntos Exteriores bajo la presidencia de José María Aznar; Blanco lo fue de Fomento y Montilla de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero. Montilla, además, fue presidente de la Generalitat de Catalunya. Los tres coinciden en el consejo de administración de Enagás, la compañía de distribución de gas que también quiere serlo de hidrógeno.

En el alambicado mundo de los consejos, los tres expolíticos forman parte de la categoría de consejeros independientes. Estos se distinguen de los consejeros ejecutivos y de los dominicales, que representan a algún accionista relevante. Hay una cuarta categoría de consejeros, un cajón de sastre, en el que caben consejeros exejecutivos o simples consejeros externos. A esta categoría pertenece otra consejera de Enagás, Maite Costa, que fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE) también bajo el Gobierno de Zapatero. En 2022, entre remuneración y dietas Montilla cobró 175.000 euros; Blanco, 160.000 euros, y Palacio, 190.000 euros. En el pasado, propuestos por el Gobierno del PP, llegaron a ser consejeros de Enagás otra exministra, Isabel Tocino, y el breve exlíder del PP Antonio Hernández Mancha. Pablo Casado, un poco menos breve que este, acabará en un consejo. Al tiempo.

Enagás está participada en un 5% por la Sepi, holding empresarial del Estado. En esta compañía, presidida por Antoni Llardén desde 2007, también tiene un 5% Amancio Ortega Gaona, fundador de Inditex, y el fondo de Abu Dabi Mubadala, que controla la petrolera Cepsa, tiene otro 3,1%. Grandes gestoras de fondos internacionales, de BlackRock (4%) al Bank of America (3,6%), han irrumpido en el accionariado de la gasística española.

¿Cuál es el grado de independencia que estos ex cargos políticos tienen realmente en Enagás? ¿Y sus conocimientos y capacidades en un sector tan especializado como el de la energía? ¿Pueden establecerse criterios más definidos en el nombramiento de algunos consejeros?

El ejemplo es Enagás, pero podría ampliarse a otras empresas. En el caso de expolíticos siempre queda abierto el debate de si hay que establecer límites o, como mínimo, ser más transparentes. No ocurre nada por definir a un ex alto cargo que sea consejero en una empresa donde participa el Estado como consejero dominical. Que sea la junta de accionistas y, por supuesto, el órgano regulador los que pongan los puntos sobre las íes. 

Lejos del buen gobierno corporativo

Dice Jordi Canals, ex director general del IESE y uno de los académicos que más conoce el mundo corporativo español e internacional, que todavía estamos muy lejos de lograr un espléndido gobierno corporativo. Califica con un cinco -sobre 10- el buen gobierno de los consejos en las empresas cotizadas y con cerca de un siete el de las empresas familiares no cotizadas.

Entre unas y otras hay una diferencia: las empresas cotizadas, aunque puedan tener accionistas de control, sean fondos institucionales o familias -caso de Inditex, Ferrovial, Acciona, ACS, etcétera-, son empresas que en el mundo anglosajón se consideran públicas: sus acciones pueden ser compradas directa o indirectamente por cualquier ciudadano. Las empresas familiares, por lo contrario, son cien por cien privadas. El o los propietarios tienen libertad total para gestionar y gobernarlas como quieran. Una empresa familiar no se parece a otra y será el propio mercado, clientes y proveedores comerciales y financieros, quienes definirán su éxito.

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En las compañías cotizadas, remarca Canals, la transparencia debe ser absoluta en todos aquellos elementos que definen su gobernanza. En 2021, un estudio de la CNMV calculó que un consejero independiente del Ibex 35 ganó un promedio de 202.000 euros al año, a los que se deben sumar 33.000 euros en dietas y otros 54.000 por pertenecer a una de las comisiones del consejo. ¿Hasta qué punto este consejero es independiente si estos ingresos le son fundamentales para vivir? ¿Y si un consejero lo es en tres o más empresas? ¿Hasta qué punto puede generar conflictos de interés o usarse información privilegiada?

Canals considera que la gobernanza de las empresas es un "trabajo en progreso". Al igual que ha ocurrido con la historia del management, un concepto desarrollado a partir de los años 50, será necesario dar un paso atrás, cometer errores, antes de dar dos hacia delante. La credibilidad de las compañías, su estrategia a largo plazo depende, cuenta Canals, de que exista una perfecta armonía entre el consejo y el equipo directivo. Empresas que lo fueron todo en la historia empresarial, como General Electric, acabaron sucumbiendo a las malas prácticas. En España, hay consejos de todos los colores. Analizarlos con lupa debe seguir siendo una responsabilidad. Activos lo hará.