Los gobiernos de la derecha europea también apuestan por los impuestos a las energéticas

En Europa, gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas no es una cuestión de ideología. Ni siquiera de “populismo”, como aseguró el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, después del debate sobre el estado de la nación en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció los planes de crear un impuesto especial para los beneficios de los gigantes de la energía y la banca. Reino Unido, Bélgica, Italia, Grecia… En todos ellos hay gobiernos liberales y todos han puesto en marcha ya un impuesto similar que apoya incluso la Comisión Europea.

A la espera de que el gobierno de coalición español defina las características del nuevo impuesto y anuncie cómo espera evitar que las empresas lo trasladen al consumidor, el presidente ya anunció que espera recaudar 2.000 millones de euros anuales en los ejercicios de 2022 y 2023. Las empresas afectadas serán, como confirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las que facturen más de 1.000 millones de euros al año, es decir, Naturgy, Endesa, Iberdrola, Repsol y Cepsa.

El pasado 8 de marzo, la Comisión Europea recomendó como una opción para atajar el precio desmesurado de la energía que los países comunitarios establecieran “medidas impositivas temporales sobre los beneficios caídos del cielo”, y así, de forma excepcional, se podrían “redistribuir esos retornos entre los consumidores”. Desde entonces, y conforme se ha ido agravando la situación, varios países han ido recogiendo el testigo.

El último ha sido Bélgica, donde gobierna el liberal demócrata Alexander de Croo. Allí, su ministra de Energía, Tinne Van der Straeten, comunicó casi al mismo tiempo que Sánchez la intención de su Ejecutivo de crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que hayan tenido las energéticas con respecto al ejercicio de 2021. Eso sí, solo se aplicará si ese margen de beneficios extra es de un 10% o más.

Una especificación que ya tuvo en cuenta en mayo el ya ex primer ministro italiano, Mario Draghi, que ya entonces anunció un gravamen del 10% a los beneficios extraordinarios, es decir, a los que superasen el 10% con respecto al año anterior. Sin embargo, el gobierno liberal italiano aumentó ese tributo —que es, además, retroactivo desde finales de 2021—, al 25% solo un mes después.

De esta forma, Draghi pretendía, como el Gobierno español, financiar un ambicioso paquete de 14.000 millones de euros para aliviar el impacto sobre las familias que está teniendo la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Un objetivo que también tiene el gobierno de centroderecha del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, quien también aprovechó en mayo, apenas dos meses después de que se desatase el conflicto, para imponer un “impuesto suplementario” que obliga a las energéticas a entregar al Estado el 90% de los beneficios extraordinarios. De esta forma, se espera paliar la subida de un 60% de la factura de la luz durante los últimos meses.

Fuera del mercado energético común de la Unión Europea, Reino Unido, gobernado por los conservadores desde hace más de una década, también ha apostado por gravar los beneficios de las energéticas para intentar conseguir 5.900 millones de euros en solo un año.

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A finales de mayo, el entonces ministro de Finanzas, Rishi Sunak, que hoy es uno de los principales candidatos para sustituir a Boris Johnson como primer ministro, anunció un impuesto del 25% sobre los beneficios, aunque con una peculiaridad. Sólo se aplica sobre las petroleras y las gasistas, y no sobre las eléctricas, un matiz del que en España podrían beneficiarse Endesa e Iberdrola pero que ya está en revisión en las islas británicas.

La creación de este impuesto ha creado malestar dentro de las compañías energéticas que operan en el Reino Unido, pues allí no se hace distinción sobre los beneficios de las empresas afectadas como sí se hará en España. BP, por ejemplo, ha dicho que revisará los planes que tenía para invertir 20.000 millones de euros en el Reino Unido durante los próximos años, mientras que el director ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, ha asegurado que es "inevitable" que la industria se piense sus planes de inversión mientras los nuevos impuestos sigan en vigor.