Aena lanza un aluvión de más de 100 recursos contra el golpe de 1.350 M por sus tiendas

Aena se lanza a una ofensiva legal para tratar de parar el golpe de 1.350 millones de euros (algo menos de los 1.500 millones de su estimación inicial) que va a provocar en sus cuentas la reforma legal aprobada por el Congreso imponiéndole durante años una rebaja de los alquileres de los locales comerciales de los aeropuertos por la pandemia.

El grupo aeroportuario explotará la única baza legal que tiene para tumbar el recorte, que es utilizar a los jueces de las decenas que pleitos que mantiene con sus inquilinos comerciales para indirectamente llevar la nueva norma hasta el Tribunal Constitucional. Las empresas no pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, y por eso el grupo opta por esta vía alternativa para llegar al alto tribunal.

Aena, controlada en un 51% por el Estado español, pretende presentar un aluvión de más de un centenar de cuestiones de inconstitucionalidad en los tribunales de primera estancia que estudian demandas presentadas por inquilinos de las tiendas de los aeropuertos o por el propio gestor aeroportuario contra sus arrendatarios. Entonces serán los jueces los que decidan si ven indicios suficientes de que la normativa vulnera los preceptos constitucionales y elevan una consulta al Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto.

En total, serán 104 requerimientos de este tipo los que presentará la compañía. El grupo ha formalizado ya cuatro cuestiones de inconstitucionalidad hasta ahora y lo hará también en los otros cien procedimientos restantes, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes conocedoras de la estrategia legal del grupo semipúblico.

La enmienda incluida en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), aprobada en el Congreso hace apenas un mes, obliga a Aena a reducir las rentas mínimas garantizadas que cobra por sus espacios comerciales hasta que el tráfico de pasajeros recupere los niveles previos a la pandemia. Algo que el Gobierno y la propia Aena no prevén que suceda hasta finales de 2025. Hasta entonces, el cobro de los alquileres se establecerá de manera proporcional al tráfico real de viajeros.

Desde Aena se defiende la inconstitucionalidad de la enmienda incluida en las Cortes por tener carácter retroactivo -la aplicación de las rebajas se retrotrae hasta el 14 de marzo de 2020, con el arranque del primer estado de alarma- y por estar específicamente dirigida a una compañía concreta.

Tres multinacionales

Además de la batalla legal, Aena se dispone a lanzar un órdago comercial. La compañía no renovará ninguno de los contratos de alquiler afectados por la nueva normativa, según desveló este viernes el director financiero del grupo, José Leo, en un encuentro con analistas con motivo de la presentación de los resultados trimestrales (la compañía perdió 123 millones hasta septiembre, un 15% más que el año pasado). Tras la decisión, Aena ha revisado a la baja el impacto en sus cuentas de la rebaja forzosa de alquileres, desde los 1.500 millones calculados inicialmente hasta 1.350 millones.

“Lo que ha pasado, que no es opinable, que es una realidad financiera, es que se han transferido 1.500 millones de los bolsillos accionistas de Aena -entre los que se encuentran todos los contribuyentes españoles, que poseen el 51% de las acciones de esta compañía- a los bolsillos de los accionistas de otras compañías. Muy particularmente tres multinacionales, que se llaman SSP, Áreas y Dufry, que son propiedad de fondos de inversión y de fondos soberanos”, sentenció esta semana Maurici Lucena, presidente de Aena, en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en referencia a los grandes grupos internacionales que alquilan espacios comerciales en aeropuertos españoles.

“Tienen que ser ustedes conscientes de lo que han decidido”, retó Lucena a los diputados, y les subrayó que el consejero delegado de Dufry -el mayor grupo de tiendas de aeropuertos y principal inquilino de Aena- recibirá una “retribución millonaria específicamente reflejo de esta enmienda, porque tiene un bonus ligado a los ahorros de su compañía en el pago de alquileres”, tal y como se recoge en la información remitida por la compañía a la Bolsa de Zurich.

Aena presentó una propuesta de descuentos de las rentas mínimas garantizadas a los operadores de tiendas y restaurantes de sus aeropuertos y que implicaba rebajas de unos 800 millones de euros en 2020 y 2021. Hasta 90 compañías, dos tercios del total, aceptaron la oferta. “Los que no habían firmado son las multinacionales, que son los grandes beneficiarios de esta enmienda”, se quejó el presidente del grupo.

Implicaciones políticas

La polémica enmienda, además de suponer un agujero millonario en las cuentas de Aena, tiene evidentes derivadas políticas. El Congreso aprobó incluir una nueva disposición final en la LOTT con los votos a favor de de PP, Vox, Ciudadanos, ERC, PNV, Grupo Plural y Grupo Mixto, y con la abstención de PSOE y Unidas Podemos (se abstuvieron cuando su derrota parlamentaria se dio por segura).

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Dos abstenciones que escaman, por ser la de los dos socios del Gobierno de coalición, que ahora mismo gestiona ese 51% de participación pública en el capital de Aena; y porque, por ello, puede suponer una zancadilla en la estrategia jurídica del grupo. Además, la abstención socialista pone en un brete personal al presidente de Aena, dado que se trata de su propio partido. Lucena es miembro del PSC y, por ejemplo, fue el elegido por Salvador Illa para ser su vicepresidente económico en caso de haber conseguido gobernar tras su victoria en las últimas elecciones catalanas.

Otro aspecto conflictivo desde el ámbito político, es que para conseguir que saliera adelante la enmienda en las Cortes alguno o algunos de los grupos con tiendas en los aeropuertos contrataron a la consultora Acento Public Affaires para actuar como intermediario y como lobista. Entre los socios fundadores de esa consultora se encuentra José Blanco, ex ministro socialista de Fomento y, por tanto, ex responsable de Aena. Y hasta hace apenas unas semanas también figuraba como socio el exdiputado socialista Antonio Hernando, que participó directamente en el conflicto de Aena y sus inquilinos y que acaba de ser nombrado como director adjunto del Gabinete del Presidente Pedro Sánchez.