El Gobierno amplía las ayudas a los hogares vulnerables para pagar la luz y la calefacción

El Gobierno ha decidido en el Consejo de Ministros de este martes que ampliará la cobertura de las ayudas a los consumidores vulnerables al elevar la subvención del bono social eléctrico entre el 60% y el 70% y del bono social térmico, que contribuye a pagar la calefacción de los hogares vulnerables, al incrementar la cantidad mínima a cobrar de 25 a 35 euros, según ha anunciado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera.

En la actualidad, hay cerca de 1,19 millones de consumidores acogidos al bono social que reciben un descuento en la factura de la electricidad de entre el 25% (consumidores vulnerable) y el 40% (vulnerables severos) que ahora se elevará a entre el 60% y el 70%. Estos usuarios tienen que estar sujetos a la tarifa regulada de la luz (PVPC) que es la que está indexada a la evolución del mercado mayorista y, por tanto, son los que están más expuestos a las subidas disparatadas del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Además, los usuarios del bono social (eléctrico) reciben de forma automática el denominado bono social térmico (si tienen calefacción de gas). Esta ayuda creada por Ribera en otoño de 2018, ante una escalada de precio muy inferior a la actual, supone un ingreso directo de entre 25 y 123,94 euros. Al duplicar el presupuesto asignado a tal efecto durante este 2021 con 100 millones adicionales, alcanzando los 202,5 millones, el Gobierno incrementará el mínimo a recibir de 25 a 35 euro. Atendiendo al número de beneficiarios, la cantidad media será de 90 euros por consumidor vulnerable beneficiario, según el Gobierno.

El Ejecutivo ha incluido estas medidas dentro del real decreto ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y que, como adelantó El Periódico de Cataluña, aliviará el recorte a las empresas eléctricas por el alza de los precios del gas, convalidado hace unas semanas por el Congreso de los Diputados. Según ha explicado Teresa Ribera, el decreto aclara que quedan exentos de la minoración aquellos contratos a precio fijo firmados con anterioridad al 16 de septiembre así como los nuevos contratos a precio fijo para impulsar este tipo de acuerdos entre la industria. "Si hay una parte de la energía del contrato que se vende indexada al mercado, en esa parte corresponderá la minoración de forma proporcional", ha añadido Ribera.

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La nueva norma, además, incluye nuevas obligaciones de supervisión para que los operadores trasladen con mayor precisión el comportamiento de generadores y comercializadores a la factura final. Así, las compañías eléctricas tendrán que exponer al supervisor la letra pequeña de sus contratos intragrupo (entre su filial de generación y de comercialización) para ver "de qué manera trasladan los costes a los precios" y "cómo se reparte cada uno de los eslabones que marca precio", así como la cobertura financiera de esos contratos.

Por otra parte, el Gobierno también reforzará los mecanismos de transparencia al obligar a las compañías que pongan a disponibilidad del público, a través de la CNMC, todas las ofertas de las compañías eléctricas. Además, se les obligará a las eléctricas a informar de todas las condiciones de los contratos a los clientes finales y a comunicar con al menos "un mes de antelación" cualquier cambio o modificación de estas cláusulas, como ocurre con las compañías de telecomunicaciones.