La reforma faraónica de las Torres Colón: de los libros de Juan Gómez Jurado a cuartel general de Garrigues

La vista es impresionante, desde luego. Desde lo alto de las torres Colón, con sus tejados rojizos desperezándose ante la salida del sol. Sere nunca hubiera imaginado que pudiese ver al mismo tiempo la sierra de Guadarrama y el Pirulí. Con solo volver un poco la cabeza, ve la torre Valencia y la masa verde del Retiro, con el estanque en el centro.

— ¡Soy la reina del mundo! —grita a pleno pulmón.

Así comienza uno de los capítulos de Todo Arde, una de las muchas novelas del escritor 'best seller' Juan Gómez-Jurado. En solo dos líneas describe a la perfección la ubicación y altura de las Torres Colón, el edificio de oficinas más alto de Madrid hasta 1989. Ubicadas en la plaza que da nombre a las torres, encierra una historia llena de denuncias, expropiaciones y reformas. Una historia de 57 años que hace un punto y aparte convirtiéndose en la nueva sede del despacho de abogados Garrigues, que pagará millones de euros al año por tener allí su cuartel general.

La construcción

La obra de las Torres Colón comenzó en 1967, aunque su finalización no se certificó hasta nueve años más tarde, en 1976. Sus artífices fueron el 'archiconocido' arquitecto madrileño Antonio Lamela, artífice entre otras obras del viejo Santiago Bernabéu, y los ingenieros Leonardo Fernández Troyano, Javier Manterola y Carlos Fernández Casado. Concebida como dos torres gemelas con una base común, fue un hito arquitectónico que despertó incredulidad entre los vecinos de la capital, que no entendían que el edificio se empezase a construir por el tejado.

El proceso constructivo no fue sencillo. "Cuando se planteó el edificio, no había uno como este en el mundo", señaló Javier Manterola, en un documental elaborado por el aniversario de su puesta en marcha. Por ejemplo, durante las obras de la estructura, entraba tanto viento que el hormigón se congelaba, haciendo imposible moldearlo.

En medio de las obras, y con la estructura ya levantada, el Ayuntamiento de Madrid dio orden de demoler el edificio por incumplir la normativa urbanística de la época, siendo más altas de lo que debería. Amador Lamela, hermano del arquitecto que diseñó el rascacielos y codirector de la obra, contó en el mismo filme que aquella paralización fue utilizada como cabeza de turco por el Consistorio, liderado entonces por Carlos Arias Navarro, para frenar "el desmadre urbanístico" y "dar ejemplo".

Sin embargo, la Justicia dio la razón al promotor, José María Osinalde, y declaró nulo el freno a las obras, obligando al Ayuntamiento a indemnizar a la propiedad. Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo cambiando el uso del inmueble, de apartamentos a oficinas, que otorgaba mayores beneficios al inversor.

La expropiación

Tras finalizar la construcción, el empresario José María Ruiz-Mateos compró por 1.700 millones de pesetas (10,2 millones de euros) el céntrico rascacielos, entonces aún diferenciado en dos torres gemelas, a Osinalde, gracias a la intervención de Antonio Lamela. Al hacerse con la propiedad, les cambió el nombre a Torres de Jerez, en homenaje a su lugar de nacimiento, Jerez de la Frontera, el mismo nombre que tenía entonces una de sus entidades financieras, Banco Jerez. Allí instaló las oficinas centrales de su fantástico (al menos en ese momento) imperio, la emblemática Rumasa.

Ruiz-Mateos perdió en pocos años la propiedad. El 23 de febrero de 1983, el recién aterrizado Gobierno socialista, encabezado por Felipe González y liderado en materia económica por Miguel Boyer, firmó la expropiación de Rumasa. Se argumentó una delicada situación financiera que podía poner en peligro su solvencia. Tres años más tarde, al igual que acabó ocurriendo con todos los negocios del empresario, las Torres de Jerez salieron de nuevo al mercado.

El propietario definitivo

En 1986 se subastó el rascacielos, resultando ganador del proceso el fondo Heron International, que pagó 4.350 millones de pesetas (26,14 millones de euros actuales). Con la reforma del inmueble ejecutada en 1990, cambió su estética y su morfología: pasaron de ser dos torres a solo una, tras la instalación entre ellas de una escalera de incendios. En esta remodelación se instaló en su superficie un cubrimiento de níquel para evitar óxidos, que acabó dando la forma (y fama) de enchufe característica de la parte más alta del edificio. Nueve años más tarde, en 1995, volvió a cambiar de menos: el grupo asegurador Mutua Madrileña pagó 8.845 millones de pesetas (53,15 millones de euros) por el rascacielos, arrojando importantes plusvalías al fondo británico.

Tras varias reformas, en 2017, Mutua Madrileña inició una remodelación integral del inmueble no exenta de polémica. El proyecto de rehabilitación fue encargado al estudio luis vidal + arquitectos y no a Carlos Lamela, hijo del arquitecto original del inmueble, Antonio Lamela. La decisión no gustó en el estudio Lamela, con el añadido de que Luis Vidal había trabajado epara el estudio de arquitectura familiar en el pasado, que maniobró para evitarlo: intentó proteger el edificio y paralizar las obras, aunque sin éxito.

Con el visto bueno de la Justicia al proyecto, se inició la faraónica obra que supuso dejar el edificio completamente desnudo, únicamente manteniendo la estructura, la única parte que sí está protegida por Patrimonio. Tras meses y meses de avance en la construcción, ya se vislumbra el fin, cuyo broche ha sido el alquiler firmado con el despacho Garrigues. La empresa de abogacía ocupará, al menos durante los próximos doce años, los casi 20.300 metros cuadrados y 30 plantas que lo componen. No será gratis. Garrigues pagará anualmente una factura millonaria a la aseguradora, que, a priori, no debería tener problemas en afrontarla, dado sus elevados ingresos, más de 440 millones en 2022.