La Universidad y la revolución liberal pendiente

Esta semana, a partir de una información publicada por El Mundo, se ha dado a conocer que una prestigiosa profesora y habitual colaboradora de medios de comunicación, Sandra León, accedió a una plaza de profesora titular en la Universidad Carlos III a pesar de no disponer de la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), el organismo encargado de evaluar y certificar los méritos de los aspirantes a las diferentes categorías de profesor universitario en España desde hace ya más de 20.

Esta acreditación expedida por la ANECA es un requisito imprescindible para acceder a la condición de profesor universitario en España y es habitual que quienes aspiran a ello estén al corriente de este requerimiento desde los estadios iniciales de su carrera y que, aquellos académicos que habiendo desarrollado su carrera en el extranjero y deciden continuar su actividad en España, tampoco sean ajenos a la necesidad de satisfacer este requisito, por muy diferentes que sean los sistemas universitarios de los que proceden. De hecho, lo más habitual no es el desconocimiento del requisito, sino que todos los académicos nos quejemos amargamente de lo engorroso que es el procedimiento y de los problemas que da el aplicativo de la ANECA. Y los que vienen del extranjero se quejan todavía más por la falta de costumbre.

Todos los académicos nos quejamos amargamente de lo engorroso que es el procedimiento y de los problemas que da el aplicativo de la ANECA

Ante tamaña irregularidad la Universidad Carlos III ha iniciado una investigación interna para tratar de dilucidar lo sucedido, al tiempo que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ha afirmado que esa plaza debería ser anulada, una posibilidad que ha provocado una airada reacción por parte de algunos colegas de la profesora, muchos de los cuales, al igual que ella, vinculados a una reputada escuela académica, el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March, precisamente absorbido por la Universidad Carlos III en 2013. Estos apoyos han argumentado que la profesora es víctima de un error burocrático y que sus indiscutibles méritos académicos la hacen merecedora de una 'solución' (sic) por parte de la universidad. No dicen nada, en cambio, de la anomalía que supone que la Universidad haga públicas dos convocatorias para la misma plaza, una exigiendo el mérito y una posterior sin exigirlo, algo que alimenta la sospecha de que más que de un error se trata una omisión deliberada. O de la obligación de que los miembros de los tribunales revisen concienzudamente los requisitos y los méritos de los candidatos. Les aseguro que cuando a mí me toca hacerlo soy muy concienzuda a riesgo de que el menor desliz me pueda suponer una acusación de prevaricación.

Este singular caso es muy revelador de uno de los principales problemas de la universidad española y que no es precisamente la falta de financiación o la falta de talento sino más bien el hecho de que algunos miembros de la academia, por suerte cada vez los menos, parecen no darse por enterados de que España es un estado de matriz liberal en el que rigen las normas y los procedimientos, y que la universidad debe funcionar de acuerdo a ello. Por el contrario, algunos siguen pensando y actuando como si en la universidad todavía rigiese una lógica medieval, lo que implica el reconocimiento de la existencia de unos señores feudales que deciden el futuro de sus protegidos, así como la aceptación y la complicidad con unas praxis repletas de irregularidades y arbitrariedades concebidas para proteger a los miembros de los respectivos clanes. Claro, hasta que topan con el Estado de Derecho.

Me decía una querida amiga días atrás que era gracias a la ANECA, esa agencia que nos obliga a unos procedimientos tan engorrosos y a ir siempre a la caza del papel que acredite la menor de nuestras actividades, que ella era catedrática y que sin ese organismo todavía estaría esperando a que el catedrático de turno le diese el plácet. Bendita sea pues la ANECA que nos libra del yugo feudal, aunque quizás precisamente por ello algunos quieran saltársela. Y bendita sea también porque, además, como también dice mi amiga, ha acabado con el tradicional poder ejercido por barones varones. Y asimismo bendita sea la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que introduce el mecanismo del sorteo para decidir la composición de los tribunales que han de juzgar los concursos para el acceso a las plazas de profesor universitario. Pequeños pasos para que la revolución liberal llegue también a la universidad, a pesar de las resistencias.