SÁHARA OCCIDENTAL
Así es el plan de autonomía que Marruecos propone para el Sáhara Occidental
La población saharaui asumiría competencias administrativas, financieras, fiscales, sociales y culturales, mientras Rabat se reservaría las atribuciones de seguridad nacional, defensa y relaciones exteriores
Armando Huerta
El plan de autonomía sobre el Sáhara Occidental que Marruecos presentó en abril de 2007 en la ONU como solución al conflicto sigue siendo el mismo quince años después. La propuesta consta de 35 puntos e incluye la negociación de un nuevo estatuto de autonomía para la región del Sáhara en el marco de la soberanía del reino alauí y de “su unidad nacional”.
La iniciativa que promueve Rabat y que ahora el Gobierno español considera “una base seria, realista y creíble”, sigue encontrando el enérgico rechazo del Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional saharaui. Marruecos considera, y así consta en el plan de autonomía, que su iniciativa “es portadora de la promesa de un futuro mejor para las poblaciones de la región (del Sáhara), pone fin a la separación y al exilio, y favorece la reconciliación”.
COMPETENCIAS DEL ESTADO
El plan de autonomía asigna una serie de competencias al Sáhara y otras, con carácter exclusivo, al Estado, que conservaría todos los atributos relativos a la soberanía (bandera, himno nacional, moneda) y a las competencias constitucionales y religiosas del Rey como “emir de los creyentes y garante de la libertad de culto y de las libertades individuales y colectivas”.
Así mismo, el Estado se reservaría la seguridad nacional, la defensa exterior y de la integridad territorial, las relaciones exteriores y el régimen de explotación de los recursos naturales.
COMPETENCIAS DEL SÁHARA
El documento presentado en Naciones Unidas confiere a las poblaciones de la Región autónoma del Sáhara, a través de órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, diversas atribuciones en desarrollo económico, fomento de las inversiones, comercio, agricultura, industria y turismo, así como en materia de presupuesto y fiscalidad.
El Sáhara tendría también competencias en administración (incluida la policía local), en infraestructuras (agua, electricidad, transporte), en iniciativa social (vivienda, educación, sanidad, empleo, deporte y medio ambiente) y en cultura, donde se incluye la promoción del patrimonio cultural saharaui hassaní.
La Región autónoma del Sáhara dispondría, según el plan diseñado por Rabat, de recursos financieros derivados de los impuestos territoriales e ingresos por la explotación de recursos naturales situados en el Sáhara y percibidos por el Estado.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
El Sáhara contaría con un Parlamento regional compuesto por miembros elegidos por las diferentes tribus saharauis y por miembros elegidos por sufragio universal directo por el conjunto de la población saharaui. Este órgano legislativo “deberá comprender una representación femenina apropiada”, se lee en el documento.
El poder ejecutivo recaería en un jefe de Gobierno elegido por el Parlamento regional e investido por el Rey, siendo representante del Estado en el Sáhara.
Habría un Tribunal Regional Superior, que sería la más alta jurisdicción dentro del Sáhara. Las leyes, que emanarían de los órganos del Sáhara, deberán ajustarse al estatuto de autonomía y a la Constitución del Reino.
CONSULTA Y REFERÉNDUM
El plan de autonomía que defiende Marruecos establece que el estatuto de autonomía “sea sometido a una consulta mediante referéndum de las poblaciones concernidas, conforme al principio de autodeterminación”.
La iniciativa marroquí está inspirada, según el propio documento, en “un espíritu de apertura” y “se propone crear un proceso de diálogo que desemboque en una solución mutuamente aceptable”. Marruecos concluye en el último punto de su propuesta que se ofrece “una oportunidad histórica para resolver definitivamente esta cuestión”.
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