Investigado el hijo del dictador Teodoro Obiang por el blanqueo en Mallorca de diez millones de euros de obra pública en Guinea Ecuatorial

El Servicio de Vigilancia Aduanera de Baleares ha desmantelado una trama que habría blanqueado diez millones de euros en Mallorca procedente de obra pública en Guinea Ecuatorial. En el transcurso de la operación, en colaboración con la Policía Judiciaria Portuguesa y Europol, se habrían investigado a seis personas, y dos más fueron detenidas. Gabriel Mbega Obiang, hijo del dictador Teodoro Obiang, se encuentra investigado judicialmente por este motivo, según recoge el Consorcio periodístico contra el crimen organizado (OCCRP). Entre ellos se encontraría el supuesto testaferro de Gabriel Obiang, de nacionalidad holandesa, arrestado en Palma por presuntos delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal.

La investigación de la denominada operación Run out partió del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Baleares. Las pesquisas se iniciaron a principios de 2021. Se detectaron conexiones con las indagaciones penales que, paralelamente, comenzaron en Portugal en torno a una empresa constructora lusa y su actividad en la obra pública de Guinea Ecuatorial. También habían aparecido informaciones periodísticas internacionales relacionadas con estos hechos.

La Policía Judiciaria de Portugal realizó 21 registros domiciliarios, donde se incautaron de abundante documentación. La investigación penal giraba en torno a cuatro personas físicas y una sociedad. Las pesquisas de la policía lusa se centraban en determinar el desvío de 'mordidas' por un montante de diez milloens de euros a patrimonios personales.

Mientras, las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de Baleares tenían el epicentro en el considerado organizador de la trama. Estas pesquisas estuvieron tuteladas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Después de un año de indagaciones, los investigadores encontraron serios indicios de ocultación de fondos de presunto origen delictivo de propiedades inmobiliarias en España. La tapadera eran empresas instrumentales. En marzo de 2022, el Juzgado autorizó el registro del domicilio en Palma del cabecilla holandés de la trama.

El registro del inmueble permitió al Servicio de Vigilancia Aduanera, en colaboración con la Policía Judiciaria Portuguesa y el apoyo operativo del Centro Europeo de lucha contra la Delincuencia Económica y Financiera de Europol (EFECC) y la participación de la Unidad Central de Auditoría Informática de la Agencia Tributaria, intervenir más de 13.000 documentos en papel de especial interés para la investigación. También se extrajo información de 43 dispositivos electrónicos, con casi cuatro terabytes de información.

En esta actuación se intervinieron, además, nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros de saldos, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros, 15 relojes de alta gama por valor de 150.000 euros. También fue embargada la propiedad de unos derechos de uso vitalicio en un club de golf valorada en más de 100.000 euros.

Asimismo, los investigadores lograron que se ejecutaran órdenes de embargo y prohibición de najenación de once inmuebles situados en Mallorca y propiedad de las sociedades investigadas por el blanqueo de capitales, valorados en más de cinco millones de euros.

Así funcionaba la trama

La laboriosa investigación realizada a partir de la documentación intervenida muestra múltiples evidencias del concierto para delinquir entre todos los investigados. Esta se basaba en facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos presuntamente falsos de consultoría, documentos y pruebas que demostrarían el desvío o ‘mordida’ del 10% del valor de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. Su posterior blanqueo se realizaba a través de un entramado societario y operativas de ocultación, y el remansamiento posterior en el patrimonio controlado de forma directa o indirecta por el organizador de la trama y otros investigados.

De acuerdo con estas investigaciones, la trama había constituido una compleja estructura societaria internacional para canalizar las comisiones ilegales, controlada a través de fideicomisos (‘trust’) y sociedades radicadas en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda, entre otros. Luego iban a parar estos fondos a inversiones controladas por el organizador de la trama en España y Holanda. El vértice de esta estructura societaria para desviar y ocultar el origen de los fondos estaría radicado en un fideicomiso de Liechtenstein. De este se derivaba otro fondo que controlaba el cabecilla de la organización, residente en Palma.

Inversiones inmobiliarias en Mallorca y Holanda

Según la documentación analizada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, un porcentaje relevante del desvío de fondos se habría ocultado en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma. Sus administradores habrían acordado acordado con el organizador de la trama la cesión del control de los principales inmuebles, ubicados en una urbanización situada a las afueras de Palma, por una inversión de más de 3,5 millones de euros.

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Otra parte importante habría sido invertida en Holanda, utilizando sociedades pantalla para ocultar inversiones en una conocida marca de productos cosméticos, por valor de más de siete millones de euros, entre otras inversiones en negocios holandeses.

La investigación ha presentado una gran complejidad, tanto por la dificultad de los delitos investigados como por la elaborada estructura societaria internacional. Por ello ha requerido diversas solicitudes de información a terceros países y un importante trabajo de análisis de la operativa financiera, mercantil y societaria, junto con el procesamiento yanálisis de la documentación física y digital intervenida en los registros.