SECTOR INMOBILIARIO

El Gobierno aprueba la Ley de Suelo con la incógnita de si el PP o los socios de investidura la respaldarán

La modificación de la regulación existente en materia urbanística deberá contar con el visto bueno del Congreso y Senado en las próximas semanas

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / chema Moya

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Gabriel Santamarina

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en su reunión de hoy a la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Tras esta aprobación por parte del Ejecutivo, la norma deberá contar con el apoyo de la mayoría en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, donde se espera una dura tramitación.

La modificación del marco regulatorio en materia de urbanismo se empezó a plantear durante la pasa legislatura. Isabel Pardo de Vera, entonces secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició la redacción del texto, en octubre de 2022, el cual acabó decayendo por la convocatoria de elecciones. Con el Ministerio de Vivienda ya creado, fue la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, la que recuperó la tramitación de la nueva Ley de Suelo, una de las históricas reclamaciones del sector inmobiliario.

El nuevo marco normativo, principalmente, contempla que los nuevos desarrollos urbanísticos o nuevos barrios no puedan ser paralizados por defectos de forma. De gran medida, se pretende acelerar la tramitación de suelo, con el fin de ampliar la oferta de viviendas y así paliar las subidas de precios en el mercado. Según explican fuentes del Ministerio de Vivienda, la reforma normativa es "importante para poder acometer las inversiones comprometidas por el Gobierno en el Plan de Recuperación", además de que sirve para acercarse en esta materia "a países de como Francia, Italia y Alemania".

Tramitación en el Congreso y Senado

En las próximas semanas, la modificación iniciará los trámites parlamentarios para ser aprobado por el Congreso y el Senado, aunque, a priori, no será fácil. Los socios de Gobierno de Sumar no ven con buenos ojos y presentarán una observación formal en el Consejo de Ministros sobre el contenido de la reforma, según ha explicado El País. Tampoco Podemos apoyará la modificación de la Ley de Suelo.

Por el momento, no se conoce el posicionamiento del PP. En principio, siguiendo la línea ideológica del partido, está medida tendría cabida porque supondrá una mayor liberalización del suelo. Sin embargo, en el ambiente de crispación política, su apoyo no será sencillo. Por ejemplo, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo dejó en el aire su apoyo a una ley contra la prostitución, mientras que, en la anterior legislatura, sí dieron su beneplácito a un texto similar.

Desde el Congreso de los Diputados, esta mañana, Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha insinuado su negativa a apoyar la medida: "Asistimos a una situación dantesca, en la que el propio Gobierno se divide y presenta proyectos de ley no respaldados por ellos mismos. No conozco el texto, pero lo que puedo recordar es la frase que le dijo Feijóo a Sánchez: cuando le fallen sus socios no vengan a buscarme".

Los ayuntamientos y la patronal, a favor

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Fuera del color político, hay consenso los ayuntamientos y las comunidades con la modificación de la Ley del Suelo. Inés Rey, vicepresidenta Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de A Coruña, señala: "Con su aprobación, se da respuesta a una petición unánime de la FEMP para dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de tramitar sus planes urbanísticos, que por meros defectos formales estos no se queden paralizados".

También la patronal está a favor de la medida. "En la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Se trata de un dato muy revelador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos de población, en estos municipios afectados se concentra una población de casi cuatro millones de personas", señala la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), en un comunicado, poniendo dimensión al problema. Creen que la nueva medida del Ejecutivo es un "importante paso" para "garantizar la seguridad jurídica en el urbanismo".