Aguacates pendientes de una desaladora

Una reportaje sobre el principal negocio de aguacates de Europa, la cooperativa Trops de Vélez-Málaga, acaba por descubrir las miserias de la burocracia y la mediocridad política de España a propósito del agua. Una falta de previsión e incapacidad, ¿o es cobardía?, a la hora de tomar medidas que pueden ser incluso impopulares impiden alargar las luces, pensar a largo plazo. Si un buen jugador de ajedrez es aquel que sabe prever todas las probabilidades del juego cuatro o cinco movimientos más allá, un buen político -también empresario- es quien es capaz de otear el horizonte más allá del metro de distancia que tiene delante de sus ojos. Desgraciadamente, siempre hay excepciones, la política actual vive del consumo de la encuesta, del votito para mantenerse en el poder cueste lo que cueste, del segundo a segundo, de ser incapaz de establecer una estrategia. Todo es tacticismo.

Si Málaga, y para ser más concretos la comarca de la Axarquía, no tiene aún en funcionamiento una desaladora que permitiría abastecer la demanda de agua del campo y del turismo, no es por culpa de la empresa privada. Es culpa de la desidia pública, especialmente del Gobierno central, que abortó el intento de la Junta de Andalucía de dar vía libre a su construcción. Había proyectos y había interés. Solo era necesario adjudicar el ganador final, una firma y un adelante. Como el Ministerio de Transición Energética aspira a diseñar -más burocracia, más controles, más intervencionismo- el gran Plan Hidroenergético Nacional, pidió paralizarla hasta nueva noticia. A cambio, prometió alcanzar cien millones de euros con la presunta ayuda de los fondos europeos. Los pondría a disposición de no se sabe muy bien quién para construir su desaladora. En la Axarquía, mientras tanto, secos. Luego vendrán las quejas sobre por qué hay agricultores que hacen pozos ilegales.

¿Cómo acabará la historia? Nadie pone la mano en el fuego. Existe la esperanza de que la Junta de Andalucía acabará por tomar su propia decisión y concederá la licencia para construir su desaladora. En dos meses ocurrirá, asegura a ‘activos’ una de las empresas que opta a su construcción. Con ella, ya en 2027, una vez finalizada, se estaría preparado para soportar cualquier sequía.

Empiezan las prisas y las carreras mientras la mayoría de la España mediterránea sufre la falta de lluvias. Las desaladoras que hay son insuficientes y debatir sobre nuevos trasvases genera absurdas rivalidades regionales.

En España no ha sido siempre así, independientemente de los regímenes políticos. Según el Ministerio de Agricultura, en este país hay 1.500 embalses, de los cuales 372 pueden considerarse grandes, con un almacenamiento total de 56.000 hectómetros cúbicos. El más grande es el de la Serena, en la provincia de Badajoz, con una capacidad de 3.223 hectómetros cúbicos y acabado de construir en 1989.

Los planes hidrológicos empezaron a desarrollarse en toda su amplitud a partir de 1902, con el ministro de Agricultura y Obras Públicas de entonces, Rafael Gasset. Sus proyectos y su diseño se fueron ampliando en los siguientes años y se combinaron con otro de los visionarios hidráulicos que tuvo España, Manuel Lorenzo Pardo. Fue el gran impulsor de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que dirigió y se fundó durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1926. Tal era su prestigio que en 1933 fue Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas de la Segunda República, quien le encargó que elaborara un Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Entre muchas actuaciones, perfiló el trasvase Tajo-Segura. De 1948 al 1951, bajo la dictadura franquista, asumió el cargo de presidente del Consejo Nacional de Obras Públicas. La gran mayoría de pantanos inaugurados por Franco, de los que tanta gala hacía el NO-DO, tienen un diseño pretérito.

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Que lo ocurrido antaño sirva para enrojecer de vergüenza a la política actual. Si Manuel Lorenzo Pardo logró mantener un denominador común de políticas públicas en medio de regímenes tan distintos, ¿por qué no se pueden establecer en la actualidad políticas comunes y consensuadas en temas tan estratégicos para el desarrollo de España como la energía y el agua? Claro que cómo se van poner de acuerdo en esto cuando ni siquiera se ponen de acuerdo en políticas educativas ni en ordenar de una vez el sistema judicial.

Ayuntamientos, comarcas, entidades metropolitanas, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, Gobierno central, directivas europeas... Aquí legisla todo el mundo, pero quien sale perjudicado es el ciudadano y también las empresas. ‘activos’ fue a Málaga a descubrir las razones por las que el aguacate español inunda Europa. El ejemplo de Trops, una cooperativa de 4.000 socios, pone al descubierto la desesperación de la falta de previsión. Hay que empezar a pedir responsabilidades.