La flota refuerza su batalla contra el tarifazo de Milei: “Nos vamos a ir a pérdidas”

La industria pesquera es, según los últimos datos disponibles (primer semestre de 2023), el octavo complejo exportador de la economía argentina. Solo le preceden las siguientes actividades: soja, automoción, productos del petróleo, maíz, carne, metales preciosos (oro y plata) y la cebada. Una dimensión mayúscula que choca con un “grado atroz de desconocimiento” hacia el sector, como explica a Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, el portavoz de una de las grandes armadoras del país. Por eso, en las últimas semanas delegaciones de empresarios tuvieron que explicar a los legisladores qué es un caladero, qué significa tener un área exclusiva marítima –hasta 200 millas mar adentro a lo largo de toda la costa– o que hay varios tipos de merluza en sus aguas. Y, aunque la constitución de Argentina determina que “todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad” (artículo 16), “no se puede dejar que funcionarios que no tienen ni idea redacten leyes de este calado”. Se refiere este directivo a los de la cuerda del ultraliberal Javier Milei, que ha puesto sobre la mesa una desregulación total de la pesca que amenaza la continuidad de la flota de capital gallego. La industria enfrenta estos días una misión urgente: didáctica entre diputados y senadores para abortar el decretazo de las “ideas de la libertad” y salvar un negocio de más de 400 millones de euros anuales.

Básicamente, son dos los dardos lanzados por la Casa Rosada y que suponen un riesgo de colapso para el sector en Argentina. El más mediático implica la subasta internacional de los permisos de pesca y acceso, sin la obligación de descargar en los puertos locales y sin requisitos de contratación de tripulantes o inversiones. Es el que retiraría a las compañías de capital gallego los derechos adquiridos a lo largo de más de 30 años de presencia y desarrollo en el país. El segundo, comparten las fuentes consultadas de la industria, es el más inmediato: la fijación de un impuesto sobre el 15% del valor de todas las exportaciones. “Va directamente a las arcas de las empresas, es algo extremadamente grave y tenemos que pararlo ya”. Solo para las compañías participadas por grupos gallegos (Iberconsa, Nueva Pescanova, Profand, Wofco, Vieira, Videmar o Gandón) el tarifazo superará los 50 millones de euros al año, como avanzó FARO. “Nos vamos a pérdidas, ya estamos ahora lejos del break even (cubrir gastos)”, agregan. Los dos misiles, el de la subasta de derechos de pesca y el impuesto a las exportaciones, están incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 30/2023) que Milei quiere validar este mes.

Las cámaras pesqueras del país van de la mano con los gobernadores de las provincias patagónicas y de la propia Buenos Aires. “Estamos evangelizando a diputados y senadores. Como decimos acá, están en pelotas. El desconocimiento es atroz y también es por una falencia del propio sector, que nunca supo vender su actividad”, comparten desde una armadora de Mar del Plata, con una docena de buques y plantas de procesado. ¿Hay opciones de frenar el macrodecreto o DNU en las cámaras legislativas? Todo está abierto, de momento. “Ahora mismo solo tenemos un ramo de flores en las manos, muchas promesas pero ninguna garantía. El ambiente se está caldeando”. Porque el escenario ya era endiabladamente complejo antes de la andanada legislativa de Milei. Como ha expuesto el portal especializado marplatense Pescare, “los precios del año pasado colocan al negocio cercano a una pérdida de 300 dólares por tonelada” solo en el caso del langostino. Solo para las principales referencias de capital gallego en Argentina, el roto en este producto –por su depreciación, y teniendo en cuenta el coste de flota, elaboración y logística– supera los 18 millones de euros. El precio llegó a marcar los 5.800 dólares la tonelada; el promedio del año post-COVID (2021), por ejemplo, fue de 7.250 dólares la tonelada. La campaña de Navidad, al menos en España, no sirvió como acicate; no hubo remontada.

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El respaldo de los gobernadores de la Patagonia –Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro)– y Buenos Aires (Axel Kicillof) evidencia hasta qué punto están comprometidas las economías de estas zonas. Hasta la llegada del ultraliberal al poder, los productos pesqueros sufrían una retención progresiva en las exportaciones: cuanto más valor añadido se le daba a las especies en tierra menos tenían que pagar. Su DNU fija un 15% único para todos los productos, cualquiera que sea su tratamiento y sin importar el procesado y generación de empleo en territorios como Puerto Deseado, Mar del Plata o Puerto Madryn. “Nadie te va a elaborar acá, obtendrá el producto y dirá, que lo haga otro”, ilustró a este periódico el secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), Pablo Trueba. Así que las provincias se quedarían sin palancas para favorecer la creación de empleo y generación de riqueza, y las empresas sin valorizar un producto que tiene que competir con el langostino vannamei (de acuicultura) y ha de huir de la venta como commodity.

Y, por supuesto, este tarifazo del 15% sumado a la entrada masiva de armadoras internacionales –sobre todo asiáticas, como coinciden todas las voces consultadas– convertiría a Argentina en un punto de extracción de recursos, al margen de cobrar por la subasta de las licencias. “Es un despropósito que nos deja fuera de mercado, estamos peleando pero tenemos muchos condicionantes en contra”, resumen las mismas fuentes. No solo por las reticencias del propio Milei, que no está dispuesto a cambiar una sola coma de su DNU, sino por un abanico heterogéneo de legisladores que desconoce el sector y que no tendrían inconveniente en sacrificar la vigente Ley Federal de Pesca en aras de una supuesta mayor recaudación y para romper cualquier vínculo con el peronismo. “La agenda es completa, va a ser determinante esta semana”.