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Imagen de la acería Celsa en Castellbisbal.
El futuro de Celsa todavía es muy incierto, después de que un juez acordara este mes que el primer productor de acero circular de Europa pasara a manos de sus acreedores financieros. El magistrado, en una medida sin precedentes en España –desde la entrada en vigor de la ley concursal- y contra la que no cabe recurso, dio más credibilidad a los acreedores que a los fundadores, la familia Rubiralta. Decretó que la empresa valía menos que su deuda y defendió que, en una economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica.
La decisión del juez, que todavía carece de fecha de ejecución, ha sido contestada por un amplio frente político, empresarial y social. Preocupa la continuidad del empleo y de la actividad del mayor grupo industrial privado de Catalunya con unos nuevos propietarios cuyo objetivo principal es rentabilizar su inversión con fuertes plusvalías.
En esta línea, el Gobierno, autor de la ley que aplica el juez, respeta la sentencia pero quiere poner condiciones a la operación. Para ello se valdrá de la normativa antiopas que aprobó en pandemia para frenar que empresas estratégicas pasaran a manos extranjeras. Los acreedores de Celsa dudan de la aplicación del escudo antiopas porque varios de ellos son europeos.
Noticias relacionadasMientras se despejan estas incógnitas, cabe reconocer que todos los actores de este caso han cometido errores que, de corregirse en un ejercicio de sana autocrítica, podrían facilitar un gran acuerdo que dé continuidad a Celsa. Los Rubiralta recurrieron en exceso a la deuda para financiarse –2.900 millones de euros, según la sentencia- y se equivocaron al querer mantener el 100% de la propiedad en poder de la familia a toda costa. Debieron negociar más con unos acreedores a los que antes habían pedido ayuda y a los que después impagaron, que no son como hermanas de la caridad y que tampoco están libres de culpa. Ellos sabían a quién prestaban su dinero y conocían de primera mano las debilidades de la empresa. La plusvalía no puede ser lo único que importe. Por su parte, las administraciones que dieron préstamos a Celsa cuando tenía dificultades y que ahora se lamentan podían haber limado asperezas entre las partes. Un acuerdo hubiera sido mejor que llegar a los tribunales y depender de un juez que se lo fía todo al mercado y contra el que no cabe recurso.
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