El sector inmobiliario ve "electoralista" la nueva Ley de Vivienda y cree que "generará que se retire vivienda del mercado"

El sector inmobiliario reacciona ante la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Gobierno en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya y Euskal Herria Bildu, en las próximas semanas. El consenso del sector es que esta medida tiene un carácter "electoralista", en vistas a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo; aunque la utilidad real sea "nula".

Inmediatamente después del anuncio por parte de ERC y EH Bildu, la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA), que engloba a las principales compañías inmobiliarias españolas con toda clase de activos, ha calificado la nueva Ley de Vivienda como "una medida cortoplacista y contraproducente", que" no resuelve el verdadero problema de fondo del alquiler en España, la falta de oferta". Entre las consecuencias inmediatas destacan que "va a generar que se retire vivienda del mercado" y que los precios "se encarezcan en el medio y largo plazo". ASIPA también esperaba que "tuviera más alcance de miras y que hubiera contado con la opinión de todos los involucrados", además de denunciar que "aprobarla de forma apresurada y con ruido político e ideológico de fondo, y a las puertas de unas elecciones, no parece que sea la mejor forma de hacerlo".

Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APC) son prudentes "a falta de conocer el texto final de la Ley". En rasgos generales, opinan que las medidas de intervención de los precios en los alquileres de vivienda "limitará más todavía la oferta y tendrá un efecto alcista en los contratos nuevos para compensar el intervencionismo". Además, ponen el ejemplo de Cataluña, donde apuntan que ha disminuido la oferta y ha perjudicado el acceso al alquiler de los jóvenes. "Respecto a los grandes tenedores, la reducción de 10 a 5 inmuebles para ser considerado gran tenedor pone el foco en las personas físicas, además de en las jurídicas, lo que supondrá que se pongan en el mercado de venta más viviendas con la consecuente desaparición de esas del mercado del alquiler”, concluyen.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), una compañía especializada en la gestión de arrendamientos, va un paso más allá y considera que la nueva regulación "ataca la libertad de los arrendadores". ANA cree que se trata de una nueva "injerencia de lo público en lo privado, lo que consigue es distorsionar y desequilibrar un mercado entre particulares, que debe regirse por la relación entre la oferta y la demanda".

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), participada por los grandes caseros de España y pequeños propietarios, aún no ha hecho público su comunicado. Sin embargo, en el emitido tras la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros ya señalaban que "la regulación de precios no va a solucionar el problema de falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible". La asociación liderada por Joan Clos, exministro de Industria y exalcalde Barcelona con el PSC, cree que "la experiencia internacional ha demostrado que el control de precios reduce la oferta y limita la inversión, dificultando aún más el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables" y que generará "gran inseguridad jurídica en el mercado".

Ley de oferta y demanda

El sector inmobiliario defiende como la ley de oferta y demanda es la que regula el propio mercado, frente a la intervención de precios. José Ramón Zurdo, director general de ANA, ejemplifica cómo durante la pandemia se contuvieron los arrendamientos: "Los precios bajaron porque se incorporaron al mercado del alquiler tradicional muchas viviendas que antes se alquilaban como turísticas y también porque salieron al mercado nuevas viviendas para complementar los ingresos de los arrendadores”.

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Precisamente, el portal inmobiliario Fotocasa considera que el Gobierno ha centrado su regulación exclusivamente en la demanda, "en la protección a los inquilinos y colectivos vulnerables". "El otro eje fundamental que conforma el mercado, los propietarios, quedan desprovistos de seguridad jurídica, una situación que obstaculiza la generación de un clima de confianza", añaden.

Además, Fotocasa pronostica que "estas nuevas medidas no están teniendo en cuenta el largo plazo, sino solo centrándose en el corto plazo, al suponer un respiro para los inquilinos que ya tienen un contrato" porque "los nuevos inquilinos o colectivos vulnerables como los jóvenes que buscan vivienda por primera vez o que se introducen en el mercado, probablemente se encontrarán con un mercado del alquiler cada vez más limitado en cuanto a oferta y menos dinámico, en el que será muy difícil entrar".