AGRO

Otro golpe a la agricultura, ahora desde Bruselas

El sector se enfrenta a una reducción de 16 millones en las ayudas de la PAC, al endurecerse los requisitos, y deberá cumplir con normas ambientales más estrictas

Otro golpe a la agricultura, ahora desde Bruselas
6
Se lee en minutos
Redacción

El plena tormenta por las catastróficas consecuencias que puede tener el recorte del trasvase Tajo-Segura, la Unión Europea (UE) también ha decidido atizarle a la agricultura alicantina. Y lo ha hecho a través de la reforma de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), que ha entrado en vigor este mismo mes de enero y que puede traer como resultado una reducción de 16 millones de euros en las ayudas que venía percibiendo el sector, lo que supondría dejarlas prácticamente en la mitad. El endurecimiento de los requisitos y las nuevas exigencias medioambientales amenazan con dejar fuera de este programa de subvenciones a cientos de agricultores, en lo que supone un grave riesgo para la continuidad de sus explotaciones. También los ganaderos se van a ver afectados por los cambios aprobados.

La PAC se creó en 1962 con el objetivo de respaldar al sector agrario y ganadero, insuflándole ayudas para mejorar la rentabilidad de determinadas explotaciones que, sin estos apoyos, no resultarían sostenibles a nivel económico. Pues bien, si en los últimos años las quejas ya eran prácticamente unánimes en la provincia, al considerar que se estaba beneficiando a las grandes extensiones de cultivo en detrimento de las más pequeñas, que son las que imperan en territorio alicantino, las nuevas directrices para este ejercicio no han hecho otra cosa que profundizar en este aspecto.

Así lo señala el economista y técnico de Asaja, Lorenzo Chinchilla, quien no duda a la hora de señalar que, "con esta nueva PAC, muchos agricultores que hasta ahora percibían las ayudas se van a quedar fuera, sobre todo por el requisito de que estén dados de alta como autónomos en el régimen agrario, cuando en nuestra provincia predominan los minifundios, el agricultor a tiempo parcial y los autónomos en el régimen general, porque se dedican a otras actividades". 

El experto, asimismo, destaca que los agricultores deberán acogerse a los denominados eco-regímenes, es decir, las exigencias medioambientales, a pesar de ser de voluntario cumplimiento. Y es que, asevera, en caso contrario, perderían, ya de entrada, el 25% de las ayudas tras la eliminación del pago verde. Pero ahí no queda la cosa, dado que, añade Chinchilla, "la aplicación de estos regímenes supondrá más gastos en la explotación y es muy probable que un menor rendimiento de los cultivos, con un recorte de los ingresos procedentes de los diferentes conceptos de la PAC". Entre las prácticas a llevar a cabo figuran las rotaciones de cultivos, la siembra directa y las cubiertas vegetales o inertes en los cultivos leñosos. También, en el caso de la ganadería, prácticas de pastoreo extensivo en superficies de pastos, así como su siega sostenible.

Podas

Otro de los asuntos controvertidos es la prohibición de la corta y poda de los árboles y setos entre los meses de marzo y agosto, lo cual perjudica directamente a los cítricos y al olivar, dos cultivos emblemáticos para la provincia.

A todo ello hay que sumar la exigencia tanto para los agricultores como para los ganaderos de llevar un cuaderno digital para apuntar las operaciones y tratamientos fitosanitarios cada quince días, para lo cual necesitarán contar con tecnologías más avanzadas o con un apoyo continuo de gestores a tal efecto.

La aplicación de todos estos requisitos, calcula Chinchilla, propiciará que la percepción de ayudas caiga a la mitad, lo que supondrá dejarse por el camino alrededor de 16 millones de euros.

Obtenida una visión general de las perniciosas consecuencias que puede tener esta PAC, toca aterrizar sobre el terreno. Ricardo Ferri es un productor de cereales de la comarca de l’Alcoià, que tiene claro que le va a perjudicar. "Si queremos recibir las ayudas -explica-, vamos a tener que plantar un 10% de leguminosas, como lentejas o guisantes, que después se podrán utilizar como fertilizante. El problema es que son productos que no tienen apenas salida comercial, por lo que es dinero que se pierde". A ello suma la obligación de contar con el cuaderno digital, lo que, enfatiza, "va a suponer un problema, sobre todo para las personas mayores, que no sabemos manejarnos con las nuevas tecnologías. La realidad es que cada vez nos lo ponen más complicado".

En lo que respecta a la ganadería, Juan Luis Gimeno, propietario de una explotación de cabras en Monóvar, explica que las ayudas destinadas a los denominados derechos esenciales, es decir, los ganaderos que llevan dedicados a esta profesión toda su vida, se van a ver reducidas a la mitad. Todo en una dinámica que se viene manteniendo en los últimos años, y que prima a las explotaciones intensivas en detrimento de las semintensivas, que son mayoritarias en la provincia. "El resultado de todo esto -lamenta- va a ser la desaparición del sector, porque, encima de que no hay relevo generacional, nos fuerzan a trabajar a pérdidas".

Con todo ello, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, asevera que la nueva PAC "no apuesta por la productividad ni mejora la calidad de nuestros cultivos, y sus ilógicos requisitos medioambientales y digitales dejarán fuera a un montón de agricultores por no poder cumplir las nuevas obligaciones y dificultar la burocracia". En este sentido, la organización agraria sostiene que "se trata de un ataque directo a los trabajadores del campo, en un contexto en el que cada vez llega menos dinero de Europa".

Noticias relacionadas

También el secretario general de La Unió, Carles Peris, considera que la PAC va a resultar negativa para la Comunidad Valenciana en general, y la provincia de Alicante en particular. "Los nuevos requisitos -subraya- van a complicar el acceso de las ayudas a las explotaciones pequeñas, que son las nuestras. De hecho, ya hace tiempo que se está beneficiando a las más grandes, como las que hay en Andalucía, y se ha profundizado en la misma dirección".

Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, se muestra más prudente. De entrada, señala que la nueva PAC tiene un mayor componente medioambiental, "algo en lo que podemos estar de acuerdo, siempre que haya reciprocidad con relación a terceros países», matiza. Respecto a los fondos, afirma que la Comunidad Valenciana "debería captar más ayudas a nivel global, si somos capaces de adaptarnos a estas exigencias", aunque también reconoce que "hay comarcas que deberán ajustarse más que otras". Con todo, señala que habrá que esperar al final del proceso para hacer un balance de los cambios adoptados por la UE.

Tijeretazo a los productos fitosanitarios

La nueva PAC que acaba de entrar en vigor pone especial énfasis en la sostenibilidad y el respeto medioambiental, lo que ha propiciado, denuncian desde Asaja, que se exija a los agricultores una reducción de más de la mitad de los productos fitosanitarios, al tiempo que se ponen trabas en el uso de fertilizantes. El presidente de la organización agraria en Alicante, José Vicente Andreu, afirma que estas restricciones "nos dejan aún más desprotegidos frente a países terceros". Y es que, según sus palabras, "las nuevas exigencias van en la dirección opuesta al principio de reciprocidad a la hora de competir en igualdad de condiciones y garantizar la seguridad fitosanitaria, por lo que se comprometerá aún más la seguridad alimentaria de los ciudadanos, a la vez que se espera una menor productividad de las cosechas, lo que podría afectar al precio de nuestras frutas y verduras".

En parecidos términos se expresa Ricardo Ferri, productor de cereales, quien no duda a la hora de señalar que las nuevas normas que emanan desde Bruselas son contradictorias. "Por un lado -subraya-, nos exigen la siembra directa, porque se remueve menos el terreno, y, por otro, nos dejan sin fitosanitarios, cuando es imprescindible para proteger los cultivos de las plagas y asegurarnos una cierta rentabilidad en nuestro trabajo".