GUERRA DEL AGUA

El Consejo de Estado pide que el caudal ecológico del Tajo y el trasvase sean compatibles

El dictamen del órgano consultivo del Gobierno arma de argumentos a regantes, empresarios y Consell para su recurso ante el Supremo al considerar que los planes del Tajo y del Segura debieron coordinarse

El Consejo de Estado pide que el caudal ecológico del Tajo y el trasvase sean compatibles
8
Se lee en minutos
F. J. Benito

Observaciones históricas y de peso a favor del Tajo-Segura. El informe de casi cien páginas que ha remitido el Consejo de Estado a la vicepresidenta Teresa Ribera deja cristalino que el Ministerio para la Transición Ecológica no ha actuado con transparencia en la tramitación de los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, cuya redacción se había de haber hecho de forma coordinada, ni con la disposición novena que abría la puerta a revisar los caudales ecológicos del río en 2025. 

De esa forma, el documento arma a los regantes y el Consell para que puedan acudir a la Justicia con ciertas garantías de éxito si el Gobierno sigue con su decisión de aprobar los planes hidrológicos el próximo martes en Consejo de Ministros. Incluso, en el documento se advierte que la planificación hidrológica de ambos planes va en contra del interés general y que el caudal ecológico del Tajo y el trasvase de agua a la provincia deben armonizarse.

El dictamen es negativo porque entiende que el proyecto no garantiza la coordinación de los planes del Tajo y del Segura ni el cumplimiento de la legislación del trasvase. Por ello, recomienda la modificación del modo de implantación de los caudales ecológicos, según advierte el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, tras estudiarse el dictamen.

El Consejo deja claro, por lo tanto, que el Ministerio no actuó con la debida transparencia en la modificación de la disposición adicional novena que abría la posibilidad a la revisión al alza de los caudales ecológicos. El Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura tiene previsto llevar el plan al Juzgado cuando tenga constancia de la aprobación y publicación en el BOE, y pedirá al juez medidas cautelares inmediatas, según apunta su vicepresidente, Javier Berenguer. 

Los regantes vuelven el martes a Madrid para plantarse ante Moncloa. / INFORMACIÓN

La validación del Consejo del Agua de los planes hidrológicos del Tajo, que casi dejará sin agua del río a agricultores y a 35 municipios de la provincia a partir de 2027, y del Segura, que obliga a cerrar los acuíferos y dejar de extraer agua subterránea sin tener alternativa ni caudal suficiente con el agua desalada, se ha convertido esta semana en una muestra más del ninguneo (no es responsabilidad del Consejo de Estado, por supuesto) del Gobierno central hacia la provincia de Alicante. En juego seis mil empleos directos, 27.000 hectáreas y tres mil millones de euros de volumen económico anual solo en la provincia de Alicante. 

El dictamen subraya en cuanto el Plan Hidrológico del Tajo que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene plenas competencias para haber modificado el proyecto tras su aprobación en el Consejo Nacional del Agua al tratarse de cuencas intercomunitarias, minimizando así los argumentos legales de las alegaciones del Consell y los regantes, que terminarán en el Supremo.

No obstante, también le ha dado un toque de atención importante (no vinculante) al reprocharle falta de transparencia a la hora de la modificación de la ya tristemente célebre disposición novena, y de la nula coordinación en la redacción de los planes del Tajo y Segura, que están íntimamente relacionados. En el documento también se le comenta a Ribera que para cambiar el trasvase debiera actuar primero sobre las reglas de explotación.

De la lectura del expediente remitido al Consejo de Estado se desprende que, en efecto, según su resolución, que el debate y la votación en el Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre no se desarrollaron con la claridad y la transparencia con las que debieran haber transcurrido. Ello se infiere, sobre todo, de las explicaciones de voto que se adjuntan al informe del Consejo Nacional del Agua.

En varias de ellas se pone de relieve que existió cierta confusión acerca de si el texto de la disposición adicional novena que se votaba era el original o el propuesto "in voce" por el secretario de Estado de Medio Ambiente, por lo que algunos de los votos se emitieron condicionadamente a que la redacción fuera una u otra, afirma el dictamen. 

"A juicio de este Consejo, habría sido deseable que la votación en el seno del Consejo Nacional del Agua se hubiera producido sobre una propuesta clara y concreta del texto del proyecto, preferentemente por escrito y de modo especial en relación con un aspecto tan relevante como el tratado en la disposición adicional novena, que afecta a varias cuencas hidrográficas y del que se derivan notables efectos socioeconómicos y medioambientales", según sostiene el dictamen al que ha tenido acceso este periódico.

El Consejo de Estado subraya, por otro lado, que resulta imprescindible coordinar el contenido de los planes hidrológicos de las cuencas cedente y receptora (Tajo y Segura) para garantizar su coherencia -es decir, que ambas reflejen la misma realidad- y que sus previsiones respetan la normativa específica reguladora del trasvase del Tajo-Segura.

"Dicha labor de coordinación debería hacerse efectiva, cuando menos, durante la fase de aprobación de los proyectos de plan elaborados por los organismos de cuenca y, en principio, le correspondería al Consejo Nacional del Agua". Organismo que debiera haber emitido el informe preceptivo previsto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Aguas, al Ministerio para la Transición Ecológica y, en último término, al Gobierno -que es la autoridad responsable de la aprobación de los planes hidrológicos en los términos que estime procedentes en función del interés general. 

"En el asunto sometido a consulta se aprecia una falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura que el proyecto de Real Decreto no solventa, y que puede provocar, no solamente una falta de coherencia entre los planes de cada confederación hidrográfica, sino también a una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo-Segura", se indica en la resolución. 

La falta de coherencia entre planes deriva de la circunstancia de que las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y del Segura han confeccionado sus respectivos planes hidrológicos partiendo de escenarios diversos.

Recurso judicial

Una consideración sustancial del abanico de observaciones que el Consejo de Estado -primera vez en estos tres años de guerra del Agua en que un órgano gubernamental del peso del que dirige Magdalena Valerio- es que llena de argumentos a la cuenca del Segura para defender sus argumentos legales en la batalla judicial que se avecina en el Supremo si el Gobierno aprueba los planes si incluir las sugerencias el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado no ha hecho otra cosa en su dictamen que advertir al Ministerio para la Transición Ecológica de que hay errores graves en la redacción de los planes hidrológicos del Tajo y el Segura que debían haberse elaborado de forma coordinada para garantizar su coherencia y ambos deben respetar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Acueducto del Tajo-Segura entre Murcia y Orhuela. / TONY SEVILLA

En el informe también se destaca que la disposición adicional novena no cumple adecuadamente la función coordinadora para la que fue concebida, por lo que sería necesario haber arbitrado un mecanismo eficaz de coordinación de los planes del Tajo y el Segura entre si y en relación con la normativa reguladora del trasvase. La satisfacción del interés general demanda, en este sentido, que el régimen de caudales ecológicos del Tajo se haga compatible con el trasvase. El propio Tribunal Supremo estableció, según recoge el dictamen del Consejo, la orden de fijar caudales ecológicos pero sin determinar cantidades concretas. 

Por su parte, CEV-Alicante exige al Gobierno a que respete los aspectos más relevantes que el Consejo de Estado. Por un lado, se apela a la falta de base científica que argumente el incremento de los caudales del Plan Hidrológico del Tajo, poniendo en evidencia así la falta de coordinación, metodología y transparencia seguida en el proceso.

Además, se pone en evidencia, según CEV-Alicante, que los planes del Tajo y del Segura propuestos son incompatibles. Es imprescindible que ambos planes sean coherentes y estén alineados en lo relativo a los volúmenes de agua a trasvasar. 

Joaquín Pérez, presidente de la organización empresarial reclama al Gobierno que «respete los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico, porque es la esencia de la convivencia de nuestra sociedad, y que tenga presente estos apartados del dictamen que, no siendo vinculante, sí que deja muy claro que el plan ni es coherente ni ha sido definido con rigor».

El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura considera que, a la vista de lo expresado por el Consejo de Estado, un Gobierno responsable no aprobaría el Plan Hidrológico del Tajo en los términos propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"El informe deja muy claro que el Plan Hidrológico del Tajo ni es coherente ni ha sido definido con rigor"

Joaquín Pérez

Presidente CEV-Alicante

El Consell asegura que el dictamen avala su postura

Noticias relacionadas

Ximo Puig insistió este viernes en la necesidad de garantizar el trasvase para la provincia y aseguró que "el planteamiento del Gobierno no puede ser equidistante, nunca jugaré a guerras entre territorios, pero desde luego siempre defenderé los intereses de la Comunidad".

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, se mostró firme al asegurar que "el dictamen del Consejo de Estado avala la posición del Consell" en el trasvase Tajo-Segura. Mas subrayó que este documento obliga "ahora más que nunca" a mantener el diálogo abierto. "Nosotros no tenemos más que reafirmarnos mediante el diálogo y después del Consejo de Estado exigimos al Gobierno esa vía. El dictamen deja claro que se puedan revisar las decisiones".