El botín inmobiliario de los chavistas en España

Madrid se ha convertido en destino de compradores internacionales de vivienda de lujo en la última década. Las inmobiliarias la sitúan como una de las localizaciones favoritas para estadounidenses, asiáticos y latinoamericanos y apuntan a que el cliente prime ya prefiere a la capital antes que a Barcelona, pese a que la capital es más cara.

Por otro lado, el éxodo venezolano —las familias de clase media y alta que huyen de la crisis económica de su país— es cada vez más notable en el mercado inmobiliario de la ciudad. Entre 2014 y 2018 se duplicaron las compras de vivienda por parte de ciudadanos venezolanos, que copan barrios pudientes como Salamanca o Retiro.

Entre los venezolanos que han adquirido vivienda en Madrid están las superfortunas del chavismo. Los altos cargos del régimen y empresarios afines que se enriquecieron con sobrecostes de obra pública u operaciones de cambio de divisa que controlaba el Estado. Varios de ellos están siendo investigados en España por blanqueo y pertenencia a organizaciones criminales, entre otros delitos.

Los informes policiales y de la Fiscalía Anticorrupción describen los movimientos del dinero. Son sumas millonarias que circulan entre cuentas bancarias y sociedades extranjeras y terminan en las calles más ricas de Madrid.

Mediante el análisis de media docena de informes pertenecientes a tres causas distintas, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha creado un mapa del botín inmobiliario del chavismo en el foco de la justicia. Son al menos 27 inmuebles, todos en zonas prémium, a los que hay que añadir otros 100 de un complejo urbanístico de Marbella. Por ellos se pagó un total de 70 millones de euros.

La información se puede leer o recorrer, como si fuera una ruta turística. Cada punto del mapa es una vivienda que aparece en alguno de los informes junto al dinero que costó y el comprador, que a veces es una persona y otras una sociedad.

En otro gráfico de este artículo aparecen las fechas en las que fueron adquiridas, en forma de línea temporal.

"Las agencias inmobiliarias son sujetos obligados, como los joyeros, los bancos y los notarios", indica Laura Viloria, responsable del departamento legal de Lucas Fox, una agencia inmobiliaria especializada en el sector lujo. "Eso significa que tienen la obligación de cumplir todos los mecanismos previstos por la Ley de Blanqueo de Capitales para denunciar cualquier sospecha. Hay unos canales para hacerlo".

La adquisición de viviendas para ocultar dinero ilícito no es, ni de lejos, algo que solo suceda en Madrid. Grandes capitales internacionales como Londres, Nueva York o París tienen el mismo problema. El periodista Bullough organizó, de hecho, los 'tours de la cleptocracia' en Londres para visitar las propiedades del ex viceprimer ministro ruso o del oligarca ucraniano Dmytro Firtash.

La pregunta es hasta qué punto son las inmobiliarias cómplices. Viloria explica que, en España, los agentes deben informar al Sepblac (el servicio estatal de inteligencia financiera) ante cualquier mínimo indicio de que sea un caso de blanqueo.

"Tenemos un protocolo que se sigue a rajatabla. Dentro de nuestras capacidades, debemos averiguar el titular real. Lo mínimo es pedir a las partes el DNI o pasaporte, incluso si se hace una visita online. A partir de ahí, prestar mucha atención: si el comprador es menor de edad, si es una sociedad, una persona que no trabaja o un jubilado, te pueden saltar las alarmas", cuenta. "Si la sociedad es extranjera lo investigamos. Y si pagan sin financiación hipotecaria también es un claro indicio en el que se busca justificación: que hayas recibido una herencia, vendido otra propiedad o que tengas fondos propios".

Si una agencia tiene sospechas de blanqueo puede paralizar la operación, pero "no es muy frecuente", concluye Viloria. "Lo normal es comunicar al Sepblac y que sean ellos los que te digan".

Si una vivienda termina en una causa de blanqueo, la agencia no tiene responsabilidad siempre que justifique que ha puesto todos sus medios para detectarlo pero no lo ha hecho.

"Tanto las agencias como los abogados son cómplices en este proceso", considera Bullough. "Es enormemente lucrativo para ellos".

Luis Carlos de León Pérez fue director de finanzas de Electricidad de Caracas, una filial de PDVSA, y Andreína Gámez, su mujer.

En enero de 2011 compraron un dúplex y tres plazas de garaje en la calle Tahona número 4. Pagaron 2,6 millones de euros. La vivienda (en la foto de arriba) está en la zona norte de Madrid, en una tranquila calle del distrito de Chamartín.

Fue intervenida en septiembre de 2021 por la Audiencia Nacional junto a otro puñado de inmuebles incluidos en la misma causa, que investiga las comisiones pagadas por la ingeniería española Duro Felguera a altos cargos chavistas.

Luis Carlos de León y Andreína Gámez compraron el dúplex de Tahona a través de una sociedad, Sansobino 1977. Esta recibió aportaciones de cuentas radicadas en Andorra, una de las cuales estaba, a su vez, controlada por una sociedad panameña.

La causa investiga a otros altos cargos —como Javier Alvarado Ochoa (viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, que colaboró con la Justicia española y se desligó del caso), Luis Jesús Barrios Melean (considerado testaferro) y Julia Van den Brule (exfuncionaria pública y exadiminstradora de PDVSA)— y señala a sus esposas.

"Existió una colaboración activa por parte de las esposas de los referidos, y no solo en el disfrute de los beneficios obtenidos de las comisiones cobradas de forma fraudulenta por sus maridos o parejas, sino también en el organigrama de creación de sociedades (...) cuya finalidad siempre ha estado encaminada a intentar introducir esos beneficios en el circuito económico tanto de España, como EEUU, Andorra, Portugal y Suiza", señala el informe de la UDEF.

Juan Carlos Márquez Cabrera fue secretario general de Entes Corporativos de la petrolera. En julio de 2019 apareció ahorcado en Madrid.

Márquez, que durante el chavismo movió millones de dólares de PDVSA, se había mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia española en el caso Morodo. Este caso es una de las ramificaciones del saqueo a PDVSA e implica a Raúl Morodo, el exembajador español en Venezuela.

Un informe de la UDEF repasa toda la información existente sobre él en las bases de datos de la Agencia Tributaria, si bien en este caso no se vincula ninguna de sus propiedades con indicios de blanqueo.

Entre 2010 y 2015, Cabrera compró dos pisos y dos enormes chalés en Madrid por un valor total de dos millones de euros. Los primeros, en Las Tablas (un quinto piso de 75 metros cuadrados) y en la calle Corazón de María, distrito de Chamartín. Los segundos, en ricas urbanizaciones como son El Encinar de los Reyes y Ciudalcampo.

Cartografiar el botín completo de los jerarcas venezolanos, o de cualquier otra fortuna oculta en Madrid, es extremadamente complicado. En este caso ha sido posible gracias a los informes policiales, pero ponerse a indagar sin un punto de partida es como buscar una aguja en un pajar.

"A menudo solo tenemos investigaciones llevadas a cabo por periodistas o activistas en sus lugares de origen. Pero los papeles de Panamá, los del Paraíso y los de Pandora, así como los procesos legales, también han sido muy útiles. Otra forma es el registro de la propiedad. Aunque la mayor parte de la gente pudiente esconde sus propiedades en compañías offshore, no todos lo hacen", señala Bullough.

"Aun así, no debemos engañarnos pensando que vamos a encontrar todas las propiedades", concluye. "Hay decenas de miles de propiedades escondidas tras empresas fantasma y solo conocemos un número mínimo de sus verdaderos dueños".