Sevilla declara la guerra a los 'pisos cárcel' de los ancianos: "Vivía encerrado sin un ascensor"

Subir y bajar las escaleras hasta su tercer piso se convirtió en un infierno en el momento en que a Manuel Galindo le diagnosticaron un cáncer de pulmón.

"Durante la quimio sí podía, pero desde que me pusieron el oxígeno me ponía malo solo de pensarlo", relata. "Si tenía que ir al médico, dos días antes ya estaba agobiado. Era nuestro hogar de toda la vida, pero estaba encerrado".

Manuel, policía nacional ya jubilado, vivía junto a su mujer Rosa en la parte más antigua de la barriada de Pino Montano, al norte de Sevilla. Pino Montano es, como tantos barrios situados en las periferias de las ciudades, un producto del desarrollismo español.

Construidos entre finales de los 70 y los primeros 80, los bloques —de cuatro, cinco y hasta seis o siete alturas— se levantaron para acoger a los miles de trabajadores que llegaban del campo. Y, como tantos bloques similares, muchos se hicieron sin ascensor. Ni había dinero suficiente ni era la prioridad.

Para describir situaciones como la de Galindo, hacia 2017 los movimientos por la vivienda de Sevilla popularizaron la idea de los 'pisos cárcel', de los que no se podía salir. En una barriada cercana y más antigua, la de El Carmen, los vecinos contabilizaron hasta 36 bloques, de un total de 46, sin ascensor.

Pero a la solución clásica y aplicada en más ciudades de todo el país —subvenciones a las comunidades de vecinos para instalarlo—, la capital andaluza añadió otra idea: comprar esos 'pisos cárcel' de ancianos atrapados y ofrecerles un piso adecuado de alquiler social.

Así mataban dos pájaros de un tiro.

"Cuando tú tienes un piso en propiedad, no eres elegible para una vivienda pública porque se supone que tienes el problema resuelto", explica Felipe Castro, gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVISESA), la institución que lo lleva a cabo. "¿Qué hacemos con esta fórmula? Al constatar que no tienes el problema resuelto ni de lejos y comprarte la vivienda, ya se te puede adjudicar otra. Y a nosotros nos sirve para aumentar el parque de vivienda pública".

El programa de permuta con realojo simultáneo, como se llama, nació también en 2017. Desde entonces han comprado 18 'pisos cárcel'.

"No es algo masivo, es una línea más", añade Castro. "Pero es uno de los programas más satisfactorios. Cuando la gente acude a nosotros, está ya desesperada por salir a la calle y valora el cambio. Antes las permutas eran habituales entre vecinos de un mismo bloque, pero cada vez hay menos redes sociales y se hace necesario que la administración intervenga".

Una vez un piso es suyo, EMVISESA hace las reformas necesarias, lo incorpora a su cartera de vivienda pública y se lo ofrece a otras personas que lo necesiten, pero que aún sean jóvenes y puedan subir escaleras. Los receptores suelen estar en riesgo de exclusión social y proceder de desahucios o realojos.

Manuel y Rosa son dos de los participantes del programa. Atienden a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en el salón de su nueva casa, no muy lejos de la que tenían antes, pero —ahora sí— con ascensor.

"Yo estoy como loco", dice él. "Hemos mejorado mucho nuestra calidad de vida".

214 euros de alquiler

¿Por qué querría alguien vender su piso, que tanto esfuerzo le ha costado pagar, a cambio de un alquiler?

La historia de este matrimonio explica bien la problemática de los 'pisos cárcel'.

"Planteé poner un ascensor, pero los vecinos no querían. Nadie estaba dispuesto a desembolsar. La gente piensa que no le va a tocar nunca", explica Rosa. "También pensé en poner una silla giratoria para subir las escaleras, pero era mucho dinero para pagarlo nosotros solos".

Eso por un lado. Por otro, está el dinero que el mercado ofrecía por esa vivienda.

"Nuestra primera idea fue vender y comprar otra. Fuimos a empresas como Tecnocasa, pero nos daban poco dinero: unos 70.000 euros, de los cuales una parte iba para terminar de pagar la hipoteca. Con lo que quedaba no podíamos acceder a otra vivienda de las mismas características. Ahí fue cuando vimos lo de la permuta", continúa.

EMVISESA pagó por el piso —de cuatro habitaciones y dos baños— el precio de la tasación, cerca de 100.000 euros. Con ellos terminaron de pagar al banco y repartieron "un regalo", una herencia anticipada, a cada hijo.

Por la vivienda actual, de dos habitaciones, con balcón y luz natural en todas las habitaciones, pagan 214 euros al mes. Sus ingresos se reducen a la pensión de Manuel, aunque aspiran a recibir una ayuda de dependencia. Los contratos de alquiler social son a siete años y se renuevan automáticamente mientras las condiciones del inquilino (ingresos y renta) se mantengan.

"La mayoría de quienes vienen son personas mayores que ya no pueden endeudarse. Sus viviendas no valen mucho, una media de 45.000 euros", dice el gerente de EMVISESA. "Solo podrían comprarse algo en el mismo barrio y ahí, salvo que consigan un bajo, los pisos son iguales que el que tienen. Además suelen tener pensiones bajas y se enfrentan a un serio problema para envejecer de manera digna: primero porque no pueden salir y segundo porque no tienen dinero para pagar los cuidados necesarios".

Aunque menos habitual, otro perfil es el de familias con hijos con problemas de movilidad. "Padres que han bajado a los niños en brazos mientras han podido, pero que cuando crecen ya no pueden con ellos", añade.

El caso de José Gordillo y Sacramento, su esposa, es el de otro matrimonio mayor.

"Yo es que soy muy pesado", reconoce, mientras ella ríe y asiente ("lo ha dicho él, no yo"). "Hay que conseguir las cosas así. Yo quería irme de allí. Era un segundo, un piso más bien obsoleto. Íbamos al supermercado y le decía a mi mujer: cuidao, que tenemos que subir las escaleras. Allí hay gente mayor que vive encerrada porque no se puede poner ascensor. Hicimos esta permuta y vivimos en el cielo".

Aunque hubieran preferido no "perder la propiedad por el camino" y comprar otra casa, la realidad es que su piso, en el barrio de La Candelaria, uno de los más pobres de España, se tasó en 22.000 euros.

"Aquel barrio no lo quiere nadie", afirma José. "Se ha ido degradando y hay puntos de venta de droga. Tengo 82 años y creo que me merezco un poco de tranquilidad. No pido un palacio ni nada del otro mundo, solo vivir en paz".

Por su nuevo piso, un bajo en una promoción propia de EMVISESA con un enorme y luminoso patio interior lleno de plantas, José y Sacramento pagan 310 euros al mes. Está en la parte humilde de la Avenida de Andalucía.

"Es una maravilla, no se siente ni llover. Pero quiero que me rebajen un poquito el alquiler", remata. Viven con una única pensión, la de él, de 851 euros.

Aumentar el parque pasito a pasito

La idea de comprar 'pisos cárcel' surgió en EMVISESA al constatar varios problemas. El primero y más evidente, la enorme cantidad de viviendas no accesibles de la ciudad.

"Hicimos un diagnóstico y el 55% del parque residencial no es accesible, bien porque no tiene ascensor o bien porque el primer tramo tiene escaleras. En Sevilla hay 62.000 viviendas en edificios de más de cuatro plantas sin ascensor", dice Castro. "Y hay una parte de la población a la que no llegan las subvenciones para ascensores: o porque no se enteran, o porque no saben tramitarla o porque ni siquiera pueden aportar el 20% restante".

Por otro lado, el equipo de la empresa pública tenía el objetivo de aumentar su parque. En estos momentos cuentan con 2.800 viviendas, 500 más de las que había cuando llegaron en 2015 (con el actual alcalde, el socialista Juan Espadas).

"La vivienda era un problema muy grave en aquel momento", admite el gerente. "Veníamos de una crisis, la gente estaba siendo desahuciada y necesitábamos urgentemente viviendas".

España está a la cola de Europa en vivienda pública: no hay ni una por cada cien habitantes cuando la media europea es de cuatro. Apenas el 1,1% del parque es de alquiler social, frente al 34% de Holanda o el 24% de Austria.

Dado que tener vivienda pública y alquileres sociales es una buena fórmula para compensar los precios del mercado privado, que en España solo se regulan en Catalunya, varias ciudades y comunidades están buscando cómo aumentar su parque. Estas viviendas sirven, además, para atender casos de emergencia habitacional.

Construir es una posibilidad, pero lleva su tiempo. Por eso Barcelona ha comprado 900 pisos ya terminados en seis años. También Valencia y Madrid se han lanzado a comprar viviendas de particulares.

En Sevilla, además del programa de permuta con realojo han puesto en marcha distintos programas. Otra idea innovadora fue la permuta de solares: cambiaron un suelo público con espacio para 68 viviendas por un lote de 63 viviendas terminadas, otro solar con espacio para 135 viviendas, tres locales comerciales y 3,5 millones de euros.

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Las ciudades españolas van pasito a pasito en este asunto. Los 18 'pisos cárcel' de Sevilla suenan a poco al lado de las 8.000 viviendas públicas que cada año promueve Viena, el espejo en el que todos se miran, una ciudad en la que una gran parte del parque es público o pertenece a asociaciones de beneficio limitado. Pero todo suma.

"Allí llevan cien años creando vivienda pública de forma sostenible. Tienen esas viviendas y cobran un alquiler por ellas. Utilizan la economía de mercado para que la rueda gire y se alimente", concluye Castro. "Si consideras la vivienda como la sanidad jamás podrás mejorarla, porque siempre dependerás de los impuestos. El sistema tiene que funcionar más como el transporte público. Y en vez de tener un parque público subvencionado en el que viva gente, alguna que pueda pagarlo y otra que no, debemos tener un parque que se sostenga con el pago de alquileres y subvencionar a las personas que no puedan pagarlo, pero no al ladrillo".