Toledo registra casi el 40% de las solicitudes de regularización de migrantes en Castilla-La Mancha

Superando las 16.000 solicitudes que se estimaban en Castilla-La Mancha antes de conocer los datos, la provincia de Toledo se sitúa a la cabeza de la región en cuanto a la regularización de migrantes se refiere con 20.896 solicitudes.

El proceso puesto en marcha por el Gobierno de España, cuyo plazo se cerró el pasado 30 de junio, ha finalizado en la región con 52.041 solicitudes, y el 40 % de las mismas se han registrado en Toledo, una cifra muy por encima de las 9.795 solicitudes de la provincia de Ciudad Real o las 9.191 inscripciones en Albacete. A esta le sigue la provincia de Guadalajara, en la que 6.817 personas han solicitado su regularización y la de Cuenca, que es la provincia en la que menos demandas se han registrado, con 5.342.

Entidades como Cáritas Toledo experimentaron un gran número de solicitudes de información tras la revelación de la noticia. La organización siempre ha sido partidaria de impulsar esta iniciativa, así como entidades como Cruz Roja o Accem, que también han ofrecido asesoramiento a las personas migrantes a través de todo el proceso.

Las dudas, sobre todo en lo que tenía que ver con la documentación solicitada, se fueron aclarando una vez se publicó el Real Decreto, pero el camino no ha sido fácil para muchas de las personas interesadas.

Un trámite dificultoso a nivel nacional

Tras la apertura del plazo de solicitudes en abril, especialmente durante las primeras semanas, se experimentaron diversas dificultades. A pesar de que en la ciudad de Toledo no se produjeron las extensas colas que se vivieron en otras ciudades de España a las puertas de las administraciones competentes, el desafío de conseguir citas previas para informarse y el certificado de vulnerabilidad, necesario en muchos de los casos, fueron los principales obstáculos que visionaron los solicitantes.

Desde Comisiones Obreras denunciaron que ayuntamientos como el de Toledo solo emitían este tipo de certificados a personas que tenían un expediente social abierto de forma previa en el Ayuntamiento, algo que hacía más lento el proceso. Según el sindicato, esta manera de proceder respondía a una «orden» emitida desde la Consejería de Bienestar Social a los servicios sociales de los ayuntamientos, pero fuentes de la consejería consultadas por La Tribuna negaron este hecho, asegurando que lo que se envió fue un documento del Ministerio de Inclusión para guiar a las entidades locales. La intención era evitar saturar a los ayuntamientos, que ya contaban con una importante carga de expedientes abiertos antes del proceso.

Otra de las barreras que los solicitantes de regularización sufrieron fue la dificultad para conseguir cita previa solo para informarse del proceso en la Oficina de Extranjería de Toledo. Tanto la Dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social como las dos oficinas de Correos han sido las ubicaciones disponibles para registrar peticiones.