Toledo pone en marcha la Ordenanza de Zanja Única para coordinar obras y reducir molestias en la vía pública

Las obras en las calles de Toledo dejarán de ejecutarse de forma aislada. El ayuntamiento ha aprobado y puesto ya en vigor la nueva Ordenanza de Zanja Única, una normativa que reorganiza la manera en que se realizan intervenciones en la vía pública para coordinar servicios, evitar aperturas repetidas y minimizar el impacto en vecinos y comercios. La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, presentó este miércoles la medida, que según explicó "busca agilizar las obras, reducir molestias y proteger el patrimonio urbano".

El eje central de la ordenanza es la ejecución simultánea de servicios. Tal y como señaló Molina, "cuando se abra una vía pública, se coordinarán todas las intervenciones en ese punto para evitar aperturas sucesivas, reduciendo así el impacto sobre el vecino, el tráfico y la actividad comercial". Con este sistema, el Consistorio pretende evitar que una misma calle sea abierta en varias ocasiones por distintas compañías para acometer canalizaciones, acometidas o instalaciones de servicios.

La ordenanza amplia la oferta de empresas homologadas a realizar las intervenciones

La normativa regula actuaciones como la apertura de zanjas, canalizaciones, acometidas de suministros, instalación de fibra o telefonía, creación de rampas de accesibilidad y trabajos municipales urgentes ante averías. Hasta ahora, estos trabajos se realizaban mediante un único contrato con una sola empresa. Con el nuevo modelo, el procedimiento se abre a varias empresas homologadas, lo que permitirá a los ciudadanos elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto, favoreciendo “la competencia y la eficiencia”, según indicó la concejal.

Para poder operar bajo esta ordenanza, las empresas deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y profesionales: contar con personal cualificado, disponer de maquinaria adecuada, acreditar un volumen anual mínimo de trabajo de 200.000 euros y presentar una garantía inicial de 20.000 euros. La homologación tendrá una vigencia de dos años, renovable si se mantienen las condiciones exigidas.

Todas las actuaciones estarán sujetas al pago de la correspondiente licencia municipal, “que será el único importe que deberán al Ayuntamiento, ya que el coste de la ejecución será pactado directamente entre el solicitante y la empresa elegida”.

Además, la ordenanza también contempla un régimen sancionador en caso de incumplimientos, con multas -que podrán ser de hasta 1.000 euros una leve, un 10% del coste total si es grave- e incluso si es algo más serio, sería el propio ayuntamiento quien haría la ejecución subsidiaria con cargo a la empresa responsable.