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ESTUDIOS

Un 30 % de los castellanomanchegos no van a ver a sus familiares por no tener ascensor en el edificio

Más de la mitad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha cambia sus rutinas para esquivar barreras arquitectónicas, según un informe

El informe ofrece una radiografía completa del impacto que las barreras arquitectónicas tienen en la vida cotidiana, la economía y la cohesión social

El informe ofrece una radiografía completa del impacto que las barreras arquitectónicas tienen en la vida cotidiana, la economía y la cohesión social / Freepik

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

La accesibilidad es clave para todos porque, cuando no está asegurada, la movilidad y por lo tanto la vida cotidiana se ve afectada para muchos. Así lo refleja el informe 'Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España', elaborado por TK Elevator. Según el estudio, el 56,4 % de los castellanomanchegos reconoce haber modificado alguna de sus rutas habituales para evitar zonas con dificultades de acceso.

Además, más de uno de cada cuatro (28,7 %) admite que ha dejado de visitar a familiares o amigos porque sus edificios carecen de ascensor o presentan barreras arquitectónicas y el 40,6 % evita realizar sus compras en establecimientos con estas mismas limitaciones.

Estos datos evidencian que la accesibilidad condiciona la forma en que las personas se relacionan con su entorno. Es un factor tan determinante que el 36,6 % de los encuestados afirma haber elegido su lugar de residencia o trabajo en función de la disponibilidad de sistemas que garanticen la accesibilidad. Incluso la mitad de la población (49,5 %) considera este aspecto al seleccionar un destino de viaje.

Tradicionalmente, la accesibilidad se ha percibido como un desafío que afecta únicamente a ciertos colectivos, como las personas mayores o con movilidad reducida. Sin embargo, el informe revela que también un alto porcentaje de adultos jóvenes identifica los espacios poco accesibles como un obstáculo.

A nivel nacional, el 35,6 % de personas entre 18 y 34 años detecta barreras de movilidad en los edificios que frecuenta, al igual que el 38 % de quienes tienen entre 35 y 49 años. En Castilla-La Mancha, los datos son ligeramente inferiores: el 30,4 % de los jóvenes adultos de entre 18 y 49 años comparte esta percepción. Cumplir con este criterio se convierte, por tanto, en una demanda creciente entre quienes se encuentran en su etapa vital más activa, cuyas rutinas —empujar un carrito, subir una bicicleta o transportar una maleta— también requieren entornos adaptados a su ritmo de vida.

Un elemento clave de la competitividad territorial, y que genera consenso entre los vecinos

La accesibilidad no solo garantiza la inclusión: también genera valor. Según el estudio, uno de cada tres encuestados percibe que contar con sistemas de movilidad incrementa el valor económico de su entorno. El efecto es aún más notable entre quienes han reformado su edificio para hacerlo más accesible: el 78,6 % considera que estas mejoras han elevado tanto el valor de su propiedad como el del barrio. Supone casi 17 puntos porcentuales más que la media nacional, que se sitúa en el 62 %

Sin embargo, su impacto va más allá de lo económico. Entre quienes han impulsado mejoras de accesibilidad, el 71,4 % afirma haber ganado autonomía (25 puntos más que la media nacional) y el 57,1 % destaca una mejor convivencia vecinal (17 puntos más que la media nacional). La accesibilidad, por tanto, no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión que multiplica bienestar, cohesión y valor urbano.

El mapa revela que, a nivel autonómico, las tasas más altas de implementación de mejoras de accesibilidad en comunidades de vecinos se registran en País Vasco (28,7 %), Madrid (28,4 %), Castilla y León (25 %) y Cataluña (24,2 %). En Castilla-La Mancha, únicamente un 13,9 % ha implementado mejoras en los últimos 5 años.

El informe deja claro un consenso social contundente: el 87,1 % de la ciudadanía castellanomanchega considera que la accesibilidad debe garantizarse en todos los edificios, tanto públicos como privados. Sin embargo, esta percepción contrasta con una importante brecha informativa: solo el 8,9 % de la población castellanomanchega sabe que existen ayudas públicas para subvencionar este tipo de actuaciones y, entre quienes las han llevado a cabo, únicamente un 4 % afirma haber accedido a esos fondos, situándose más de cinco puntos porcentuales por debajo de la media nacional (9,4 %).

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