CASO SIN RESOLVER

El crimen del auditor de Zaragoza: un casino en bancarrota y un sicario en la calle

López Aldea, de 42 años, fue asesinado en la ciudad aragonesa tras poner en entredicho las cuentas del casino Montesblancos

López Aldea en la imagen junto al Casino Montesblancos que presenta una degradada imagen tras su abandono.

López Aldea en la imagen junto al Casino Montesblancos que presenta una degradada imagen tras su abandono. / JAIME GALINDO / ALFREDO LOSADA

5
Se lee en minutos
Luis M. Gabás

Javier López Aldea, de 42 años, fue asesinado de una certera cuchillada en el corazón y otra en el hígado cuando salía del ascensor de su casa de Zaragoza para ir en coche. Corría el año 1997. En una de sus manos llevaba un lujoso maletín de piel y en la otra un reloj de oro macizo que no interesaban al autor de este crimen, era más importante la vida de López Aldea.

Días antes, este auditor judicial había denunciado un pelotazo por parte del dueño del extinto casino Montesblancos gracias a una supuesta quiebra fraudulenta. Dos personas llegaron a ser detenidas, entre ellas el propietario, pero no había pruebas suficientes contra ellas y el caso quedó sin resolver junto a la sospecha de que detrás de esta muerte violenta había incluso una trama en la que "iba a caer hasta la Diputación General de Aragón", según le confesó a su mujer antes de enviudar.

Estaba casado y era padre de dos niñas pequeñas. Era propietario junto a otro socio de True & Fair, una empresa auditora de cuentas, siendo designado un año antes del asesinato como interventor del casino. Una decisión que tomó la jueza de primera instancia después de que el Casino Montesblancos, un próspero negocio al calor del juego que vivió todo su esplendor en los años 80 en un complejo levantado junto a la A-2 en Alfajarín en el que había hotel, sala de fiestas, piscina y hasta un campo de tiro que ahora son ruinas, se declarara en quiebra técnica por falta de liquidez.

Donde había entrado dinero a espuertas ahora no había ni para pagar a Hacienda, ni a la Seguridad Social ni al Gobierno de Aragón, que cobraba un impuesto por el juego. Sin embargo, la víctima del crimen consideró que eso no era así, que se había producido un fraude y redactó un informe que no dudó en asegurar que esa quiebra era "fraudulenta".

Tal era su seguridad que lo denunció ante un juzgado de Monzón, llegando a asegurar, según reconoció la jueza que llevaba el concurso de acreedores, que este le dijo: "Cualquier día me darán de puñaladas", si bien no le concretó de dónde venían estas amenazas. Los hechos le dieron la razón. De hecho, la hipótesis de un ajuste de cuentas fue la principal que barajó el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y en la que trabajó desde un primer momento, aunque sin éxito.

El asesinato se cometió el 21 de noviembre de 1997. Era viernes. López Aldea había desayunado en un bar junto a su vivienda en el número 1 de la calle Pintor Antonio Saura, en el zaragozano barrio del Actur. No sabía que quien minutos más tarde le iba a apuñalar le estaba vigilando y siguiendo sus pasos. Incluso el sospechoso se llegó a dar de bruces con la víctima antes de consumar su encargo. Así lo grabaron cuatro cámaras de seguridad que fueron analizadas en su día por los investigadores, pero que no sirvieron para identificarle.

La víctima fue vigilada y atacada cuando salía de un ascensor para ir a coger su coche

Quien le dio muerte a López Aldea le esperó en el párking a que bajara con el ascensor. Le asestó dos puñaladas y arrastró el cadáver hasta dos turismos. Allí fue hallado por unos vecinos que no dudaron en llamar a la Policía Nacional que levantó el cadáver ayudado por la Hermandad de la Sangre de Cristo.

No fue hasta dos semanas después cuando se produjo la primera detención. Era el presidente y máximo accionista de la sociedad Casino de Zaragoza S.A., Alfonso Fuentes, con quien la víctima había discutido en varias ocasiones e incluso le había negado pagar los millonarios ingresos extras que recibía procedentes del 1% del importe de las fichas de juego vendidas mensualmente. Este había llegado a enviar un comunicado vía fax a los medios de comunicación en el que reconocía fricciones entre ambos, pero que lamentaba la muerte. Desde el primer momento estuvo en el foco de la sospecha.

La detención del empresario se produjo a principios de diciembre. Fue citado por los investigadores sin saber que iba a acabar en los calabozos. Acudió, inicialmente, para "hacer unas diligencias" con su abogado defensor, el fallecido José Antonio Ruiz-Galbe. De ahí pasó ante el juez instructor Luis Badía que decidió enviarle a prisión.

No estuvo mucho tiempo. Primero pensó en ponerle una fianza de 100 millones de las antiguas pesetas, si bien redujo dicha cantidad a la mitad como supuesto autor de un delito de homicidio; a instancias del fiscal.

El interrogatorio duró más de dos horas, llegando a preguntar el juez "si había ordenado o alquilado a alguien para que cometiera el crimen", si bien la respuesta fue un tajante "no". Sí explicó: "Sólo le amenacé una vez con presentarle una querella, cosa que hice". Y es que este empresario consideraba que López Aldea había urdido un plan para beneficiarse él del pelotazo que era la quiebra del Casino Montesblancos.

Un exguardia civil llegó a ser detenido como sicario y el dueño del casino

El encarcelamiento del empresario tuvo varias curiosidades. La primera que Fuentes solo hizo una noche en la cárcel de Torrero, pues pagó solo 2 millones de los 50 de fianza que se le impuso para obtener la libertad. A ello se añadió que el jefe superior de la Policía en Aragón, Agustín Ariznavarreta, se puso al frente del Grupo de Homicidios y declaró: "No hay pruebas concluyentes para incriminar a Fuentes, pero insisten indicios de que podría estar relacionado con ello". A la salida de la prisión, Fuentes espetó: "He dormido muy tranquilo porque tengo la conciencia muy tranquila, y sin pasar frío".

Noticias relacionadas

Una semana después su imputación fue archivada. Fue en el año 2000, tres días antes del archivo provisional de la investigación, era imputado el supuesto sicario, Luis Martínez de Baños, ex guardia civil y guardaespaldas de los propietarios de la empresa Walthon. Fue señalado de forma difusa por testigos y por las imágenes de videovigilancia que se sometieron a aun análisis concienzudo por parte del Ejército y de la Universidad de Zaragoza, pero el resultado fue el que pidió de forma reiterada su abogado, Enrique Trebolle. Este letrado insistió en que la investigación policial no estuvo bien hecha. En mayo del 2001 la instrucción fue archivada de forma indefinida por la Audiencia Provincial de Zaragoza porque no había pruebas contra los que fueron sospechosos.

Si la muerte de López Aldea pretendía que el concurso de acreedores continuara su camino fue todo lo contrario. Ahora el suelo y el edificio está en manos del Gobierno de Aragón, mostrando una gran degradación 26 años después. Faltan muebles, el oropel que lo revestía fue saqueado y alguna paredes han caído por el paso del tiempo. Una ruina como la que los asesinos generaron a una familia que nunca se explicó el secretismo de esta causa. Por cierto, a Martínez de Baños le arrestaron en dos ocasiones en 2003 con varios kilos de cocaína y hachís encima.