Los acusados por el robo de Atrio declararán el jueves en el juzgado de Cáceres

Los acusados por el robo de Atrio declararán el jueves en el juzgado de Cáceres. Así lo confirman a este diario fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El interrogatorio será a puerta cerrada y en el juzgado que está de guardia, el número 2, ya que la magistrada que instruye la causa en el Juzgado de Instrucción número 4 se encuentra de vacaciones.

La previsión es que para que comparezcan escoltados por un gran dispositivo de seguridad. De momento, a preguntas de este diario, la Policía Nacional no concreta datos ni sobre la fecha ni sobre la hora de llegada de los detenidos y asegura que se informará a través de los cauces oficiales de la oficina de prensa de Madrid. 

Sí se conoce que en este momento, los dos imputados, Constantin Gabriel Dumitru, de 48 años, de origen rumano y con doble pasaporte holandés, y Priscila Lara Guevara, de México y 28 años, viajan a España desde Gruda, en Croacia, donde fueron detenidos el pasado 19 de julio cuando pretendían cruzar a Montenegro. El plazo legal para que fueran trasladados de un país a otro según la ley que regula la detención en el marco de la Unión Europea es de diez días. Se cumplen ya catorce días desde que fueran interceptados después de seis meses de seguimiento por parte de las autoridades policiales europeas. 

La previsión es que lleguen en un vuelo a Madrid de forma inminente y desde allí sean trasladados hasta el palacio de justicia cacereño. Está previsto que accedan a la sala de declaraciones desde los calabozos. Tras el interrogatorio, la jueza decidirá si acepta la petición de la fiscalía de prisión provisional bajo el argumento de gran riesgo de fuga. En el caso de que dicte un auto favorable a la petición del Ministerio Público, queda por determinar también si cumplirán el auto en Cáceres hasta que se celebre el juicio.

Por el momento, se desconoce la petición de pena para los dos acusados, pero tal y como recoge el Código Penal, estarán acusados al menos de un delito de robo con fuerza en las cosas y otro de falsedad documental. El primero recoge penas de entre dos y seis años de cárcel al tratarse de un lugar habitado --un hotel-- y al haber usado una tarjeta magnética de seguridad propiedad del establecimiento para entrar en la bodega. El segundo contempla penas de seis meses a tres años. 

También queda por dilucidar la cuantía de la indemnización que deberán asumir teniendo en cuenta que las botellas que presuntamente robaron tienen un valor en el mercado que asciende a más de un millón de euros y que no han aparecido. 

Este es, precisamente, uno de los interrogantes por los que serán preguntados los dos acusados. Ya en su momento se especuló sobre la posibilidad de que este hubiera sido un robo por encargo o pactado previamente con un comprador o incluso en el mercado negro. De nuevo, la pasada semana, tras la detención de los acusados, la Policía Nacional en su rueda de prensa, aunque no concretaron más detalles sobre el asunto, avanzaron que la hipótesis es que parte de las botellas hayan sido vendidas.

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