Tribunales

El jurado considera a Pedro Gómez culpable del asesinato de La Chica Carlota

Le piden 25 años de cárcel y no la prisión permanente porque el jurado no entiende que la víctima fuese especialmente vulnerable, pese a sufrir esquizofrenia paranoide

El jurado considera a Pedro Gómez culpable del asesinato de La Chica Carlota
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Pilar Cobos

El juicio con tribunal del jurado celebrado en los últimos días en Córdoba por el crimen de La Chica Carlota ha quedado este jueves visto para sentencia tras la lectura del veredicto en la Ciudad de la Justicia. El jurado ha hallado a Pedro Gómez, el principal acusado, culpable del asesinato de Juan Carlos Rodríguez.

El magistrado presidente del tribunal, José María Morillo-Velarde, ha acordado este jueves prorrogar la prisión provisional para este procesado hasta que dicte la sentencia. Con esta decisión, reclamada por la fiscal y las acusaciones particulares, evita que mañana viernes salga de la cárcel al cumplir los cuatros años que la ley fija como periodo máximo.

En su veredicto, el jurado también ha encontrado probado que este encartado se apoderó mediante engaño de 9.680 euros; sustrajo bienes muebles de la víctima después de darle muerte, que fue provocada con este propósito; cometió un delito continuado de estafa y se apoderó de forma ilícita de 30.000 euros, mediante la falsificación de un contrato mercantil. 

Por otra parte, ha hallado culpable al abogado Joaquín Robles de estafar a la víctima, que contactó con él para denunciar unas supuestas agresiones sexuales sufridas en la infancia. El jurado considera que este abogado, ejerciente y colegiado en Madrid, no es culpable de la muerte violenta de Juan Carlos, no se lucró de los robos y tampoco fue responsable del apoderamiento de dinero mediante el uso de tarjetas de crédito. En este sentido, considera que no queda probado que hubiese un plan preconcebido por parte de Joaquín Robles con terceras personas para dar muerte a la víctima ni para cometer los otros delitos enjuiciados en este procedimiento.

Todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad de los miembros del jurado. Este considera que no cabe para ellos ni la suspensión de la pena privativa de libertad ni el indulto, en caso de que los dos procesados sean condenados en la sentencia que dicte José María Morillo-Velarde, magistrado de la sección segunda de la Audiencia provincial, quien ha presidido el tribunal.

Después de que el jurado haya informado de su veredicto, las partes han planteado al magistrado las penas que solicitan para los acusados por los delitos de los que han sido hallados culpables.

El juicio por el crimen de la Chica Carlota comenzó el pasado 13 de junio. Los dos acusados de asesinar a Juan Carlos Rodríguez Borrego en septiembre del año 2017 (el cuerpo fue encontrado enterrado en su casa en agosto del 2018) negaron los hechos en sus declaraciones en la sala. La víctima sufría esquizofrenia paranoide.

No piden la prisión permanente

Pese a su enfermedad mental y a que se considera probado que en el momento de los hechos se encontraba en un brote delirante por falta de medicación, el jurado ha considerado que la víctima no era especialmente vulnerable. Por tanto, la fiscal y las acusaciones particulares han rebajado su petición inicial de prisión permanente revisable (que se solicitó por primera vez en Córdoba para los dos procesados en esta causa) a una pena de 25 años de cárcel para Pedro Gómez.

Este encartado (que estaba en busca y captura por otras causas) ha sido considerado, además, responsable de los delitos de robo con fuerza (en este caso, es reincidente), estafa y estafa continuada. El Ministerio Público reclama que se le impongan cinco años de prisión por el robo y un total de cinco años y medio de cárcel por las dos estafas, entre otras penas. En total la petición de cárcel asciende a 35 años y medio. Asimismo, la fiscal pide tres años de prisión para Joaquín Robles por el delito de estafa.

Las dos acusaciones particulares reclaman que se impongan 25 años de cárcel a Pedro Gómez por el asesinato, otros cinco años de prisión por el robo, y otros cinco años y medio por las dos estafas, junto a otras penas como las multas. También coinciden en solicitar tres años de cárcel para el abogado acusado por un delito de estafa.

El abogado de este último ha pedido que se le impongan seis meses de prisión y una multa. De su parte, la defensa del principal acusado ha reclamado que se le condene a 15 años de cárcel por el asesinato, otros tres años y medio por el robo con violencia, y un año de prisión y una multa por las dos estafas. Este letrado ha solicitado al magistrado que no prorrogue la prisión provisional, destacando que existe medios telemáticos para controlar al encartado. También ha anunciado que recurrirá la sentencia, cuando se conozca, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Un falso cura investigador

El asesinato de Juan Carlos Rodríguez tuvo lugar en los primeros días de septiembre del año 2017. El jurado ha considerado probado que la víctima contactó a través de internet con Joaquín Robles porque pensaba que había sido objeto de abusos sexuales durante su infancia y deseaba iniciar acciones penales. El abogado, "percatándose de la enfermedad mental" de la víctima "y con intención de beneficiarse", aceptó el encargo.

Para sostener este engaño, Robles puso en contacto a la víctima con uno de sus clientes "para que representara la labor de un pretendido investigador". Por entenderlo justificado como pago de este trabajo, la víctima le hizo transferencias bancarias por valor de 9.680 euros, lo que ha llevado al jurado a considerar a este abogado culpable de una estafa.

El jurado también cree probado que Pedro Gómez se hizo pasar por sacerdote del Arzobispado de Madrid y se presentó en el domicilio de la víctima haciéndole creer que trabajaba para él en la preparación de una denuncia o querella. Además, entiende que acabó con su vida para robar objetos de su casa y enterró su cadáver en el patio del inmueble.

En enero del 2018, el principal acusado fue detenido en Madrid conduciendo el coche de la víctima y en posesión de sus tarjetas bancarias y su permiso de conducir. Días después se registró su domicilio y se hallaron diferentes pertenencias de Juan Carlos como tarjetas sanitarias, documentación bancaria, el pasaporte y dos ordenadores. Con las tarjetas bancarias accedió a unos 7.000 euros y obtuvo un préstamo de 30.000 euros.

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