Un juez investiga a cinco cargos de la Generalitat por malversación al favorecer a tres empresas

La fiscalía y los Mossos destapan una trama que beneficiaba a determinadas compañías para obtener la acreditación de entidad colaboradora de la Administración

Ciutat de la Justícia de Barcelona. / FERRAN NADEU

Ciutat de la Justícia de Barcelona. / FERRAN NADEU

Un juzgado de Barcelona está investigando a una exdirectora general y a cuatro cargos de la Generalitat por presuntamente favorecer a tres empresas para la obtención de distintas acreditaciones como entidades colaboradoras de la Administración, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, ha tomado declaración como imputados a los siete implicados en esta supuesta trama de corrupción. El caso fue denunciado por un funcionario adscrito al servicio que gestiona esas acreditaciones.

La Fiscalía Anticorrupción, tras efectuar una investigación previa con los Mossos d’Esquadra, presentó hace unos meses una denuncia contra la que fuera hasta junio del año pasado directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Mercè Rius Serra, y también contra una subordinada de este departamento, contra la responsable de la Oficina de Acreditaciones de Entidades Colaboradoras (OAEC) y los jefes del departamento de Gestión de la Contaminación del Suelo de la Agència Catalana de Residuos (ACR) y de la unidad de recuperación y mejora de acuíferos de la Agència Catalana del Aigüa (ACA), así como a los directivos de dos empresas implicadas. La acusación pública les atribuye los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Fuentes de la defensa aseguran que no hay pruebas sobre estas imputaciones y que todo nace de un "conflicto personal" del denunciante.

La fiscalía sostiene que la que era la directora general de calidad ambiental “de común y previo acuerdo” con la jefa de la OAEC, que dependía de ella, efectuaron “de forma reiterada actuaciones de manera arbitraria, injustificada y sin respetar" los requisitos legales impuestos para que determinadas empresas obtuvieran las acreditaciones para convertirse en entidades colaboradoras de la Administración, a pesar de que no estaban técnicamente capacitadas para aprobar la auditoría. Este "trato preferencial" produjo, según la acusación, un “evidente perjuicio” a las compañías que si reunían las condiciones y “el consiguiente engaño al erario público”.

Modificación de criterios

La trama, según los informes aportados al proceso judicial, presuntamente modificaba los criterios técnicos y administrativos de evaluación y establecía unos parámetros a medida para las empresas que pretendían favorecer. Así, supuestamente incumplía de forma reiterada las instrucciones legalmente fijadas, según la conclusión a la que llegaron los Mossos. 

La denuncia de la fiscalía subraya que directivos de una de las empresas beneficiarias se reunieron con la directora general de Calidad Ambiental, logrando “un evidente trato de favor” durante la tramitación del expediente y a pesar de que esta compañía no estaba técnicamente capacitada para presentarse a la auditoría correspondiente para obtener el certificado. En este caso, a la firma se le llegó a dar “sin justificación” hasta tres oportunidades para poder pasar la auditoría necesaria, sin conseguirlo en ninguna de ellas. A pesar de ese resultado negativo, los responsables de la Administración y los auditores imputados emitieron informes favorables y la empresa pudo inscribirse con entidad colaboradora en el área de medio ambiente. Ese supuesto trato de favor se realizó con otras dos sociedades.