Juicio a la asesina del Badoo y su banda: 'Dulce Ángel' asegura que ellos también fueron víctimas y que los autores están en la calle

El primero de los tres juicios contra la banda del Badoo quedó este jueves visto para sentencia. Sobre la balanza judicial de la Audiencia Provincial de Zaragoza está la solicitud de condena de 18 años de prisión para los tres supuestos miembros de la misma, Hendangelin Candy Arrieta, Mohammed Achraf y José Antonio Meléndez por el asalto, secuestro y posterior robo violento a un vecino de La Almunia de Doña Godina el 27 de julio del 2019. En su última palabra, la joven que ejercía presuntamente el papel de gancho en la aplicación de contactos, conocida como Dulce Ángel, aseguró que ellos también fueron víctimas de esta organización criminal que está en la calle. "Entraron unos sudamericanos con sus parejas, nos amenazaron de muerte, nos ataron con bridas y a mi me empastillaron", relató mientras intentó añadir que eso lo sufrieron en el mismo tiempo en el que se produjeron los asaltos que se les imputan. Fue más allá, señalando a su compañero de banquillo y pareja a su vez, Achraf, como el único que sabe quiénes son, pero que están amenazados y no lo puede decir.

No solo niega los hechos ella, sino también Mohammed Achraf, quien quiso añadir en su derecho a la última palabra que "una cosa es que la pulsera antimaltrato que llevaba puesta le geolocalizara en la zona y que otra es que sea yo quien cometió los hechos". El tercero de los procesados prefirió guardar silencio.

La Guardia Civil dio con la asesina de Badoo y su banda por una pulsera antimaltrato

Unas afirmaciones en su descargo que se produjeron después de que los abogados defensores, Carmen Sánchez Herrero, Luis Ángel Marcén e Ignacio Loyola Rada, pidieran la absolución para los tres, puesto que entienden que las pruebas inculpatorias son endebles. No obstante, la letrada de Mohamed Achraf propuso como alternativa una condena de tres años y medio por un robo violento y una multa de 120 euros.

Sánchez Herrero calificó de "desproporcionadas" las penas solicitadas por la Fiscalía y el abogado de la víctima, el penalista José Cabrejas, puesto que considera que éstas responden al "impacto mediático" y la "alarma social generadas". "Es un exceso de acusación la petición de las máximas condenas previstas para los delitos de robo con violencia, 5 años; por la detención ilegal otros 5; en la tenencia ilícita de armas una condena de 2, y 4 por la pertenencia a grupo criminal", señaló, mientras recordó que la víctima añade otros 2 años por estafa ante el uso ilegítimo de la tarjeta de crédito de la víctima. "18 años en total cuando a la semana que viene se va a juzgar la muerte de un hombre y se piden 22 años de cárcel", recalcó.

En un extenso informe, la abogada Carmen Sánchez Herrero explicó que en el caso de que el tribunal apreciara la responsabilidad de los acusados debería declararles inocentes del delito de organización criminal, que exige la participación de más de dos personas y varios delitos, rechazar el de tenencia de armas al no existir un informe que acredite la pistola Táser supuestamente empleada y absorber el de detención ilegal en el de robo con violencia.

El otro letrado, Luis Ángel Marcén, se quejó de que la Guardia Civil "no hiciera nunca una rueda de reconocimiento previa al juicio para que la víctima tuviera ocasión de identificar a Dulce Candy. “Pero aunque el tribunal entendiera que estuvo en el lugar donde atacaron a estas personas, nadie ha podido probar que ella golpeara, secuestrara o disparara contra alguien”, apostilló.

A su vez, el letrado del tercero de los acusados, Ignacio Loyola Rada, aseveró que la principal prueba incriminatoria contra su cliente, unas imágenes de un cajero que muestran a una persona con tatuajes en sus gemelos, no son suficientes para una identificación plena y fiable. "Nadie ha podido acreditar que José Antonio Meléndez estuviera en Pedrola más allá del 10 de julio de 2019, cuando el robo violento que se le acusa ocurrió el 27 de ese mes", apostilló.

Fiscalía y acusación destacan la minuciosa investigación

La representante del ministerio público enumero cada una de las pruebas incriminatorias recogidas por los investigadores contra los acusados y que les sitúan en cada uno de los puntos donde se desarrollaron los hechos. Entre otras quiso resaltar el análisis minutado de la pulsera localizadora que debía de llevar el sospechoso debido a una denuncia previa por malos tratos y que permitió verificar que los movimientos que había realizado en las horas en las que se produjo el asalto le situaban en los escenarios.

También recordó a los miembros del tribunal que los restos de un Renault Clío rojo desguazado cuyo número de bastidor correspondía al del vehículo de la primera víctima y que fueron hallados en el taller de Pedrola donde vivían los principales acusados, así como un Mercedes gris similar al que se vio en el entorno donde había quedado con la mujer.

Además, el agente que registró el taller destacó que en el interior de este último vehículo fue localizada la llave del Clío desguazado, así como documentación a nombre de la víctima y una navaja con restos biológicos de la primera víctima. Añadió que los informes de los investigadores evidencian, asimismo, que el perfil de Badoo fue creado y cerrado el mismo día en que ocurrieron los hechos, el 26 de julio de 2019 a través de la IP de la wifi del taller de Pedrola, así como que el laboratorio halló trazas genéticas de Mohammed Achraf en la empuñadura de la pistola eléctrica de 1.200 voltios con la que dispararon al joven de La Almunia.

"Hay que pensar en el terror que sintió porque pensaba que iban a acabar con su vida"

"Desde que la acusada entró en su vehículo Florin ya estaba privado de libertad. Ella le dirigió a una emboscada. Hay que pensar en el terror que sintió porque pensaba que iban a acabar con su vida, tras hacerle descargas eléctricas. Lo dejaron tirado, maniatado", resumió muy descriptivamente.

Estos argumentos fueron respaldados por la acusación particular, ejercida por el penalista José Cabrejas, quien destacó "la encomiable investigación de la Guardia Civil y de los puestos pequeños, como el de Pedrola". "El sargento fue el que dio los putos claves para que la UCO finalizase con las detenciones; fue él quien reconoce a Mohamed Ashraf y manifiesta que le conoce y que lleva una pulsera telemática que sirve para saber todos sus movimientos", apostilló, mientras recalcó: "Es complicado encontrar más pruebas en contra".

La semana que viene dos de los tres acusados volverán al banquillo. Esta vez será un juicio con jurado popular por el asesinato de José Antonio Delgado, un vecino de Getxo que fue enterrado vivo tras sufrir el mismo modus operandi que el de la víctima cuyo caso se juzgó esta semana.