¿Por qué se quejan los veterinarios? ¿Qué es el sistema PresVet? Las claves de la polémica

Los veterinarios están en pie de guerra y la multitudinaria protesta que protagonizaron hace unos días en Madrid lo demuestra. De hecho, ese fue solo el último capítulo del conflicto que mantienen abierto abierto con el Gobierno tras la aprobación de la polémica Ley del Medicamento. Este miércoles, anuncian un calendario de movilizaciones, que empezarán con una concentración veterinaria y de propietarios de animales del 26 de marzo en todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Pero, ¿qué reclaman? ¿Qué dice la norma? Y, lo que es más importante: ¿qué implica para las mascotas? ¿Hay de qué preocuparse?

La Ley del Medicamento es el nombre común del Real Decreto 666/2023 que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. El texto explica que esta actualización de la normativa busca adecuar la legislación española a las directrices comunitarias, en concreto al Reglamento 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este busca "mejorar el mercado, la fabricación, la importación y la exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de la salud púbica, la sanidad animal y el medio ambiente". Es decir, se persigue luchar "contra las resistencias antimicrobianas y la reducción de la necesidad de uso de los medicamentos antimicrobianos".

Es importante puntualizar que este reglamento no está relacionado con la Ley de bienestar animal que el Gobierno aprobó en 2023, un texto que también causó polémica. Son normas totalmente independientes.

El sistema PresVet

De acuerdo a la web del Ministerio, el PresVet es el Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos, "una herramienta eficaz en la monitorización y vigilancia de las prescripciones que se realizan de los antibióticos en las explotaciones ganaderas para poder adoptar las medias que se precisen para su control". Dicho de otra manera, es un registro digital en el que los veterinarios deben dejar constancia de todos los medicamentos antibióticos que prescriben. Su uso es obligatorio para todos los profesionales desde enero de 2025.

Los veterinarios defienden que este recurso es una mera traba burocrática que retrasa la toma de decisiones, un factor que puede resultar fatal en los casos más urgentes. Asimismo, denuncian que les resta competencias y critican que compromete la salud de los animales. Y, de paso, ponen en duda que ayude a controlar de forma más eficaz el despilfarro de antibióticos.

El problema tiene una derivada más: para que se apruebe la dispensación de un antibiótico no basta con que el veterinario dicte un diagnóstico mediante una exploración, sino que tiene que realizar de forma obligatoria una prueba de laboratorio. Por ejemplo, un cultivo.

Las multas previstas para todo aquel que infrinja la ley son elevadas. "Desproporcionadas", según los portavoces de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) y la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), las entidades que han liderado las movilizaciones. Afirman que las infracciones que antes se consideraban leves y acarreaban sanciones de entre 600 y 3.000 euros (incluso muchas veces se saldaban con un apercibimiento), ahora están catalogadas como muy graves y las penalizaciones se levan al baremo entre 60.001 y 1.200.000 euros. Y la cosa no queda ahí: dos infracciones leves en dos años se convertirán en graves, y dos graves en el mismo periodo pasarán a ser muy graves.

La solución de los veterinarios

Ante esto, estos profesionales, que son cerca de 40.000 en toda España, reclaman simplificar los procesos. Es decir, piden tener la potestad para suministrar bajo su criterio tratamientos completos. Y, además, poder dispensarlos directamente, sin necesidad de acudir a las farmacias. Es lo mismo que ocurre ya en otros países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido.

En segundo lugar, dado que cuentan con el estatus de profesionales de la salud, piden pasar a depender del Ministerio de Sanidad. Actualmente, su destino se encuentra ligado al Ministerio de Agriculta, Pesca y Alimentación (MAPA), una circunstancia que consideran que les resta valor.

Por último, aunque no es consecuencia de la Ley del medicamento, aprovechan para instar al Gobierno a reducir el IVA de los servicios veterinarios. Actualmente la tasa se eleva al 21 por ciento. Es injusto y abusivo porque la salud de las mascotas es también la salud de las personas, por tanto, no debería tributar. Ninguno de los gobiernos que ha habido desde entonces, ha tenido en cuenta la petición", afirman desde la Organización Colegial Veterinaria (OCV).

El caso de Selva

Este rifirrafe ya se ha cobrado su primera víctima, según denuncia el grupo veterinario Adrisa. El caso ocurrió el pasado 15 de febrero en Galicia y la víctima fue Selva, una perra Jack Russell de 9 años. Falleció a causa de una sepsis.

Los dueños del animal acudieron al centro después de que Selva fuese mordida por otro perro. Sus esfuerzos por salvarla fueron insuficientes y los responsables de la clínica culpan de ellos al Ministerio de Agricultura: no pudieron suministrarle antibióticos más potentes porque el cultivo obligatorio no llegó a tiempo.

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