Entre listas de espera y sacrificios personales: el reto de cuidar en casa

Sara Suárez es la cuidadora principal de sus padres. Cuando empezaron a tener problemas de salud, le tocó asumir un trabajo que el sistema de dependencia no cubre del todo.

Su familia buscó los recursos a los que tienen derecho. Tras 16 meses aguardando la resolución del grado de dependencia, se encontraron con otra lista de espera: la del servicio de atención domiciliaria, contemplada en la Ley de Dependencia. "De manera particular, tuvimos que buscar a una persona que pudiera cubrir todas las necesidades más allá de las dos horas que nos otorgaron. Ellos necesitaban cinco", explica. Como cuidadora principal, también recibe una compensación económica. "Con esa ayuda, compensamos un poco el gasto de tener a una profesional en casa de mis padres", prosigue.

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Aunque su familia ha podido hacer frente al pago de esas horas, ella ha tenido que adaptar su vida para atender a sus progenitores. "Tienes que asumir muchísimas cosas: la dependencia de tus padres, la compra, las visitas médicas... Esto, a la larga, me ha ido pasando factura. Emocionalmente te castiga mucho. En estos momentos, he tenido que solicitar una reducción de jornada en el trabajo para poder cubrir y compaginarme con la persona que está en el domicilio para que entre las dos se puedan asumir los cuidados que necesitan. Pero eso fue renunciando aparte de mi sueldo y de mis horas de trabajo", señala.

El papel de las familias

Lleva 18 años trabajando en una UCI. Cada día se encuentra con familias detrás de los pacientes que viven realidades similares, a veces por una situación que es progresiva; en otras llega de golpe. En dos días, las dinámicas familiares deben cambiar por completo, poniendo patas arriba sus vidas.

Ahora, es la presidenta de la asociación Cuidando de Ti. También es directora del centro, abierto desde hace no mucho. Allí hacen acompañamiento y dan soporte a familiares de personas dependientes. También forman a cuidadoras profesionales.

"En nuestro día a día nos encontramos familiares que vienen buscando algún tipo de recurso o una forma de cubrir las necesidades que tienen en casa. Ahora mismo no hay plazas de residencia para todo el mundo. Tampoco hay personal para cubrirla gran demanda de personas dependientes que viven en sus domicilios. Mucho del trabajo recae en las propias familias", asegura. La mayoría de las veces, en mujeres.

Pero no todas y todos conocen cómo hacerlo. Recuerda cuando su marido y sus hermanas quisieron cuidar a sus padres en casa, sin ningún tipo de conocimiento ni en Enfermería, ni en cuidados, ni en recursos. Saber asear a un padre o a una madre, lidiar con sus estados de ánimo y con su incapacidad para comunicarse, como ocurre tantas veces, no es fácil. Ni a nivel físico, ni a nivel emocional.

Contratar profesionales

Por eso, muchas de quienes se lo pueden permitir, o no tienen otra salida, optan por intentar contratar a alguna profesional por su cuenta. Aunque tampoco esto es fácil. Empresas, oenegés y asociaciones, como la de Sara, ofrecen un enlace entre cuidadores y familias, pero faltan profesionales.

Otras recurren a la contratación de cuidadores sin regularizar su situación, contribuyendo a una economía sumergida que, según Rafael Ruiz de Gauna, "es un problema notable en el sector’" Regularizar a estos trabajadores no solo dignificaría su labor, asegura, sino que también mejoraría la calidad del cuidado que reciben las personas dependientes.

"Tendríamos que hacer frente a los problemas de Extranjería que tenemos, ver cómo se regulariza a todas estas personas y cómo se les da la formación necesaria para aflorar toda esta economía sumergida y trabajar en condiciones más dignas y transparentes", añade.

El papel de los cuidadores extranjeros

Desde el año 2009, la modificación de la ley de extranjería dio una nueva alternativa para los cuidados. Lo hizo introduciendo una categoría de arraigo diseñada para personas extranjeras que desempeñan un papel crucial como cuidadores de ciudadanos españoles con discapacidad, la gran mayoría (60%, alrededor de 2,63 millones según el INE) mayores de 65 años. No requiere permanecer tres años en España en situación de irregularidad, ni contar con una oferta de trabajo, ni con el resto de requisitos que sí exige la figura del arraigo social.

Además, como explica Jorge Graupera, abogado de Legalcity y miembro de la Comisión de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), "tiene la ventaja de que se les otorga una tarjeta por cinco años, y no una".

"Simplemente hay que probar que la persona española tiene una discapacidad y que depende de la persona extranjera", prosigue. El "talón de Aquiles" de este arraigo es que, "por lo que fuere, mucha gente no tiene una resolución o certificación administrativa o laboral que demuestre que tiene una incapacidad del 33% mínimo, que es lo que marca la ley". Conseguir esto no es ni demasiado fácil ni rápido.

De hecho, en marzo de 2024, el Defensor del Pueblo alertaba de "retrasos muy acentuados" en la valoración del grado de discapacidad en su informe anual correspondiente a 2023, donde daba un toque a las comunidades para ponerse las pilas. Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en comunidades autónomas como Extremadura podía retrasarse hasta dos años.

La certificación de la discapacidad es un elemento clave. Pero, además, la persona migrante tiene que estar empadronada en el hogar de la persona cuidada, y se debe probar que efectivamente está prestando apoyo al ciudadano o ciudadana española. Para eso hay que hacer un acta notarial de manifestaciones. Si la persona dependiente no puede declarar, se puede complementar con testigos y documentación médica que justifiquen los problemas por los que no puede valerse por sí misma.

Una vez concedido ese arraigo, y durante cinco años, la persona migrante puede trabajar en España, tanto por cuenta propia como ajena. La familia se puede convertir en su empleadora. Antes no hace falta ningún contrato laboral.

Con unas y otras opciones, las familias luchan por cubrir las necesidades de sus mayores ante un sistema que les falla. Faltan plazas residenciales, escasean los profesionales y los obstáculos administrativos y legales no solo afectan a los cuidadores, sino a toda una sociedad que envejece cada vez más rápido.