MEDIO AMBIENTE

El Mar Menor, la primera laguna de Europa con derechos propios

El Senado rechaza el veto de Vox a la ILP, que logra un respaldo mayoritario de los senadores con 230 votos a favor y tres en contra

El Mar Menor, la primera laguna de Europa con derechos propios
8
Se lee en minutos
Alberto Sánchez

Hace poco más de un año vecinos y promotores de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgar personalidad jurídica al Mar Menor trataban de conseguir a contrarreloj más de medio millón de firmas para que esta pudiera tramitarse en el Congreso de los Diputados. Tras meses donde esta acción ha logrado convertirse en el mayor movimiento social entorno a la laguna, el Mar Menor por fin obtiene unos derechos propios que le reconocen como sujeto ante los ojos de las administraciones y la Justicia

Derecho a evolucionar de forma natural, derecho a la protección, a la conservación y a la restauración. Con la aprobación este miércoles en el Senado de la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, el continente europeo gana su primer ecosistema con derechos propios, que serán velados por varios comités con competencias sobre la laguna. La defensa de este ecosistema también podrá ejercerla cualquier ciudadano, y será gratuita. 

El último paso se dio hoy en la Cámara Alta, donde con el apoyo de la gran mayoría de grupo políticos representados en el Senado, a excepción de Vox, la ILP se convirtió en Ley con 230 votos a favor, tres en contra y 30 abstenciones. Tras la aprobación, la alegría estalló en la tribuna de asistentes del Senado, donde Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y artífice de esta iniciativa, comenzó a abrazarse a quienes la acompañaban desde los colectivos en defensa de la laguna, también al delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez y los alcaldes de Los Alcázares y Murcia, Mario Pérez y José Antonio Serrano.

Los senadores también rechazaron la propuesta de veto de Vox a la iniciativa popular y la enmienda del Partido Popular que reclamaba la inclusión de la Universidad Politécnica de Cartagena en el comité científico que se creará para velar por la laguna. En las calles cercanas del hemiciclo, decenas de vecinos llegados a Madrid para seguir el debate y la votación estallaban de júbilo tras tanto tiempo persiguiendo el reconocimiento de la personalidad jurídica de la laguna.

Las interveciones en el Senado se centraron en cruzar reproches políticos entre unos y otros, recuerdos de la infancia en la laguna para algunos senadores o cuestionar el encaje jurídico que tendrá la nueva norma sobre la laguna. El debate se iniciaba con la propuesta de veto de Vox a la nueva Ley, que en palabras del senador José Manuel Marín Gascón es "un disparate jurídico" que responde a "una apuesta ideológica y radical", con el fin de "dejar atrás nuestra sociedad, centrada en el ser humano", y "llevarnos a una sociedad ecocéntrica y basada en la Agenda 2030".

Para Marín, el deterioro de la laguna es consecuencia de la "falta de aplicación y el cumplimiento" de la normativa vigente sobre este entorno natural por parte de "las distintas administraciones implicadas", y no responde a la ausencia de leyes e instrumentos jurídicos creados para su protección. "Esta proposición propone algo de implicaciones severas como es el sometimiento del principio fundamentales al derecho de la ecología", ha dicho el senador de Vox, para quien la representación y gobernanza a las que alude la iniciativa ciudadana es, en realidad, "un auténtico comisariado político".

Asimismo, ha indicado que su aprobación supondría la creación de "un chiringuito antidemocrático y totalitario" y "dominado por la extrema izquierda", que funcionará "al margen de las leyes" y conllevará "más despilfarro y más legislación", en lugar de "gestionar bien con los instrumentos existentes y sin aumentar el gasto público". Vox ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ILP.

En el turno de réplica, el senador del PSOE Fernando Lastra ha lamentado que Vox considere "ideológicas" todas las opiniones que no comparte, como el cambio climático. Frente a ello, ha defendido que "sí se pueden unir los derechos humanos con los derechos de los seres vivos".

"El ser humano no es el centro de la naturaleza ni superior a la biodiversidad en la que se integra", según Lastra, quien ha vinculado esta "expansión de derechos" con la lucha que, en su día, libraron los esclavos o por la igualdad entre hombres y mujeres. A su juicio, la situación del Mar Menor "es la constatación de un fracaso de quien, en virtud de la autonomía, tiene la responsabilidad en medio ambiente, agricultura y ordenación del territorio".

Miguel Sánchez, de Ciudadanos, ha dicho que la ILP es "una prueba del fracaso de la política regional y la nacional", que "ha obligado a la sociedad civil a movilizarse para encontrar una solución al problema que hemos creado los políticos". "Mientras la laguna agoniza lentamente, la política, lejos de actuar, se sacudía las culpas y se arrojaba el 'tú más' al contrario", ha lamentado.

Sánchez ha indicado que el deterioro del Mar Menor "no es una casualidad", sino que ha tenido lugar de forma dilatada en el tiempo "mientras los responsables políticos, sobre todo regionales, miraban para otro lado". Ahora toca, ha manifestado, "ponerse del lado" de la laguna, de la sociedad civil y del patrimonio natural con un "sí claro" a la proposición ciudadana.

El portavoz de Izquierda Confederal, Vicenç Vidal, ha renunciado a responder a cualquiera de los argumentos de Vox. "Si ya no podemos convencerles con la ciencia o el cambio climático, les pido que retiren el veto alegando la Encíclica del Papa o el artículo 45 de la Constitución Española, entendiendo que sí son un referente válido para ellos", ha ratificado.

Por parte del PP, el senador Juan María Vázquez ha recordado que el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, y los 'populares' ya han expresado su "respeto indubitado" a la voluntad popular de los firmantes de la ILP. Ha señalado que los ciudadanos exigen que se "acompase" la sostenibilidad medioambiental con la económica y la social.

"El veto solo conseguiría cercenar el debate de un texto legislativo", según Vázquez, quien sí que ha coincidido con Vox en defender "una agricultura del siglo XXI, injustamente señalada como responsable del estado del Mar Menor". De hecho, ha señalado que este sector "puede ser parte de la solución en su interacción con un acuífero actualmente rebosante". "Unos agricultores que, en su gran mayoría, ya han acreditado ante la CHS que su actividad no contamina", ha ratificado.

Vázquez también ha intervenido en defensa de la enmienda presentada por su grupo que propone incluir a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) entre los candidatos a formar parte del Comité Científico. "Es paradójico que esta universidad, ubicada en un municipio al que pertenece la mayor parte del Mar Menor y que lleva décadas desarrollando investigaciones, no esté en el grupo de Universidades que si pueden proponer candidatos", ha subrayado.

Asimismo, Vázquez ha criticado el veto presentado por Vox, al tiempo que ha pedido "respeto para esta iniciativa popular firmada por más de 640.000 personas y que pone voz a miles de ciudadanos para la salvaguardia, protección y gestión de la laguna".

En su réplica, Lastra ha señalado que el texto que se somete a votación dice que pertenecerán al comité las universidades de Alicante y Murcia, lo que "engloba a la UPCT".

La senadora del Grupo Parlamentario Vasco, María Mercedes Garmendia, ha reconocido que, a pesar de tratarse de una iniciativa "novedosa", su grupo no ve "con claridad" que este estatus jurídico "sea una garantía eficaz" para que la laguna salada salga de la situación en la que está.

El senador del Grupo Parlamentario Popular Francisco Bernabé ha defendido que "es obligación de todos los partidos solucionar para siempre la situación del Mar Menor".

Bernabé ha afirmado que cuando ocurrieron los desastres medioambientales del Prestige y de Aznalcóllar hubo "una respuesta inmediata, coordinada e impulsada por el Gobierno de España" en el ejercicio de sus competencias sobre los dominios públicos marítimos. "Creo honestamente que en el Mar Menor también debe hacerse lo mismo", ha señalado.

Según ha explicado, "este verano se ha marcado un punto de inflexión muy positivo pues sus aguas han vuelto a estar más transparentes, sanas y limpias que nunca, gracias a la decisión del Gobierno de Fernando López Miras, que ha movilizado millones de euros y cientos de medios humanos y materiales para la retirada masiva de algas, evitado los tristes episodios de sopas verdes y de anoxias con peces muertos".

En este sentido, Bernabé ha resaltado que gracias a esta "iniciativa pionera", se han retirado más de 19.000 toneladas de algas, tanto en mar como en tierra.

Durante su intervención, el senador ha resaltado que el riesgo sigue existiendo porque las causas del problema siguen latentes. Así, ha puesto de relieve que "el agua dulce cargada de nitratos sigue entrando a mansalva en el Mar Menor a través de una rambla pública de titularidad estatal, como es la rambla del Albujón".

Además, ha remarcado que este agua cargada de nitratos "sigue filtrándose a raudales en el Mar Menor a través de aguas subterráneas públicas de titularidad estatal, como son las del Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena; y hay playas públicas de titularidad estatal en las que no se puede entrar porque están llenas de lodos y fangos".

Por su parte, la senadora del PSOE Lourdes Retuerto ha arremetido contra las "políticas erráticas y codiciosas" de los últimos 28 años de gobiernos del PP, con la "falta de un modelo de gestión" y ha apostado por el "cambio de paradigma" auspiciado por la ILP. Se ha preguntado "qué hubiera pasado si la ley de protección y armonización de usos del Mar Menor que puso en marcha el PSOE en 1987 no hubiera sido tumbada por el PP".

Noticias relacionadas