INMIGRACIÓN

Nacionalización de extranjeros: la cola interminable de los que no son Lorenzo Brown

Justicia acelera para desatascar expedientes, pero hay 350.000 personas esperando fuera de la vía exprés

Nacionalización de extranjeros: la cola interminable de los que no son Lorenzo Brown
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Juan José Fernández

Podría no pasar de casual cualquier parecido de Albacete con Roswell, en el estado norteamericano de Georgia, pero al ala-pivot madrileño de la selección española de Baloncesto Usman Garuba le pareció salvable toda distancia entre ambos puntos del planeta cuando, el pasado domingo, en un vídeo que se ha hecho viral, en plena euforia por el triunfo de España en el Eurobasket, clamó: “¡Lorenzo es de Albacete! ¡El español número 1!”.

Se refería al americano Lorenzo Brown, exestrella de la NBA, base del Maccabi de Tel Aviv, el fichaje más comentado del seleccionador Sergio Scariolo. Comentado no tanto por los 14 puntos y 11 asistencias con que contribuyó a la victoria ante Francia como por las polémicas circunstancias de su integración en el combinado español: no ha residido nunca en este país, ni tiene mucha idea de cómo es, pero forma parte de la exigua lista -65 personas, según fuentes del Ministerio de Justicia- a los que el Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad por la vía exprés desde 2018.

En los últimos diez años son 165, según recuento del digital Newtral. O sea, una media anual de 13 o de 16 según se mire el lustro o el decenio. Pocos casos, que el Estado considera “graciables”, pero una lista tan corta contrasta con la de 287.218 personas que esperan a las puertas del Ministerio de Justicia a que les dejen ser españoles desde hace más de un año, 350.000 en total.

Esa lista es la de la estadística de Justicia a 30 de junio de 2022. Tres días antes, el Gobierno había otorgado la nacionalidad a Lorenzo Brown, más que exprés, superrápida: el 30 de diciembre de 2021 se lesionó el base barcelonés Ricky Rubio con vistas a una larga convalecencia, y al seleccionador Scariolo le entró la premura de hallar recambio. Previa gestión del Consejo Superior de Deportes, en menos de seis meses estaba hecho.

Morirse esperando

El proceso se llama “concesión de nacionalidad por carta de naturaleza”, y es el único en el que la ley deja al Ejecutivo saltarse el ritmo de la burocracia. Un tercio de extranjeros convertidos en españoles por esta vía son deportistas –como el futbolista Ansu Fati, o el esquiador Juanito Muehlegg-, pero hay también nombres de la cultura, como Mario Vargas Llosa, el pianista James Rhodes o los cineastas Benicio del Toro y Alejandro González Iñárritu.

“Se trata de una concesión graciosa, discrecional, del Gobierno –explica el abogado experto en extranjería Antonio Segura, de cuyo despacho en Barcelona han podido salir 5.000 nuevos españoles en 30 años-. Por un lado es injusto, pero por otro tiene su lógica que un país quiera tener un famoso, un Nobel por ejemplo. Da prestigio”.

No obstante, la velocidad de estos casos contrasta con la lentitud que soportan miles de postulantes extranjeros anónimos. Segura recuerda a una clienta dominicana que se hacía mayor tras años de asistenta en España. Estaba esperando la nacionalidad, y quiso volver a ver su país y su familia entre tanto. Se fue teniendo solo la tarjeta de residencia, que no había renovado. “Enfermó, se puso grave y no pudo volver para tratarse en un hospital español. En pocas semanas murió”, cuenta el letrado.

Cuestión de tiempo…

En Granada, su colega y también experto en Extranjería Vicente Marín, con otras miles de nacionalizaciones resueltas en 20 años de ejercicio, tramita el expediente de un científico extranjero de alto nivel, residente en España y candidato a un trabajo en la Agencia Espacial Europea, que lleva más de un año esperando un sí.

Y también tiene en su clientela a foráneos con residencia legal en España desde hace diez años que esperan a poder opositar para policía. “En las nacionalizaciones por carta de naturaleza la decisión siempre puede ser discutible. En las comunes, quizá lo más injusto son los tiempos”, explica. El plazo que en 2015 el propio Gobierno se dio a sí mismo para contestar en un trámite de nacionalidad “es superado por la realidad: es un año, y se tarda más de lo legal. Hay muchos miles de personas cotizantes, perfectamente integradas, víctimas de procedimientos atascados”.

Aunque España “no es cicatera dando nacionalidades” –dice Segura-, el camino no es sencillo para un extranjero sin parentela española, ni nacimiento en este territorio, ni vínculo con la comunidad sefardí, ni prestigio, ni fama ni triunfos deportivos: ha de demostrar que es quien es, que lleva aquí legalmente diez años (o dos, o solo uno, para los casos más especiales), que no tiene antecedentes policiales ni judiciales en su país ni aquí, y que está integrado política, social y culturalmente.

Los papeles de los primeros detalles se tramitan en origen, y se someten aquí a apostilla y traducción, que se pagan. Hay además una tasa universal de 104 euros y cinco céntimos. Y para demostrar la integración, ha de pagar 85 euros por el primer examen, y 130 euros por un segundo. Si se llama además a un abogado –lo más recomendable- terminará gastándose en total unos 1.000 euros.

… y de memoria

Al final del camino está el examen. La jerga burocrática lo llama CCSE, o sea, prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Examina el Instituto Cervantes sobre un cuestionario de 300 preguntas cuyas respuestas están en un manual en internet. De esas 300 pueden entrar 25; y de esas 25 hay que acertar al menos 15.

Algunas son tan abiertas como la 5076: “España es innovadora en el sector de…”. Hay tres posibles respuestas: “A) la ingeniería aeroespacial B) las energías renovables C) la energía nuclear”.

Otras tienen quizá respuesta más segura, aunque sea por eliminación, como la 4008: “Isabel Coixet es una… A) cantante pop B) bailarina clásica C) directora de cine”.

Justicia acelera

Ninguno de estos pasos se ve obligado a dar el extranjero invitado por decreto a ser español. Salvo los de tener en regla su partida de nacimiento y su certificado de penales.

Un pasado delicuencial recogido en un informe de Interior es “el principal obstáculo, el que llevará a Justicia a valorar la denegación”, explica Vicente Marín. También ahora, cuando se está viendo más velocidad en la tramitación.

De agosto para acá, Justicia ha puesto en marcha entre sus funcionarios una nueva aplicación que automatiza los trámites no decisorios. En su primer mes de funcionamiento, 35.000 extranjeros que no son Lorenzo Brown han obtenido respuesta del Gobierno, un 10% de la cola de espera.

Marín y Segura lo celebran. “Van cuatro semanas que, en vez de salir cinco nacionalidades del despacho, sacamos 25”, admite el barcelonés. Pero ya ha visto otros acelerones.

En octubre de 2015 se dio el Gobierno un plazo. En 2016, cuando empezó a no cumplirse “interponíamos recursos a la Audiencia Nacional por silencio administrativo”, relata Segura. La Administración, apremiada por un pleito que iba a perder, tomaba el expediente del afectado “y, si no había impedimento, concedía; y nosotros desistíamos”.

En 2019, Justicia dotó con 1,8 millones de euros un plan de choque, con funcionarios teletrabajando incluso en día libre. “Había días en que nos salían 60 nacionalidades”, recuerda Segura. Aquel año se resolvió un cuarto de millón de peticiones, pero más seguían llegando.

En 2020 se acabó el presupuesto extraordinario; frenazo. Ahora se da un nuevo empujón, que les toca a una entidad, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y a dos mujeres: la directora general, Sofía Puente, y la subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil, María del Mar López, desde despachos en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid. La frecuentan un montón de extranjeros cada día, pero, con la gentrificación del centro castizo, últimamente son muchos más los turistas que los peticionarios de un DNI español. 

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