LEY DE CIENCIA

La nueva Ley de Ciencia divide a investigadores y universidades

Muchos científicos celebran la obligatoriedad de los contratos indefinidos mientras los centros se muestran preocupados por tener que asumir las indemnizaciones y creen que la norma será "contraproducente"

La nueva Ley de Ciencia divide a investigadores y universidades
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Alejandro J. Fuentes | @afuentes51

La investigación en España adolece desde hace años de una "fuga de cerebros" constante motivada por las condiciones a las que se enfrentan los científicos (especialmente los más jóvenes) después de años de recortes. Los "tijeretazos" presupuestarios dejaron a su paso plantillas de edad avanzada y mayor precariedad para quienes se iniciaban en la rama investigadora.

Ahora, el Gobierno central trata de paliar el maltrato que ha sufrido por parte de Administraciones de todo color político la investigación nacional con la denominada Ley de Ciencia. El texto, aprobado el pasado jueves "in extremis" tras esquivar una enmienda del PP aprobada inicialmente por el Senado, no convence a las universidades, que aseguran que su aplicación será "contraproducente".

La principal novedad que introduce la Ley de Ciencia, aquella que ha protagonizado todos los debates académicos y parlamentarios, es la obligatoriedad de que los contratos de investigación sean de tipo indefinido, indistintamente de la duración del proyecto científico para el que se realice la contratación.

"La Ley de Ciencia se ha aprobado sin calcular el coste extra que supondrá para las universidades"

Esta modificación, introducida según el Ejecutivo para actuar en consonancia con la reforma laboral, pretende servir para "blindar" la situación laboral de los investigadores, que en una gran mayoría encadenan todo tipo de contratos temporales.

Sin embargo, las universidades advierten de que se traducirá en una gran cantidad de indemnizaciones por despido que los centros públicos de investigación no están preparados par asumir. Un debate que ha dividido incluso a las propias universidades.

Los directores de más de cincuenta centros de investigación redactaron un escrito solicitando a los diputados que permitiesen una excepción en las contrataciones indefinidas en el caso de los fondos europeos competitivos. Sin embargo, la alianza SOMMa -integrada por otro medio centenar de entidades investigadoras y presidida por la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco- no respaldó la misiva enviada al Congreso.

Más carga a las universidades

Domingo Orozco, vicerrector de Investigación en la Universidad Miguel Hernández, lamenta que un tema "de profundo calado en la sociedad» no se haya consensuado previamente con las universidades del país y destaca que se ha llevado adelante "sin que exista una previsión de sobrecoste", por lo que ese esfuerzo extra tendrán que asumirlo los centros de investigación.

"La reforma es un paso adelante, con mejores condiciones es más fácil atraer talento joven a la investigación"Fernando Maestre - Director Laboratorio Cambio Global UA

Para el vicerrector de la UMH, "lo primero es destinar más recursos y más financiación" puesto que "cuanto más se invierte, más se recoge. Es importante dejar de ver la investigación como un gasto". Por ello, considera primordial aumentar la dotación presupuestaria de los proyectos futuros teniendo en cuenta los costes de las indemnizaciones puesto que "no podemos sobrecargar a los investigadores".

Sin embargo, Orozco reconoce que hace falta un cambio en el modelo actual de la rama investigadora, a la que los jóvenes acuden «prácticamente solo por vocación» ya que se producen situaciones de precariedad y baja remuneración. Una situación que los científicos de la provincia -y del conjunto del país- llevan años denunciando.

Adrián Cabezas, investigador predoctoral en Genética, asegura que se presenta un alto nivel de abandono tras la realización del doctorado puesto que existe "un muro enorme" para poder acceder a plazas a partir de ese momento. Además, incide en que aunque se consiga uno de estos puestos, generalmente son trabajos temporales de "como mucho un par de años" que ofrecen un salario bajo en comparación con la cualificación requerida.

Ese es el motivo por el que cree que "nadie quiere tener 40 años, cobrar lo mismo que cuando tenía 25 y encadenar contratos temporales sin saber cuándo se quedará en el paro". Por ello, lamenta que la situación actual "te arrastra a buscar otras opciones más satisfactorias y probablemente menos estresante". 

En cuanto a la posición de algunos centros de investigación, Cabezas afirma que "conseguir un derecho que ya tienen el resto de trabajadores nunca puede ser visto como algo negativo» y mantiene que esta condición laboral «no debe usarse como excusa argumentando que entorpece la investigación y no podemos ser nosotros los que paguemos (más todavía) la falta de financiación a la ciencia".

Sin embargo, Cabezas considera que la nueva Ley de Ciencia supone una forma de "falsear" la temporalidad del sector sin ofrecer una solución clara. Mantiene que los contratos que se firmen están condicionados por la disponibilidad presupuestaria, por lo que las relaciones laborales seguirán teniendo un fin definido desde el momento de la firma. Así, defiende que «si hay menos contrataciones no es por las indemnizaciones, es únicamente por la falta de financiación". 

"Mejora pero no soluciona"

Por su parte, el director del Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global de la UAFernando Maestre, niega la teoría de que la nueva Ley de Ciencia haga menos sostenibles los contratos de investigación, como sostienen algunos centros, y afirma que "es un paso adelante".

Como jefe de grupo considera que «la reforma introduce algo que es positivo, ya que mejora las condiciones laborales de las personas que están contratadas por proyectos temporales», pero puntualiza que las novedades introducidas por la Ley de Ciencia "no solucionan la precariedad en sí"

Maestre considera que los contratos solo serán realmente indefinidos cuando se pueda asignar al científico otro proyecto antes de la finalización de su contrato. El investigador coincide en que "las condiciones actuales no son muy atractivas" ya que "los sueldos son bajos, la estabilización es complicada y el sector ha sido sometido a una situación muy precaria", por lo que incide en la misma solución que sus colegas: es imprescindible una mayor financiación basal, porque sin ella "será complicado que las universidades puedan asumir este coste porque estaba imprevisto".

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Además, Maestre advierte: "Talento en España no nos falta, los investigadores jóvenes son muy válidos y todo lo que sea mejorar sus condiciones aumentará la capacidad de captar estos perfiles". Uno de esos perfiles es el de Ángela Ortega, investigadora que trabaja en un estudio genético desde 2019, con una duración de cuatro años. Ortega se pregunta por qué no tenían derecho a finiquito los investigadores, como en cualquier otro trabajo, pero considera que, a pesar de esta mejora, la nueva norma "pone una máscara al problema".

Ortega sostiene que la precariedad del sector hace que muchas personas con talento ni siquiera se planteen hacer carrera en la investigación o busquen mayor estabilidad en otros países que destinen mayor presupuesto al desarrollo científico. Sobre la solución definitiva a la «fuga de cerebros», la investigadora también se acoge al argumento que el sector científico lleva años pidiendo a gritos: mayor financiación.