El suicidio de Emilia saca a la luz otro caso de retraso con la eutanasia

La asociación Derecho a Morir Dignamente en Aragón (DMD) tiene claro que el caso de Emilia no debe volver a repetirse. Sin embargo, ya han detectado otro que "empieza a parecerse demasiado", según ha reconocido este miércoles el presidente del colectivo, José Luis Trasobares, tras una reunión con representantes del Departamento de Sanidad. La consejera estuvo presente solo unos minutos porque asistió al debate del estado de la comunidad. Este encuentro estaba previsto antes del suicidio de la zaragozana, de 83 años, tras los cuatro meses de espera a obtener una respuesta a su solicitud de eutanasia por parte de su médica de Atención Primaria. La administración tampoco había facilitado un segundo facultativo tras acogerse la doctora a la objeción de conciencia.

La asociación es consciente de la tramitación de cinco peticiones, por lo que consideran que "no hay un tsunami y se pueden atender a todos". De ellos –uno es el de Emilia, el único de enfermedad crónica porque el resto tienen que ver con enfermedades degenerativas o cánceres–, tres se están desarrollando "con normalidad", según Trasobares, e incluso uno "ya ha pasado la comisión de garantías y control y está pendiente de realizar la eutanasia". Y hay un cuarto que "empieza a parecerse demasiado" al de la fallecida, porque está paralizándose "en el primer nivel". También el médico que tiene que atender el caso y tramitarlo "no quiere ni coger el papel" y, como en el de la anciana de 83 años, hay que nombrar a un sustituto y es aquí donde se "corre el riesgo de atasco". Es este caso el que "lleva varios días de retraso sobre el calendario que tenía que llevar".

Por eso, desde la asociación consideran que el problema "fundamental está en la puerta de entrada de las solicitudes", puesto que "el que un médico sea objetor no les exime de su obligación de poner en marcha la solicitud" porque ya habrá otras instancias que se encargarán de que siga adelante o se paralice.

En este sentido, Trasobares insiste en que un médico de Atención Primaria tiene que "asumir su función administrativa" y "ser receptivo a los deseos y necesidades de sus pacientes. Antes que la Ley de Eutanasia "está la Ley de Autonomía del paciente", por la que este "no es un cuerpo sobre el que médico actúe".

El presidente de DMD considera que los facultativos tienen que "hablar con el paciente" mostrar una "relación de sinceridad y comprensión con ellos" y esto es algo "fundamental". Por eso, ante las palabras a este diario de la médica que atendió a la fallecida de que "tenía muchos años de vida" habría que preguntarle, dice el presidente de DMD, que "de qué vida", puesto que además de una luxación de cadera congénita, agravada con los años, en los tres últimos Emilia no salía de casa.

Trasobares cree que "hay una ley y unos derechos", por lo que no puede haber cuatro meses de espera ante la tramitación de una petición, como le sucedió a Emilia. Además, la asociación realiza su propio informe para saber si encaja con la ley y, asegura, las personas que la han solicitado hasta el momento son aquellos "que ya lo tienen interiorizado, que han sufrido mucho" y tienen claro su deseo de eutanasia. "Todo tiene su límite y cuando ya no hay solución, el paciente debe poder elegir y abreviar el tránsito", señala.

Tras la reunión celebrada este miércoles con representantes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se va a intensificar , afirma, una "línea de colaboración" para "aportar ideas para intentar desarrollar la ley y en los próximos días "hablaremos largo y tendido con la consejera". Desde DMD valoran "positivamente" la actitud de la administración» y creen que desde la cúpula de la consejería «se entienden» las peticiones y existe "compromiso" porque se cumpla la ley. También definen como rápida la respuesta, apartando de su cargo a los responsables que «no han realizado las acciones que su cargo tenían que haber realizado» en el caso de Emilia. Esta medida no ha gustado a los Sindicatos Médicos de Atención Primaria porque dicen que "la responsabilidad de la elaboración de la normativa de desarrollo corresponde al Gobierno de Aragón" y "la responsabilidad aplicada por el departamento tanto a la dirección de Atención Primaria del Sector II como al coordinador del equipo del centro de salud de Torre Ramona (donde se atendía a Emilia)) debería haberse dirigido a escalas de mando más altas" puesto que estos deben ser «meros transmisores» de la normativa.

Es ese reglamento jurídico el que tiene que avanzar, según Trasobares, así como "la mejora de la puerta de entrada", aspectos que se incluirán en las propuestas a actualizar del protocolo de actuación. También el cambio de folletos dirigidos a sanitarios para "entenderlos con el personal sanitario más reacio" para que exista un "protocolo claro" de actuación; que se incremente la formación ante un servicio "nuevo" y "complicado", porque aunque el médico objete "tiene que tramitar la petición y que siga adelante el proceso".